10 puntos sobre el laberinto político en Honduras

1 — Violencia endémica en Honduras

De una población de 9,450,711 habitantes, el Observatorio Nacional de Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras reporta que, entre enero y diciembre de 2021, el homicidio se mantiene como «la principal causa de muerte violenta con 3942 víctimas, con un incremento del 8.7%» en comparación con las cifras de 2020. El Observatorio registra 83,363 homicidios entre 2004 y 2021 en el país centroamericano, con una media mensual de 329 víctimas, es decir casi once asesinatos al día. En el 73.7% de los casos, la muerte fue causada por el uso de un arma de fuego¹. La mayoría de los hondureños viven en un terror constante. Muchos de estos asesinatos son el resultado de extorsiones de pandilleros y del crimen organizado, que afectan gravemente al sector del transporte y a las pequeñas y medianas empresas, lo que resulta en cientos de miles de hondureños afectados por estas medidas coercitivas. Como respuesta, el gobierno puso en marcha recientemente una serie de «estados de excepción» similares a los instituidos por el jefe de Estado salvadoreño Nayib Bukele, con resultados desiguales.

En cuanto a feminicidios, entre el 1 y el 15 de enero de 2022, se registraron 16², cifra que se igualó en 2023, según estimaciones del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras³. Tras este primer año de gobierno castrista, el país sigue sufriendo una profunda violencia: entre enero y octubre de 2022, se registraron 252 muertes violentas de mujeres⁴. La comunidad LGTB de Honduras es también víctima recurrente de homicidios violentos. Según estimaciones de activistas del movimiento social, aproximadamente 405 miembros fueron asesinados entre 2009 y mediados de 2022. Donny Reyes, cofundador del colectivo LGTB Arcoíris, asegura que al menos 46 personas fueron asesinadas en 2022. Algunos segmentos de este movimiento han abogado, ante el Estado, por la aplicación de una «ley de identidad de género» y por el matrimonio entre personas del mismo sexo. El 15 de septiembre de 2022 (Fiesta Nacional), por primera vez los movimientos LGTB participaron en los desfiles oficiales, en un país profundamente conservador, generando polémica entre los sectores religiosos.

2 — Un paisaje religioso en profundo cambio

En Honduras, la gran mayoría de la población se identifica como cristiana. La Iglesia católica y las iglesias evangélicas dominan el ámbito religioso hondureño y su influencia en el mundo político no es nada desdeñable. Según una reciente publicación del instituto de sondeos CID Gallup, el 44% de los hondureños pertenecen a la rama evangélica, lo que sitúa al país en el primer puesto en cuanto a crecimiento del protestantismo en América Latina. Hay al menos 17,000 iglesias evangélicas en el país. No obstante, la Iglesia católica conserva un margen de influencia significativo en la política nacional y las tensiones con las iglesias evangélicas son aparentemente menores. Los principales representantes de las organizaciones evangélicas más importantes y de la Iglesia católica hacen constantes declaraciones en los medios de comunicación sobre diversas cuestiones políticas. Sus intervenciones, públicas o privadas, como mediadores entre clanes políticos enfrentados, no están exentas de repercusiones. Junto con las Fuerzas Armadas, las iglesias cristianas han figurado entre las instituciones más legítimas en sucesivas encuestas del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos. Los sectores religiosos, y, en particular, los pastores evangélicos, tampoco están exentos de la violencia: el último intento de asesinato contra un pastor evangélico tuvo lugar el 12 de enero de este año.

El pastor evangélico Alberto Solórzano, de la Iglesia Centro Cristiano Internacional (CCI), es, quizás, el más conocido entre sus pares. Sale a la luz pública como miembro de la comisión especial de investigación del proyecto de reforma policial del anterior gobierno (2016-2022) con el cual alrededor de 5,775 policías fueron apartados de sus puestos, muchos de los cuales han manifestado en favor de su reincorporación. Desde el traspaso de poderes del Ejecutivo, el pastor Solórzano abandonó el país para solicitar asilo político en Estados Unidos alegando que había sido objeto de amenazas contra su vida. Solórzano ha sido, en diferentes momentos, titular de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT) y de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), dos de las principales organizaciones políticas de las iglesias evangélicas, que han sido consideradas en la opinión pública como aliadas históricas del Partido Nacional (PN).

