Así es como los periodistas de Latinoamérica están colaborando para evitar ser censurados
El silencio no es una opción
Nicaraguan police officers block journalists working outside the house of opposition leader Cristiana Chamorro after prosecutors sought her arrest for money laundering in Managua, Nicaragua, June 2021.
Translated by Marisol Chavez. Read in English.
La violencia volvió a sacudir las calles de El Salvador a finales de marzo. Con 87 asesinatos indiscriminados, las pandillas del país enviaron un mensaje a la presidencia de Nayib Bukele en respuesta a lo que ellos consideraron una traición. Un periodista de investigación reveló que los asesinatos se llevaron a cabo después de que capturaron a varios pandilleros que viajaban en un vehículo del gobierno, aún cuando les habían garantizado un transporte seguro. Desde el triunfo de Bukele en las elecciones presidenciales del 2019, los líderes de las pandillas han sido invitados a reuniones secretas para llegar a acuerdos que han disminuído la delincuencia en el país centroamericano.
La noticia fue publicada por primera vez en el periódico digital El Faro, uno de los más antiguos de El Salvador y Latinoamérica. El reportero Carlos Martínez escribió sobre los hechos desde fuera del país– no solo porque ahí fue donde se reunió con sus fuentes, sino porque al incluir recuentos de los pandilleros en su nota, se arriesgaba a ser sentenciado a 15 años de prisión bajo las leyes de emergencia impuestas por el gobierno a principios de abril.
Miles de periodistas como Martínez, en varios países de latinoamérica, se han enfrentado, a veces de un día para otro, con obstáculos legales para poder hacer bien su trabajo. Esto ha sucedido en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, y anteriormente en Venezuela con Nicolás Maduro. Otro ejemplo es Ecuador, que se está recuperando de obstáculos impuestos durante la presidencia de 10 años de Rafael Correa, quien catalogó a la prensa como el enemigo y desacreditó su trabajo de investigación. En su momento, Ecuador fue considerado uno de los gobiernos más represivos del continente debido a las sanciones desproporcionadas impuestas por Supercom, el regulador de medios del país, y su efectividad para generar miedo y censura.
“Esta nueva ley es la culminación de todo un proceso para dañar la democracia”, dijo Oscar Martínez, editor en jefe de El Faro, durante una conversación en Twitter Space. Las nuevas medidas le dan al gobierno más libertad de realizar arrestos preventivos y utilizar leyes antiterroristas a su favor, así como restringir drásticamente la libertad de expresión. Durante la misma conversación, César Batiz, director de El Pitazo en Venezuela, dijo que el objetivo de las autoridades es crear “desiertos de información” en lugar de ciudadanos informados como pretende hacer el periodismo.
En Nicaragua se implementaron tres leyes al final del 2020 que han generado miedo entre las fuentes, restringido el financiamiento de los medios de comunicación y creado un ambiente de intimidación y persecución. Una de estas leyes sanciona a quienes filtran información. La segunda castiga a quienes difunden información que el gobierno considera falsa. La tercera castiga a las personas que reciben dinero del extranjero sin declararlo y cataloga como agentes extranjeros a quienes reciben cualquier tipo de apoyo económico del extranjero.
Por ejemplo, como parte de una investigación del gobierno sobre el supuesto delito de lavado de dinero que involucra al principal opositor político de los Ortega, 60 periodistas fueron interrogados por la fiscalía y fueron obligados a explicar su vínculo profesional con la fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización reconocida por promover la libertad de expresión desde 1998. Algunos de estos periodistas, quienes recibieron módicas sumas de dinero por asesorar a la organización, fueron investigados por lavado de dinero.
En Venezuela, la ley contra el odio se aprobó en noviembre del 2017 y el gobierno la ha utilizado para silenciar a la oposición. La medida “castiga con penas de prisión de hasta 20 años a cualquier persona que incita al odio o la violencia en la radio, televisión, la prensa o las redes sociales”, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas. Muchos periodistas han sido hostigados a raíz de esta ley. Un caso importante es el de Roberto Daniz, editor del sitio web de investigación Armando.Info, quien ha sido acusado de “incitar odio”. La casa de sus padres fue cateada por la policía en octubre.
