Ataque a la justicia polaca

Jaroslaw Kaczynski, líder del partido polaco Ley y Justicia. PAWEL KOPCZYNSKI REUTERS

¿Qué pensar de la democracia de un país cuyas autoridades han organizado una ‘caza de brujas’ contra los jueces?

La lista de enemigos de Ley y Justicia (PiS, en sus siglas polacas), el partido nacional-conservador que ganó las elecciones en Polonia en otoño de 2015, es larga y notoria. En ella se encuentran los nombres de políticos de la oposición y periodistas rebeldes, así como de activistas, personalidades del mundo académico, cultural y empresarial. Los medios de comunicación de derechas, afines al Gobierno, informan puntualmente sobre quiénes figuran en la misma. Sus programas no solo mencionan al ex primer ministro Donald Tusk —odiado por el PiS y actualmente presidente del Consejo Europeo— y a sus colaboradores, ni al igualmente denostado Lech Walesa (líder de Solidaridad y posteriormente presidente, al cual el actual Gobierno acusa de traición y de colaborar con la policía secreta comunista), sino también a científicos, actores, opositores y miembros de las ONG. Normalmente, se les cuestiona como personas deshonestas a las que el Gobierno arrebata sus inmerecidos privilegios.

Jaroslaw Kaczynski, el líder del PiS, inventa epítetos dedicados a sus enemigos, a los que llama “la peor calaña”, “colaboradores de la Gestapo” y “alimañas”. Kaczynski no quiere debatir con el adversario, sino privarle de su dignidad, excluirlo de la comunidad y estigmatizarlo. La semana pasada acuñó un nuevo término. En la convención de su partido en Olsztyn acusó a los enemigos del Gobierno de “ecofobia”. Esta vez no se refería a la oposición ni a los intelectuales críticos, Kaczynski aplicó ese término a los jueces polacos. No se trata de una inocente figura retórica, ni de la opinión de un tertuliano. Ha acusado a los jueces polacos de alta traición.

En este contexto, la ecofobia significa aversión, odio a tu propio país. Es increíble que el líder del partido gobernante trate así a las personas que dictan sentencias “en nombre de la república”. En un Estado democrático de derecho, los jueces gozan de una protección especial. Se pueden debatir sus sentencias, pero sin llegar a insultarlos. Entonces, ¿por qué lo hizo Kaczynski? Porque los jueces se han resistido a los cambios en el Poder Judicial forzados por su partido, para ponerlos al servicio del Gobierno.

Todo hacía indicar que el PiS tomaría el control del Tribunal Supremo de una manera similar a como subordinó al Constitucional o a los medios de comunicación públicos. Una vez que el presidente haya votado y firmado la nueva ley entrarán en el edificio personas nuevas, debidamente seleccionadas, que se asegurarán de que la aplicación de la ley sea coherente con la voluntad popular (así lo declaró públicamente uno de los líderes del PiS). Según los cambios, rechazados en una votación por la Comisión Europea y las organizaciones jurídicas internacionales, más de un tercio de los jueces, incluida su presidenta, Malgorzata Gersdorf, habrían de jubilarse anticipadamente. Esto, a pesar de que la Constitución polaca garantiza la independencia del Poder Judicial y de que la duración del primer mandato de su presidente se fija en seis años, que aún no se han cumplido.

Sin embargo, los cambios no han podido ser implementados. Cuando el presidente Andrzej Duda comenzó a notificarles a los jueces del Supremo su jubilación, estos escribieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para averiguar si las disposiciones que les retiraban se ajustaban a la legislación comunitaria. Y hasta su examen, es decir, durante al menos seis meses, suspendieron la ley aprobada por el PiS. Asimismo, Duda invitó a los presidentes de la Salas de lo Penal y Laboral del Supremo a jubilarse y exigió que sus miembros seleccionen nuevos candidatos, de entre los cuales elegiría él a sus portavoces. La respuesta que recibió debe de haberle sorprendido mucho. Los jueces decidieron que sus presidentes siguen en funciones, por lo que no hay motivo para elegir a otros nuevos. Además, los jueces de los tribunales ordinarios enviaron sus propias dudas al TJUE sobre los cambios en el Poder Judicial.

Las autoridades reaccionan furibundas. Los cambios en el Poder Judicial prevén, por ejemplo, la creación de una Sala Disciplinaria especial, que será un látigo para jueces descarriados. La situación se ha complicado gravemente. El Gobierno podría, por supuesto, tomar el control del Supremo por la fuerza. Con ello solo caldearía los ánimos, deteriorando aún más las relaciones de Polonia con la UE, así que ha decidido golpear de nuevo a los jueces en el frente de la propaganda, como demuestran las palabras de Kaczynski sobre su ecofobia.

El poder ha recabado bastante experiencia en insultar a los jueces. Los medios de comunicación públicos afines al Gobierno conducen desde 2016 una campaña dirigida a demostrar que todos los procesados son corruptos. Y sin embargo, a los jueces no solo se les examina con lupa su vida privada, sino que también se investigan las biografías de sus padres. ¿Qué cabe pensar sobre la democracia en un país en el que las autoridades recurren a este tipo de soluciones?

Bartosz T. Wielinski dirige la sección de Internacional de Gazeta Wyborcza.

Traducción de Amelia Serraller.