En cuanto a la Iglesia católica, el célebre cardenal Óscar Andrés Rodríguez, ex-arzobispo de Tegucigalpa, se caracterizó por opinar con frecuencia sobre temas de importancia nacional durante sus homilías dominicales. Hace mención de la «refundación» propuesta por el gobierno castrista, considerando que esta no se puede hacer sin Jesús. La Conferencia Episcopal de Honduras es uno de los organismos católicos con mayor influencia política. Su portavoz, el padre Juan Ángel López, suele leer comunicados en los que expresa un mensaje político que condena el ejercicio corrupto y autoritario del poder, afirmando que las ideologías no son la manera de afrontar los problemas del país, sino con la doctrina de la Iglesia.

Durante la campaña electoral de 2021, la CEH firmó un acuerdo contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo con el candidato presidencial del PN, Nasry Asfura. La aprobación de las píldoras anticonceptivas de emergencia y el aborto son temas trascendentales para las iglesias cristianas locales. El cardenal Rodríguez también ha afirmado, en repetidas ocasiones, que estas medidas son un «atentado contra la vida». Ante el desencuentro con algunos sectores del actual gobierno, la relación entre las iglesias y el poder político está tomando un nuevo cariz, muy distinto del que se mantuvo durante doce años con el Partido Nacional (PN).

3 — Honduras: ¿una economía informal y frágil ad vitam aeternam?

Los patrones económicos del pasado siguen vigentes, pero algunas decisiones toman otro rumbo. Tras la recesión económica del 9% de 2020 con respecto a 2019, debido al COVID, la tasa de crecimiento del PIB volvería a subir, en 2021, hasta el 10.8%, según el Banco Mundial. Aún es muy pronto para conocer los resultados económicos de Honduras en 2022, pero el Banco Central de Honduras afirma que, a finales de noviembre, el crecimiento en 2022 era ya del 4.4%, lo cual no se traduce por una verdadera mejora de la población hondureña. Entre las variables más críticas, se encuentra el precio promedio de la canasta básica de alimentos. Pasó de 10,200 lempiras (380 euros) en enero de 2022, a 12,400, a finales de diciembre, lo que supone un aumento del 22% en el precio de la canasta básica, que incluye unos 150 productos básicos.

En el sector agroalimentario, el aceite de palma experimentó una subida de precios en 2022, pero también dificultades en el mercado laboral, por debajo de la capacidad demandada por el sector. El rubro del aceite de palma vio el precio mundial por tonelada alzarse de 58% al final del primer cuarto de año, lo cual generó considerables lucros para este sector en Honduras. La violencia endémica también ha provocado un prolongado proceso de migración de más de un millón de hondureños a Estados Unidos y Europa, fenómeno que ha aumentado en la última década. Según las estimaciones de los economistas del Foro Social de la Deuda Externa, las remesas que los migrantes hondureños les mandan a sus familias que han permanecido en el país ascienden a alrededor del 20% del PIB en 2022. Los datos económicos distan mucho de ser siempre creíbles o accesibles. La gestión de los proyectos agrícolas, mineros y textiles sigue excluyendo a las comunidades, y el campo hondureño aún es un lugar donde la desigualdad económica es más que evidente. La mayoría de los hondureños se las arreglan a diario en medio de una economía informal extremadamente volátil.

En cuanto a la economía formal, las empresas estatales permanecen en crisis: la empresa pública de telecomunicaciones, Hondutel, y la empresa de energía eléctrica, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), generan pérdidas millonarias. Erick Tejada, secretario de Energía, señala que la ENEE tiene 75 mil millones de lempiras de deuda (cerca de 2.8 mil millones de euros), lo que equivale a 10.5% del Producto Interno Bruto. Hondutel se encuentra en una situación similar, tampoco ha sido gestionada de manera eficiente y rentable. En el tablero político se debate la privatización de dichas empresas del Estado.

