Villasmil: La debilitada responsabilidad de gobernar

La noción de la «responsabilidad de gobernar» constituye la piedra angular que distingue a la política como servicio público de la política reducida a una mera obtención y preservación del poder.

En la teoría y praxis democráticas, esta expresión no equivale simplemente al ejercicio legal de las competencias de un cargo, sino a una postura ética, institucional y republicana frente al Estado y la ciudadanía. Históricamente, la responsabilidad de gobernar ha implicado cuatro exigencias fundamentales:

1) Gobernar no es administrar la victoria de una mayoría sobre una minoría, ni gestionar el Estado en beneficio de un partido o un grupo de interés. Implica articular las necesidades de toda la sociedad, incluso protegiendo los derechos de quienes no votaron por el gobierno.

2) La responsabilidad democrática presupone que el poder es transitorio y está sujeto a la ley (Estado de Derecho). Gobernar con responsabilidad exige respetar los contrapesos institucionales, las libertades individuales y la independencia judicial, incluso cuando estos frenan los proyectos inmediatos del Ejecutivo.

3) Defender una cultura de rendición de cuentas (accountability): ello significa responder de manera transparente por las decisiones tomadas, el uso de los recursos públicos y los errores cometidos, aceptando la crítica ciudadana y la fiscalización del Parlamento y los medios de comunicación.

4) Implica una visión de Estado, no cortoplacista: tomar decisiones estructurales y con frecuencia impopulares a corto plazo para garantizar el bienestar integral de la nación a largo plazo, en lugar de ceder a la tentación demagógica del cálculo electoral inmediato.

La realidad es que hoy la gobernanza democrática global se está viendo seriamente afectada porque las exigencias arriba mencionadas no se cumplen o solo a medias, y hay ejemplos suficientes para encender las alarmas.

***

Veamos el caso de España, y su más reciente crisis, la de Ceuta y Marruecos. Ceuta es ciudad española y por ello  europea,  y debido a su ubicación geográfica ha sido durante siglos frontera, fortaleza y punto de encuentro entre dos continentes.

En este momento, luego de poco más de ocho años de desgobierno del socialista Pedro Sánchez y sus socios, la sociedad democrática española luce debilitada, dividida o incapaz de comprender a tiempo la dimensión del peligro que enfrenta con un Gobierno dispuesto a lo que sea para perpetrarse en el poder. Afirmar, como hacen algunos, que nada grave va a pasar porque “España está en Europa”, es hoy más ingenuidad que sobrio realismo.

La incomprensible postura sanchista de negar la obvia responsabilidad del régimen de Marruecos ante la invasión ocurrida -más de 70 mil ciudadanos marroquíes, entrando a rompe y rasga en una ciudad, Ceuta, con 80 mil habitantes- no oculta, al contrario, magnifica la ambición sanchista de mantenerse como sea en el poder “más allá del 2030”, y consolidarse como nuevo caudillo hispano, cargándose a las instituciones de la constitución de 1978, incluida la monarquía. Pedro I sueña con sustituir como Jefe de Estado a Felipe VI.

Por ello, defender Ceuta, hay que insistir en ello, es defender España. La democrática, la que se colocó durante los gobiernos de Suárez, de González y de Aznar entre las más avanzadas de Europa. La que creó un nuevo marco de convivencia, frente al intento macabro del hoy imputado  Zapatero primero, y de Sánchez, luego, de revivir los odios de la funesta Guerra Civil que ocurriera entre 1936 y  1939.

Lo cierto es que los límites geográficos entre Marruecos y España, con Ceuta y Melilla a la cabeza están en peligro de nuevas invasiones. Y todavía quedan en la sufriente Ceuta más de diez mil marroquíes que el sanchismo quiere mantener en España.

No hay que olvidar que una frontera exterior especialmente sensible exige cohesión interior, previsión institucional y conciencia de Estado y, sobre todo, un Gobierno que trabaje para ello. Los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio de 2026 demostraron hasta qué punto Ceuta continúa siendo un punto estratégico de extraordinaria vulnerabilidad.

Repitámoslo hasta el cansancio: la responsabilidad de gobernar, en España, hoy pasa por entender y repetir una y otra vez que defender Ceuta es defender España, y también Europa.

***

Mientras tanto, en nuestras costas caribeñas, con un nuevo Gobierno venezolano impuesto por los actuales detentores del poder en los Estados Unidos, se debe usar poco la palabra “gobernar”. Se prefiere, por más exacta, una expresión como régimen tutelado, controlado y supervisado a control remoto. Un régimen extractor de riquezas, mero continuador de la dictadura que se creía derrotada el 3 de enero. Lo que ha habido hasta ahora es una sustitución de ambiciones y de transferencia de riquezas que le pertenecen al pueblo venezolano.

Escribo estas líneas antes de que la tutelada (Delcy Rodríguez) se encuentre con sus tuteladores en Washington. La sola idea de esa reunión, en enero, hubiera sido impensable. pocos días de la llamada “extracción”.

En Venezuela se ha erosionado, hasta alcanzar límites grotescos, “la responsabilidad democrática de gobernar”.

Baste mencionarse que ni a los tutelados ni a los tuteladores les importan los derechos humanos. De haberles importado las siniestras cárceles de la dictadura habrian sido vaciadas inmediatamente. Casi nueve meses después, quedan centenares de compatriotas en prisión.

Como en la distopía orwelliana, en la actual Venezuela sin soberanía ni Estado de derecho, las palabras pierden su significado. La guerra es la paz, el desorden es orden, la mentira es la verdad, Delcy representa los verdaderos valores del gobierno tutelador. Bienvenidos  a una grotesca realidad en la cual el Rodrigato es más justo y honesto que MCM y Edmundo.

¿Y la Constitución, o las tan ansiadas elecciones (deseadas por todos, menos por tutelados y tuteladores)? Bien gracias.

Como  me dijo un taxista recientemente: “señor, nunca hubiera pensado decir esto: con Maduro vivíamos mejor”…

En un mundo donde el poder pierde disciplina y la gobernanza se fragmenta, como bien dice María Alejandra Aristeguieta, “la tutela estadounidense posterior al 3 de enero no cayó sobre un Estado plenamente soberano. Durante más de dos décadas, el poder venezolano destruyó contrapesos, subordinó instituciones, deterioró PDVSA, debilitó el Estado de derecho y permitió que intereses particulares reemplazaran progresivamente el interés nacional. La pérdida de soberanía externa fue precedida por la destrucción de la soberanía popular y de las capacidades internas que permiten ejercerla”.

Venezuela debe recuperar, no perder soberanía.

Ello significa, entonces, que recuperemos la capacidad para decidir.