Armando Durán/Laberintos: Maduro le cierra el paso al revocatorio
Martes 9 de agosto. Una fecha que se conservará en la particular historia venezolana de la infamia.
En horas de ese mediodía, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, siguiendo las instrucciones de sus jefes políticos al más estricto pie de la letra, se dirigió al país en una larguísima y tediosa cadena nacional de radio y televisión y confirmó lo que ya se sabía, que “El Referendo no va pa´l baile”, como resumía su interminable perorata Últimas Noticias, el principal periódico oficialista de la Venezuela mal llamada bolivariana, en su gran titular de primera página del miércoles.
Los argumentos de la inefable funcionaria para preparar el terreno del nuevo golpe por venir contra la soberanía popular fueron sencillos y terribles. En primer lugar advirtió de que el CNE no actúa bajo la influencia o las presiones de nadie, de modo que el proceso revocatorio solicitado por la oposición de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución seguirá desarrollándose según los lapsos y las condiciones establecidas por las leyes y los reglamentos. En segundo lugar, que el CNE no podía acelerar ni demorar el proceso a su antojo, sino ajustándose rigurosamente a un cronograma previamente establecido, cuya siguiente fase, la recolección de las casi 4 millones de firmas que se requieren para poder convocar a los venezolanos a las urnas del referéndum revocatorio, no podría realizarse antes de finales de octubre. Esto significa que en el caso de que se verifique el número y la autenticidad de las firmas y las huellas, el CNE tendría 90 días para organizar la votación, pero en ningún momento precisó si el referéndum va o no va a celebrarse sino todo lo contrario.
En teoría, si se cumplen fielmente las elásticas previsiones del CNE, que son previsiones de “buena fe” pero nada más que previsiones, habría tiempo material de acudir a las urnas del referéndum revocatorio antes del 10 de enero, fecha límite para que la voluntad soberana de los ciudadanos tenga el efecto, no sólo de sacar a Maduro de la Presidencia de la República, sino también de obligar al CNE a convocar una elección presidencial anticipada dentro de los 30 días siguientes. En la práctica, sin embargo, los pasos de la actual realidad venezolana no se rigen en términos de tiempo material sino de tiempo político, o sea, según la resuelta decisión política del régimen que, en estos momentos, y dadas las circunstancias generadas por la aplastante derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, es de que no habrá referéndum revocatorio este año y probablemente no lo haya nunca.
Este fue el mensaje de Lucena el mediodía de este martes infame. Con un guiño sinuoso. En ningún momento afirmó o negó la realización del referéndum y su “explicación”, sin la menor duda muy astuta disquisición, además de aburrir mortalmente a chavistas y antichavistas, fue suficientemente ambigua como para generar dos sentimientos contradictorios, por una parte la convicción de que haga la oposición lo que haga no logrará que el CNE convoque la votación del revocatorio antes del 10 de enero y por otra parte la esperanza de que las insinuaciones de Lucena sólo aspiran a sembrar la desmoralización en el campo opositor, razón por la cual debe asumirse una posición y un pensamiento positivo ante sus eufemismos, para eso es que sirven los libros de autoayuda, pues si se adopta esa posición de optimismo ciego, nada ni nadie podrá impedir que la voluntad de los venezolanos termine venciendo todas las maniobras del régimen y el referéndum revocatorio se celebrará antes del 10 de enero.
Mírese como se quiera, esta incierta relación entre la realidad y el deseo, entre el ser y el deber ser, entre lo posible y lo imposible, definen las coordenadas de la crisis venezolana en este punto preciso y crucial del proceso político. Una contradicción, por cierto, que no es nueva. Desde las grandes movilizaciones populares del año 2002, incluyendo el derrocamiento de Hugo Chávez, su restauración en el poder 47 horas más tarde y el paro petrolero, la oposición se ha dividido en dos grandes grupos. El de quienes emprenden el duro camino del enfrentamiento al margen de la legalidad del régimen pero de acuerdo con el derecho natural de los pueblos a la rebelión consagrado en el artículo 350 de la Constitución, y de quienes desde entonces han preferido limitar sus acciones a las que establecen los juristas de la supuesta revolución bolivariana en leyes redactadas para ir sustituyendo el ordenamiento jurídico burgués del antiguo régimen por uno nuevo, revolucionario y socialista, ajustado a los intereses del nuevo régimen y a la necesidad de garantizarle, judicialmente, la conservación del poder como sea. Y así, desde aquellas jornadas de gran inestabilidad civil y militar, hasta las protestas que al calor de la llamada Salida conmocionaron a Venezuela desde febrero del año 2014 y durante varias semanas y cuatro docenas de asesinatos, la lucha política en Venezuela se ha desarrollado dentro de los cómodos parámetros diseñados por el régimen.