4 — Un sistema político con rasgos autoritarios, configurado por acuerdos en la cúspide

La política y las elecciones parecen ser sólo una cortina de humo para un público que no ve los acuerdos que se forjan a puerta cerrada entre fuerzas políticas que, al volverse suficientemente influyentes y ganar el reconocimiento de las familias y clanes gobernantes ya instalados en el tablero político, negocían cuotas de poder en beneficio de sus intereses sectoriales. Los actores de la élite resuelven sus diferencias mediante acuerdos secretos u opacos para mantenerse en las esferas de poder, una práctica característica del sistema político hondureño y a la orden del día. Así se resuelven las crisis políticas, fórmula con la cual concluyó el ciclo abierto con el golpe de Estado de 2009. Manuel Zelaya, presidente destituido por miembros de su propio partido, el Partido Liberal (PL), llegó a acuerdos de alto nivel (Acuerdos de Cartagena) con el presidente Porfirio Lobo del Partido Nacional (PN) (2010-2014), logrando reincorporar el tablero político tras un breve exilio en República Dominicana. Con la fundación del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) en 2012, Zelaya devino nuevamente un actor central en el juego político, a contracorriente de lo que pretendían sus adversarios golpistas. Xiomara Castro, esposa de Zelaya, ha sido la candidata presidencial emblemática de LIBRE.

El 13 de octubre de 2021, tuvo lugar una reunión privada entre los candidatos Salvador Nasralla y Xiomara Castro con el objetivo de establecer una nueva alianza electoral, similar a la de 2017. El acuerdo se basaba en la suposición de que una posible victoria a finales de noviembre le permitiría al Partido Salvador de Honduras (PSH) de Nasralla de elegir a uno de sus miembros para encabezar el Congreso. A cambio, Nasralla retiró su candidatura presidencial para apoyar la de Castro y le acompañó en la fórmula como vicepresidente. A pesar de su victoria, la unión entre estos dos partidos no duró mucho, hasta su ruptura definitiva a mediados de octubre de 2022. A principios de 2023, las tensiones entre el PSH y LIBRE no hicieron más que agravarse. Maribel Espinoza, diputada del PSH, acusa reiteradamente a LIBRE de adoptar políticas corruptas. Luis Redondo era el principal candidato de Castro y Nasralla para asumir el control del Congreso, fruto de esta negociación en la cúspide. Bastaron 6 meses en el poder para que Redondo se desvinculara de su partido PSH. Nasralla expresa su decepción por el hecho de que este último responda activamente a las visiones del ejecutivo y no a las de su propio partido. «Luis Redondo fundamentalmente atiende las instrucciones de Manuel Zelaya», dijo el 24 de enero.

El presupuesto del Estado para 2023 se aprobó sin mayoría absoluta de las dos terceras partes del Congreso (74/128), gracias, en parte, a un acuerdo entre LIBRE y el PL. Las críticas fueron duras dado que esta sesión presupuestaria fue nocturna, pero también porque LIBRE no tomó en cuenta las sugerencias de cambios que se debatieron previamente con los demás partidos. El ejecutivo ya se ha enfrentado a huelgas masivas de empleados de los sectores de salud y educativo, quienes reclaman las condiciones salariales prometidas por el anterior gobierno y por las campañas electorales del nuevo. Otra reivindicación de los activistas de LIBRE es la creación de puestos de trabajo, de los que Castro había prometido 100,000. Sus demandas no han sido atendidas. Los puestos de trabajo están ocupados por familiares de Castro. Esto ha provocado el bloqueo de las principales carreteras del país en varias ocasiones.

El Partido Nacional (PN), que es el principal partido de la oposición a LIBRE, ha visto dañada su imagen, entre muchas otras cosas, especialmente por la extradición del expresidente Hernández a Estados Unidos a finales de abril de 2022. No obstante, el PN y sus figuras más destacadas han defendido a su expresidente y afirman su inocencia o se oponen a su encarcelamiento. Hernández está acusado por un tribunal de Nueva York de contribuir al tráfico de cocaína en detrimento de ese país, junto con cargos de posesión de armas y utilización de las mismas para el narcotráfico.

5 — Tensiones no resueltas para el control de la Junta Directiva del Legislativo (2022-2026)

A pesar de la aplastante victoria en las elecciones presidenciales y legislativas, en enero de 2022 estalló un conflicto a gran escala en el Congreso Nacional (CN) y, en particular, en el seno de LIBRE. Tras las elecciones de noviembre de 2021, los 128 diputados elegidos para la legislatura 2022-2026 se distribuyen del siguiente modo: 50 por LIBRE, 44 por el Partido Nacional (PN), 22 por el Partido Liberal (PL), 10 del Partido Salvador de Honduras (PSH), un diputado por el Partido Anticorrupción (PAC) y uno por la Democracia Cristiana (DC).