En Cuba, aunque la constitución dicta que la libertad de pensamiento, conciencia, y expresión están garantizadas, ese nunca ha sido el caso. Decretos recientes también contradicen este principio. En agosto del 2021, el gobierno estableció sus propias medidas sobre las noticias falsas, o fake news, esencialmente prohibiendo la difusión en línea de lo que las autoridades consideran información falsa o dañina. Bajo las nuevas regulaciones, el gobierno también puede obligar a las empresas de tecnología a cerrar las cuentas de las personas acusadas de haber difundido “información errónea” en las redes sociales u otras plataformas. José Jasán Nieves, director general del sitio web cubano El Toque, dijo que todo el periodismo que no está controlado por el gobierno es considerado hostil e ilegal.
Ante la falta de garantías que protejan la labor periodística, la única manera en la que los reporteros han podido permanecer libres y continuar difundiendo información ha sido huyendo de sus países y llevándose consigo a sus familias. “Hemos regresado a un periodismo de catacumbas”, dijo Octavio Enríquez, un periodista nicaragüense, durante un panel sobre cómo hacer reportajes en contextos cada vez más difíciles para la democracia. La frase hace referencia a los finales de la década de 1970, durante la dictadura de Somoza, cuando los reporteros trabajaban desde los patios de las iglesias para evitar ser censurados. Enríquez ahora trabaja desde Costa Rica.
En este panorama desafiante, las alianzas entre periodistas surgieron como una manera de escapar de esta “nueva legalidad” en la que se persigue al periodismo libre e independiente. “No tiene sentido competir cuando te enfrentas a un adversario tan fuerte que no tiene escrúpulos y utiliza todas las herramientas para censurar tu voz”, dijo Nieves.
Esta fue parte de nuestra misión al crear CONNECTAS, una organización sin fines de lucro que “promueve la producción, intercambio, entrenamiento, y difusión de la información sobre temas clave para el desarrollo de los países en el continente americano”. En una serie de investigaciones titulada “Nicaragua No Calla” reunimos a 20 periodistas de Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Argentina, y por supuesto Nicaragua para denunciar el deterioro institucional del país y su democracia. El resultado fueron varias notas que detallan el ascenso al poder de Ortega, cómo su asesor Néstor Moncada Lau controla a las agencias de seguridad locales y cómo los policías pueden salirse con la suya masacrando a una familia.
“Una gran ayuda y apoyo para seguir haciendo periodismo en estas condiciones ha sido el dejar de vernos entre medios de comunicación como competencia”, dijo Jessica Ávalos, editora en jefe de Factum Magazine en El Salvador. “Ahora existen alianzas de medios tradicionales e independientes, lo cual no pasaba antes.”
En 10 años, CONNECTAS ha creado una gran editorial regional que ha reunido a más de 130 periodistas en 19 países. Esto nos ha permitido seguir trabajando en sociedades cada vez más cerradas y amplificar el impacto de nuestros reportajes ya que se publican en múltiples medios de comunicación de la región.
“Las alianzas nos ayudan a coordinar investigaciones más amplias y profundas”, dijo Nelson Bocaranda, gerente general y editor en jefe del sitio web venezolano Runrun.es. “Son nuestra manera de cruzar barreras geográficas y digitales impuestas por la persecución. .. creo que fue gracias a la unión que logramos escapar de la censura”. Runrun.es se ha aliado con El Pitazo y Tal Cual, de la Alianza Rebelde Investiga, bajo la red de CONNECTAS, para llevar a cabo varias investigaciones de alto impacto que traspasan fronteras, como el reportaje Chavismo Inc., un vistazo detallado a cómo se desviaron millones de petrodólares de Venezuela para llenar los bolsillos de un pequeño grupo de personas alrededor del mundo.
La palabra “resistir” se ha vuelto más común en el vocabulario de colegas en países latinoamericanos. Pero también lo ha hecho la palabra “solidaridad”, la cual alienta la cooperación que surge de la convicción de que el silencio no es una opción. Incluso cuando lo impone la ley.
Carlos Eduardo Huertas, NF ’12, lidera el consejo editorial de CONNECTAS, una plataforma de cooperación entre periodistas que investiga abusos de poder y promueve el intercambio de información sobre temas clave para el desarrollo de las Américas.
