Cambio de rumbo en Chile

No estoy seguro de que el Plan de Reconstrucción Nacional sea la madre de todas las batallas del Presidente José Antonio Kast y que su eventual fracaso conduzca al fracaso global del gobierno. Aunque la propuesta fue presentada en una cadena nacional de televisión y ha generado interés inmediato y contradicciones, así como las comparaciones con lo que fue el plebiscito constituyente para el Presidente Gabriel Boric, lo cierto es que la complejidad de la propuesta y la incertidumbre sobre su resultado deja la situación abierta tanto en su desarrollo como en su desenlace.

El objetivo declarado, en primer o en segundo lugar, es mejorar el bienestar social de los chilenos, lo cual requiere la reactivación económica, para poder proyectar una situación de prosperidad para Chile. Por lo mismo, el proyecto establece algunos ejes relevantes: un fondo de emergencia con más recursos para la reconstrucción; el alivio tributario, que reduce el impuesto a las empresas; establece una exención del IVA en compras inmobiliarias y elimina las contribuciones para los mayores de 65 años en su primera vivienda; agiliza permisos sectoriales y protege la inversión, mediante la certeza jurídica, así como también fomenta el empleo formal y da apoyo a las Pymes.

Como suele ocurrir, rápidamente se produjeron críticas y ataques contra la propuesta. La izquierda, en un discurso que comenzó a ser recurrente con la reforma tributaria de la Presidenta Bachelet en 2014, asegura que se trata de reformas que benefician a los más ricos, como entonces anunció que su aumento de impuestos atacaba a “los poderosos de siempre”. El discurso de lucha de clases había sido tradicional en la izquierda mundial y ciertamente en Chile, abundaba en las declaraciones y programas en los años 60 y formaba parte de la definición fundamental del marxismo desde el Manifiesto Comunista de 1848: “La historia de todas las sociedades existentes hasta el presente es la historia de luchas de clases”, comienza el influyente documento de Marx y Engels.

Ese discurso estaba difuminado y olvidado por un sector importante del socialismo en los años de la Concertación, y solo reaparecía en alguna campaña o en luchas políticas específicas, pero no formaba parte del corazón de las políticas públicas, en general centradas en beneficiar a la población en su conjunto, y no en apoyar a un sector en perjuicio de otro. La noción de concertación social, de alguna manera, se impuso en la mentalidad política de fines del siglo XX y comienzos del XXI.

Hay quienes piensan que el cambio se produjo principalmente desde que Bachelet incorporó al Partido Comunista a la coalición que gobernaría con ella: la Nueva Mayoría. Esta interpretación tiene una ventaja: es fácil de entender, es representativo del anticomunismo de un sector importante de la población y coincide con la efectiva llegada del PC al gobierno en 2014. A ello se suma una cuestión práctica: el gobierno de Bachelet II ha sido el más transformador desde el regreso a la democracia, planteó cambios estructurales y logró la aprobación de leyes de aumento de impuestos, fin al lucro, el copago y la selección en materia educacional, así como otras en diversos ámbitos. En otras palabras, hay argumentos para dicha visión.

Me parece que no es así. El debate y la crítica contra el sistema habían comenzado unos años antes, especialmente hacia 1997 y 1998, cuando emergió una crítica al “Chile de la transición”, aumentaron los votos nulos y blancos en las elecciones, surgieron los autoflagelantes en la Concertación, emergió un malestar subjetivo en la sociedad chilena, el caso Pinochet despertó los fantasmas del pasado y los movimientos sociales agudizaron sus críticas y protestas, alentadas por los triunfos comunistas y de nuevas fuerzas de izquierda en federaciones estudiantiles y en otras organizaciones. Como contrapartida, en la derecha parecía existir una sensación de triunfalismo –vigente en otros lugares del mundo– referido a la primacía de la democracia liberal y la economía de mercado, mientras la Concertación fue alejándose de sus ideas fundacionales y resintió su falta de renovación generacional y la pérdida de presencia social.

De esa manera, se desarrolló un discurso crítico, que promovió un cambio de modelo y denunció sus injusticias. Rápidamente se sumaron corrientes políticas nuevas o tradicionales, los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011 marcaron un cambio de clima y un modo distinto de hacer política, el gobierno de Bachelet fue efectivamente transformador y pese al triunfo de Sebastián Piñera en 2017, la verdad es que la revolución de octubre de 2019 mostró que el camino parecía haber entrado a un punto de no retorno, como probarían luego el inicio de la convención constituyente y la elección de Gabriel Boric como Presidente de la República.

Sin embargo, ese proceso terminó con dos grandes derrotas. La primera fue el resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, que puso fin a la fiebre constituyente, por más que los partidos acordaran iniciar un nuevo proceso, también fallido. La segunda derrota fue la incapacidad de dar continuidad al proyecto de gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista, el socialismo democrático y otras fuerzas de izquierda. Para mayor desgracia del sector gobernante, triunfó José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, representante –según los vencidos– de la extrema derecha. Kast hoy está en La Moneda y en poco más de un mes ha mostrado su estilo y orientación, ha confirmado el programa que triunfó en diciembre de 2025 y ha definido su plan de reconstrucción nacional y desarrollo.

Después de años o décadas de aumento de impuestos y de crecimiento del Estado, Chile ha visto cómo ha decaído la capacidad de crecer de su economía y de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población. Todo esto ha provocado desazón, angustia, pérdida de liderazgo, más pobreza y problemas sociales no resueltos. Así lo muestran los millones de personas en listas de espera para atención hospitalaria, los cientos de miles que esperan ser operados, una educación estatal que no mejora su calidad y el aumento sostenido de las familias viviendo en campamentos ilustra claramente el problema de déficit de vivienda. En fin, la lista se puede alargar en diversos aspectos.

Por lo mismo, el plan de reconstrucción no es sólo una propuesta gubernativa, sino también un claro intento de cambio de rumbo. Una de las medidas contempla la disminución de impuestos a las empresas, que parece responder a dos razones: por un lado, al fracaso del aumento impositivo desde Piñera I y Bachelet II, que en este último caso estuvo muy lejos de recaudar los 8 mil millones de dólares anuales que se suponía que obtendría. Por otra parte, a la situación de los países de la OCDE, que tienen tasas de impuestos más bajas que las que ostenta Chile en la actualidad.

Sería un error considerar que estamos frente a una mera reforma tributaria o a un problema económico puntual. El tema es más profundo, quizá poco comprendido o explicado de una forma a veces poco convincente: es necesario mejorar las condiciones de vida de la población, aumentar sustancialmente las posibilidades de trabajo para los chilenos (con todo lo que ello implica) y procurar que el progreso social no sea una promesa, sino una realidad vivida y clara. No puede ser que los hijos tengan menor calidad de vida que sus padres, que les cueste más formar sus familias o tener vivienda propia. En fin, es preciso cambiar el rumbo y el proyecto gubernativo parece apuntar en esa dirección, y no debe ser considerado como una lista de medidas puntuales para enfrentar un problema determinado. El gobierno parece decir que es hora de enmendar el camino y salir adelante, que si fracasaron las reformas del pasado es necesario hacer cambios que vayan en otra dirección, que es preciso avanzar y no retroceder, que Chile puede más y no es posible conformarse, nuevamente, con la penosa mediocridad que se ha arrastrado por años. No será fácil, sin duda, pero ello no debe representar un obstáculo insalvable como para dejar de intentarlo.