La Ley Orgánica del Poder Legislativo estipula que, el 21 de enero, los 128 miembros del Congreso deben votar a favor de una Junta Directiva Provisional (JD), que luego debe ser validada por una mayoría de dos tercios de toda la cámara el 23 de enero. El 21 de enero de 2022, Beatriz Valle y Jorge Calix, los dos diputados más votados de LIBRE en las elecciones de noviembre de 2021, presentaron una propuesta para que Calix y otros miembros de LIBRE conformasen la JD. Esto provocó la indignación de más de la mitad de los representantes de LIBRE. Hay que recordar que LIBRE y el PSH habían llegado a un acuerdo y que, como resultado, el ingeniero Redondo iba a presidir el CN (ver punto IV).

Con 84 votos, Calix y sus aliados se convirtieron a toda prisa en los miembros de la JD. Sin embargo, esta victoria fue rápidamente impugnada por la mayoría de los miembros de LIBRE y del PSH, quienes alegaron que se había hecho caso omiso del procedimiento y que, en consecuencia, le dieron la victoria a Luis Redondo y a su lista de asociados⁵. Ninguna de estas dos juntas es completamente legal. El país se enfrentó, entonces, a una grave crisis constitucional e institucional provocada por la existencia de dos juntas que pretendían presidir el CN. A raíz de estos hechos, la presidenta Castro llamó a los miembros de su partido a manifestarse frente a la CN para presionar a los «traidores» de LIBRE, en la persona de Calix. LIBRE expulsó a 18 de los 20 «traidores» por no haber respetado la línea política del partido. A finales de enero, 17 miembros del gabinete de Calix anunciaron que querían exiliarse por temor a perder la vida.

El 23 de enero, los dos CN se reunieron en distintos lugares para nombrar a sus respectivos presidentes y junta. Como resultado, cada bando considera ilegítimo al otro y las irregularidades legales de ambos siembran la duda sobre cuál es constitucionalmente más legal, aunque la candidatura del diputado Redondo (PSH) es la más popular de las dos, gracias a la movilización de Castro y de LIBRE para apoyarlo.

Por lo tanto, el 27 de enero, cuando la presidenta inició su mandato, había dos congresos simultáneos en el país. Ese día, toma posesión de la nueva presidenta la juez federal Karla Romero⁶ y no el presidente de la CN, como es la norma. Ninguna de las partes se moviliza para recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que es la entidad encargada de solucionar este tipo de conflictos, y ésta tampoco demuestra una prisa por resolver el conflicto constitucional. El abogado y diputado Calix propone que se celebre una nueva votación en la Cámara para determinar, de una vez por todas, qué presidente dirigirá el Congreso. El 7 de febrero, el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, tras una reunión con Calix, logra negociar con este último para que deponga sus aspiraciones políticas y le deje la presidencia del CN al diputado Redondo. Todos menos uno de los miembros expulsados de LIBRE fueron reincorporados al partido. Un año después, Redondo publicó un relato de la crisis legislativa titulado «La verdad», un documento con el que pretende demostrar que su Junta es perfectamente legal a pesar de las denuncias.

6 — Negociaciones y demostración de fuerza para la elección de magistrados del poder judicial (2023-2030)

La tarea más importante del primer año del Congreso Nacional (CN) es la constitución de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), máximo órgano del poder judicial. Según la ley, el CN debe elegir una Junta Nominadora (JN) compuesta por diversos sectores de la sociedad, que debe seleccionar 45 candidatos, para luego proponerlos a los diputados del CN. De los 45 candidatos de la lista, sólo 15 serán seleccionados por los diputados para ser magistrados de la CSJ⁷.

Una de las promesas electorales de Castro fue la independencia de los tres poderes del Estado. Sin embargo, Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya, Secretario del CN, ha afirmado que LIBRE intentará tomar el control de la CSJ y tener el mayor número posible de escaños en este órgano de poder. En la votación para elegir a los magistrados que compondrán la CSJ, el 25 de enero de 2023, se necesita una mayoría de dos tercios para que un candidato sea elegido, lo que supone al menos 86 de los 128 diputados del CN. Incluso con el PAC, el DC y el PSH, LIBRE sólo consigue 62 diputados, lo que les obliga a negociar.