La jornada electoral del 6-D marcó un punto de inflexión irreversible. La falta de liderazgo de Maduro, la magnitud de la crisis económica y social, la incompetencia del gobierno para enfrentarla y los cambios en la percepción de una comunidad internacional que poco a poco ha comenzado a reaccionar con cierta firmeza ante el desempeño antidemocrático y corrupto de Maduro y sus lugartenientes incidieron notablemente en un hecho que parecía imposible. No sólo ganó la oposición esa consulta electoral, sino que lo hizo de manera tan aplastante que obtuvo dos terceras partes de los escaños de la Asamblea Nacional, una mayoría constitucionalmente calificada para presentarle batalla al poder Ejecutivo en igualdad de condiciones institucionales. Una situación que evidentemente colocaba al régimen en inminente peligro de extinción y lo obligó a responder con los recursos implacables de un régimen totalitario, ya sin pudor para disimular sus desmanes.
El conflicto de poderes se hizo inevitable y quizá porque la crisis se ha hecho insoportable y porque el debilitamiento progresivo del gobierno Maduro permite abrigar esperanzas de cambio político real en Venezuela a muy corto plazo, los caminos de la oposición más prudente y de la más radical han venido cruzándose de manera muy amenazadora para el régimen. La fórmula del diálogo, probablemente originada en La Habana, y manipulada por el trío formado por Maduro, Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y complaciente secretario general de Unasur, organismo creado por Chávez para que le sirviera de línea defensiva en el frente latinoamericano, y José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español muy cercano a Fidel Castro y a Chávez, sirvió para neutralizar la operación que Luis Almagro y un grupo de ex presientes latinoamericanos intentaron motorizar en la OEA para aplicarle a Venezuela la Carta Democrática Interamericana, pero no ha servido para apagar el proyecto de cambiar de gobierno por la vía del referéndum revocatorio.
Durante estos meses de sordo enfrentamiento, el sumiso CNE ha venido demorando y complicando los lapsos y los términos del referéndum revocatorio, hasta que hace pocos días toda la dirigencia de la oposición cerraron filas ante las maniobras del CNE y anunciaron lo que llamaron “la toma de Caracas” el próximo primero de septiembre, no una manifestación más de protesta, sino “la mamá de todas las marchas”, con la participación de ciudadanos procedentes de todos los rincones del país, para exigirle al CNE fijar la fecha exacta para la recolección de las dichosas 4 millones de firmas y huellas, equivalentes al 20 por ciento de los electores registrados.
Todas las alarmas se dispararon en las salas situacionales del régimen. La sombra de la gran manifestación del 11 de abril les quitó de pronto el sueño a los jerarcas del régimen. En este momento estratégico, precisamente cuando la crisis se ha hecho irremediablemente humanitaria, la salud política del chavismo y el futuro del agonizante gobierno Maduro sencillamente no pueden permitirse el lujo de sufrir un acoso similar al que hace 14 años estuvo a punto de ponerle fin a la naciente revolución chavista, así que de inmediato el régimen anunció la conformación de un comando “patriótico” para salirle al paso a la protesta opositora del primero de septiembre y a la vez eliminar del horizonte nacional la opción desde todo punto de vista inadmisible para el régimen de un referéndum revocatorio antes del próximo 10 de enero. Por una parte, impartiéndole a las Milicias Bolivarianas instrucción especializada en la represión de disturbios del orden público, léase, en la represión violenta de una eventual repetición de la marcha del 11 de abril de 2002. Por la otra, organizando un frente institucional anti referéndum revocatorio.
La acción definitiva en este plano de las formalidades “constitucionales” es la solicitud presentada por el PSUV al Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como solicitante legítimo y legal del referéndum revocatorio, acusada de haber cometido innumerables irregularidades en la recolección de firmas y huellas del uno por ciento de los electores, requisito indispensable para dar inicio al proceso revocatorio. Si el TSJ dicta sentencia inhabilitando políticamente a la MUD, el referéndum revocatorio muere en ese mismo instante. La segunda parte de esta operación digamos institucional es profundizar la acción del CNE para ir posponiendo indefinidamente los lapsos del proceso hasta hacer imposible la celebración del referéndum antes del 10 de enero. En caso de que las protestas internas y las exigencias internacionales no le permitan al CNE cumplir su misión paralizadora, el TSJ subiría al escenario para borrar del mapa político a la MUD y abrir un período de gran perturbación política, cuyas consecuencias nadie podría predecir por ahora. Dos cosas quedan, sin embargo, claras. La decisión de Maduro de cerrar todas las salidas pacíficas a la crisis, una provocación que coloca a la oposición entre la espada y la pared, y la ingobernabilidad como fulminante de una explosión social sin precedentes en la historia de Venezuela. En definitiva, un destino azaroso para el país y sus ciudadanos, sembrado de peligros y sorpresas indeseables, provocado este infame 9 de marzo por Tibisay Lucena y Nicolás Maduro. De ellos será la responsabilidad de lo que ocurra en Venezuela el día de mañana.
Nota. Como todos los años en agosto, este cronista pone la pluma (es un decir) y la paciencia de sus lectores en reposo. Volveremos a la carga el miércoles 8 de septiembre.