El país tiene un historial de corrupción entre sus políticos, que abusan de su poder para, entre otras cosas, hacer clientelismo. Esto sitúa los principios de la meritocracia en un segundo plano en la selección de los magistrados. De hecho, las decisiones se dejan en manos del CN para determinar la ubicación de los candidatos a diversos puestos de poder legal. El 18 de julio, los diputados de LIBRE votaron la derogación de determinados artículos y subapartados de la «Ley Especial de Organización y Funcionamiento del Órgano Nominador para la Propuesta de Candidatos o Magistrados a la CSJ», la ley JN. El artículo 15 de esta ley tiene por objeto prohibir la designación de personas que estén emparentadas o tengan conexiones personales con miembros de la Junta Nominadora, con diputados del CN o con miembros de alto rango del Estado⁸. Un componente eliminado de este artículo es la prohibición de que un candidato se presente a las elecciones si es miembro de un partido político. Pese a todo, la Ley Especial JN reforzó el proceso de selección de magistrados añadiendo más criterios de selección, como la imposibilidad de presentarse si el candidato está en litigio con la judicatura, o alargando los requisitos de experiencia profesional.

El 25 de enero de 2023, este proceso de elección de magistrados recibió críticas dispares en cuanto a su fiabilidad. La selección de la Junta y de los 15 magistrados para la CSJ ha recibido una amplia cobertura mediática. El 23 de enero, la JN presentó la lista de 45 candidatos al CN. Sin embargo, este 25 de enero, los miembros del CN no llegaron a un consenso, ya que aún no se han elegido los 15 magistrados de la CSJ. Los temores de corrupción o politización del proceso recaen sobre los hombros de los 128 diputados. El Congreso podría incumplir la ley y elegir entre candidatos que no figuren en la lista de 45. Además, es provechoso recordar que la Junta no eligió a 6 de entre los 15 magistrados actuales que querían presentarse a la reelección, lo que exaltó a quienes veían su tentativa como un ataque a un poder judicial independiente y fiable.

7 — Un gobierno dinástico (2022-2026)

Aunque la clara erosión del sistema bipartidista es innegable desde 2009, los clanes que compiten por el poder persisten en alimentar una cultura de lealtades personales. Hoy en día, esta cultura se mantiene en medio de una estructura cuatripartita que se ha establecido como la nueva referencia electoral nacional. Esta práctica cultural bipartidista es histórica, como argumenta el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra en el Volumen VI de la Historia General de Centroamérica editado por Edelberto Torres-Rivas, cuando sostiene que el bipartidismo centenario de Honduras se basa en el «caudillismo rural, en lealtades políticas que reproducen por generaciones un paternalismo atrasado»⁹.

En el momento de su inscripción en 2012, Xiomara Castro se había convertido en la principal figura del LIBRE, ganándose la simpatía de más de la mitad de los adherentes del Partido Liberal (PL), partido del que procede la actual pareja presidencial. LIBRE también está formado por una mezcla de estructuras sindicales, segmentos de los «nuevos movimientos sociales», personal técnico de ONG y activistas de la izquierda hondureña, que integraron el desaparecido Frente Nacional de Resistencia Popular, fundado durante las marchas de oposición al golpe de Estado de 2009¹⁰. Los críticos señalan que LIBRE es un instrumento piramidal al servicio de la figura caudillista de Manuel Zelaya¹¹. El expresidente desempeña un papel destacado en el actual gobierno, sus críticos lo ven como un titiritero que mueve los hilos a la sombra de su esposa, la presidenta Castro.

Los hábitos del estamento familiar también se reproducen a nivel estatal, como recuerda el historiador hondureño Mario R. Argueta: «El nepotismo es una de las prácticas características del sistema político, lo que lleva a confiar los puestos claves en la administración a familiares cercanos. Ello se repite en el actual gobierno: dos hijos de Xiomara Castro fungen como sus asesores, uno de ellos es su secretario privado. Su sobrino es el ministro de Defensa. Su esposo es su principal asesor. Su cuñado es secretario del Congreso. Y una hija de la pareja presidencial es diputada»¹². Los favores en cuestión con su familia política, Castro los reveló con bastante rapidez. El 2 de febrero de 2022, Luis Redondo aprobó una moción para un pacto de amnistía política para todos los miembros del gobierno de Zelaya (2006-09) y todos los perseguidos en los últimos 13 años por su apoyo al depuesto presidente. Este pacto anula todas las condenas, multas, acusaciones o juicios en los que estén implicados, así como los delitos penales. El gobierno está así reproduciendo los métodos empleados por sus oponentes del Partido Nacional, utilizando su posición de poder para obstruir la justicia en cuanto a los crímenes cometidos por sus correligionarios.

8 — Un primer año de gobierno con éxitos discutibles 

Frente a la explotación laboral, la violencia doméstica y la delincuencia, la situación de las mujeres es en general precaria. Tras 70 días de gobierno, el Ejecutivo se dio a la tarea de crear la Secretaría de la Mujer (SEMUJER), un organismo para promover que las madres hondureñas generen ingresos y fortalezcan su poder adquisitivo personal y familiar, es decir la continuación de proyectos similares a la época de sus oponentes del Partido Nacional (PN). El 12 de enero de 2023, se aprobó el presupuesto de 2023 y las partidas para el sector de salud aumentaron un 9% con respecto al presupuesto de 2022.

El gobierno avanza un discurso similar al de los tres últimos mandatos en materia de lucha contra el narcotráfico, ya que sacan a relucir como una gran victoria que cada mes las fuerzas armadas destruyen pistas para el narcotráfico en el oriente del país (15 durante 2022). Lo mismo ocurre con las plantaciones de marihuana y los campos de cocaína. Es de notar que Honduras se está convirtiendo en productor y no sólo en país de tránsito.

Otra promesa clave de la campaña de LIBRE se centró en la derogación de las leyes que favorecen la creación de Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE), también conocidas como zonas francas, que son áreas de carácter económico y jurídico especial. Estas parcelas son cedidas por el Estado para crear un polo económico, en el que los derechos de aduana y otras condiciones financieras se relajan o no se aplican, para atraer capital y empresas extranjeras. A pesar de los argumentos para supuestamente revitalizar la Inversión Extranjera Directa, el Congreso votó, el 21 de abril de 2022, la derogación de la ley especial sobre ZEDEs. La cuestión del poco publicitado desarrollo de las zonas francas ya establecidas da a pensar que estas ciudades modelo no estén aún preparadas para desaparecer.

Paralelamente, también se intenta crear una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) con el objetivo de investigar, en las distintas instituciones, cualquier rastro de corrupción e impunidad que campea en el sistema gubernamental. En aras de la transparencia, tanto la ONU como muchos sectores de la sociedad le han pedido a Castro que dé vía libre a la CICIH y que acepte todos los resultados y consecuencias, aunque ello suponga revelar casos de corrupción de su clan político. A finales de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores, Enrique Reina, anunció que se llegó a un acuerdo con la ONU para lanzar la misión de la CICIH. Sin embargo, esta misión internacional probablemente no llegará antes del final del año 2023.

9 — Una serie de promesas incumplidas

En un contexto de pobreza, crisis climática y violencia desenfrenada, LIBRE se enfrenta a retos sistémicos. Las demandas de tierras, seguridad alimentaria y mayor autonomía financiera están resultando muy difíciles de satisfacer. Encabezadas por más de veinte asociaciones campesinas, agrícolas, rurales, étnicas y ecologistas, las reivindicaciones son apremiantes. La presidenta pretende crear un programa de reforestación masiva y proteger las principales fuentes de agua¹³. En febrero de 2022, se firmó un decreto que prohíbe nuevas explotaciones mineras a cielo abierto, aunque sin ponerle fin a las explotaciones autorizadas por el gobierno anterior. Se le ha otorgado al ejército un papel que desempeñar en este plan medioambiental, ya que Castro creó 3 batallones militares para combatir la deforestación y la industria maderera ilegal.

En 2022, las ocupaciones de tierras dedicadas al cultivo de palma africana aumentaron en un 49% con respecto al año pasado. La mayor parte de estas ocupaciones las llevan a cabo asociaciones de agricultores que se disputan la posesión de la tierra alegando que se la robaron mediante reformas y extorsiones de grupos criminales o presiones legales. A finales de 2022, el país contaba con 11,700 hectáreas de tierras ocupadas de este modo. El 7 de enero de 2023, dos defensores de la zona de Guapinol, en el departamento de Colón, fueron asesinados a tiros por sicarios. Aly Domínguez y Jairo Bonilla protestaban contra una mina de hierro que está destruyendo un parque natural, Montaña de Botaderos. Los actores intelectuales y físicos de estos crímenes permanecen impunes¹⁴. El 18 de enero, Omar Cruz Tomé fue asesinado con 12 disparos en su casa en Tocoa. Los compañeros de Cruz acusan a la empresa hondureña Dinant de ser los autores intelectuales de estos asesinatos de campesinos y defensores del medio ambiente. La empresa ya ha estado implicada en acusaciones de asesinato de campesinos que se oponían a un proyecto de represa, contra el que luchaba la activista Berta Cáceres. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 95% de los asesinatos no desembocan en ninguna resolución judicial, lo que no augura nada bueno para las familias de las víctimas.

Entre las luchas que el gobierno se ha comprometido a reformar, está la situación de los grupos étnicos, como los garífunas de la costa norte, quienes quieren más justicia. Más temprano en el mes, 3 mujeres garífunas fueron víctimas de asesinos que las acribillaron cerca de una playa en zona garífuna. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Honduras culpable de violar los derechos de los garífunas.

10 — ¿Hacia una renovación de las relaciones diplomáticas?

Aunque el gobierno intenta ampliar su política exterior, Honduras sigue firmemente encerrada en la esfera de influencia estadounidense. Este año, se han producido numerosas visitas diplomáticas de ese país, empezando por la llegada de la vicepresidenta Kamala Harris. La vicepresidenta inició acciones para que su gobierno done 1.3 millones de dólares para inversión pública. Con todo, en julio de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la «Lista Engel», una lista oficial de personas de la esfera pública sospechosas de corrupción u obstrucción de procesos democráticos. En esta última lista, se menciona a 15 personalidades políticas hondureñas. Algunos son del gobierno anterior, pero también del nuevo; entre ellos, el diputado Rasel Tomé y Edgardo Casaña, ambos de LIBRE.

Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur, también visitó Honduras para tratar con la presidencia la modernización de las fuerzas armadas y la lucha contra el narcotráfico. El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con la presidenta para hablar de seguridad y migración, junto con el ministro de Seguridad de Honduras. El exembajador Hugo Llorens (2008-2011) también fue recibido por Castro. El gobierno anunció que Llorens será contratado como asesor de política exterior y lobista. El ministro de Defensa y el Secretario General se reunieron con el Subsecretario de Defensa estadounidense en el Pentágono el 7 de septiembre de 2022. Honduras no ha tenido un embajador estadounidense con carrera diplomática en los últimos años, sólo un Encargado de Negocios. Esto cambió con el nombramiento de la embajadora Laura Dogu, quien, desde entonces, ha mantenido reuniones frecuentes con los distintos miembros del gabinete.

Honduras no envió delegados a la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles en junio de 2022, argumentando solidaridad con los países que no fueron invitados. Cuba se ha comprometido de nuevo a enviar médicos y profesores a Honduras¹⁵. Las relaciones diplomáticas con Venezuela también han adquirido un nuevo viraje. El presidente mexicano Obrador visitó Honduras, al igual que el presidente español Sánchez. El 1 de diciembre, la Unión Europea firmó dos acuerdos de cooperación con Honduras por un total de 19.5 millones de dólares. Por su parte, Castro viajó a Italia para reunirse con el presidente Sergio Mattarella y el Papa Francisco. Sus últimas visitas tuvieron lugar con ocasión de la toma de posesión de Lula y, finalmente, durante la VII Cumbre de la CELAC, celebrada en Buenos Aires. Honduras mantiene sus relaciones con el gobierno de Taiwán, que, en mayo pasado, hizo una donación de 10 millones de lempiras (373 mil euros) para educación. El 1 de enero de este año, el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras y el vicecanciller de la República Popular de China, Xie Feng, entablaron conversaciones para la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico, la represa Patuca II.

Los expresidentes de Paraguay, Lugo, y de Ecuador, Correa, visitaron Tegucigalpa para conmemorar los 13 años del golpe contra Zelaya. Correa ya había visitado el país a finales de marzo de 2022, cuando el gobierno anunció su nombramiento como asesor económico. Figuras destacadas de la izquierda internacional también se reunieron con la presidenta, como el político español Juan Carlos Monedero, nombrado asesor del gobierno. El líder de la France Insoumise se reunió con Castro durante su visita a Tegucigalpa en 2022. Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba fue detenida por la aduana de un aeropuerto hondureño con más de 60,000 dólares en su poder, en el contexto de su visita a la Casa Presidencial. Honduras no ha condenado enérgicamente la guerra que Rusia ha impuesto a Ucrania, y en el nivel regional, el gobierno de Castro ha mantenido una postura ambigua ante las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua.