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«La actividad, y especialmente la actividad social, y aún más específicamente una relación social, puede orientarse, desde la perspectiva de quienes participan en ella, según la representación de la existencia de un orden legítimo. A la probabilidad de que las cosas sucedan de esta manera la llamamos «validez» del orden en cuestión.» — Max Weber (1971), Economía y Sociedad, París, Plon, pág. 30.
«La democracia solo puede funcionar si existe un espacio público en el que los ciudadanos puedan debatir y tomar decisiones conjuntas.» — Jürgen Habermas.
Solemos distinguir la legalidad como aquel conjunto de normas que nos rigen, ajustadas las susodichas a las pautas y codificaciones que es menester llevar a cabo para acreditarlas de valor y eficacia preceptiva.
Por su parte, la idea de legitimidad supone conformidad con la política que deriva del régimen que tenemos como lícito y cuyo contenido, además, asumimos como justo. Pudiéramos decir que la primera aproximación a la legitimidad la señalamos ante la ley que presenta una obligación que nos disponemos a cumplir, un mandato a seguir porque lo dicta la estructura pública que nos representa.
La legalidad pura impone un canon, pero es la legitimidad —basada en la tradición, la racionalidad jurídica o el consentimiento democrático, como lo analiza Max Weber— la que lo transforma en una obligación aceptada y reconocida por los conciudadanos.
Puede, no obstante, haberse sancionado una regla jurídica siguiendo los más exigentes criterios de competencia y de acuerdo con las previsiones de rigor, pero no contar con el respaldo de sus destinatarios, lo que provoca que se la tenga por legal, pero no legítima.
Trato de describir el asunto de la manera más sencilla, aunque hay que admitir que, una vez trasladado al teatro público y a la dinámica de la vida social y corporativa, se torna mucho más complejo.
Bertrand de Jouvenel se preguntaba en un clásico sobre el Poder: «¿Por qué obedecemos?». Y Hannah Arendt aproximaba la idea del poder y su naturaleza como un ejercicio de concertación que derivó en la aquiescencia como asentimiento, aunque una copiosa doctrina encuentra más convincente atribuir el seguimiento de la regla a la amenaza y/o la coerción que obra en la esencia misma del poder del Estado.
La sujeción voluntaria a un sistema de normas implica un respaldo —entendido como legitimatorio— al dominio político, con el que media, igualmente, una visión compartida de lo ético y lo moral. En paralelo, se asume que la suma teológica del derecho es el Estado; no obstante, en la interacción democrática se mueven elementos conexos que pueden, sin embargo, acabar encarándose dialécticamente: tal es el caso de las nociones de legalidad y legitimidad.
Si bien por vocación están llamadas a complementarse, la legitimidad puede divergir e incluso antagonizar con la legalidad, lo que evidencia un quebranto serio del orden político y jurídico, del liderazgo y la jefatura que suele comprometer, si no la estabilidad, de alguna manera la gobernanza misma.
Veamos, sin embargo, rápidamente la situación venezolana. El gobierno venezolano —y lo anoto ahora como un lugar común académico e incluso noticioso— carece de legitimidad de origen y, más aún, de legitimidad de desempeño. Se sostiene de un hilo de la madeja enmarañada que se teje a raíz del 3 de enero y la presión norteamericana que se lleva al dictador, pero mantiene en el poder a la dictadura.
La energía decisoria del gobierno norteamericano prevalece sobre las formas constitucionales venezolanas y las moldea u obvia a placer. Todo el aparato público actuante se erigió sin seguir el ordenamiento jurídico y se impone por la fuerza y/o la inercia que resulta del acuerdo que se cumple entre el mando norteamericano y la continuidad endógena.
Venezuela es, entonces, un Estado desoberanizado y se pretende una democracia también desoberanizada (me permito el neologismo porque recoge precisamente el fenómeno con implicancia aporética que se cumple). El Estado-PSUV, a su vez, dice corresponderse —y es su estrategia— con una «democracia recitativa», siguiendo con los giros lingüísticos recientes. Su propósito es permanecer en el poder a rajatabla.
No hay, pues, en Venezuela un dilema entre legitimidad y legalidad: ni legalidad ni legitimidad hay tampoco; solo el factum grosero, un fofo y fatuo momento incapaz de ofrecer certeza y proclive a la manipulación.
Solo mediando un auténtico proceso de consulta electoral podríamos salir de ese agujero en el que nos han metido —cabe decirlo claramente— y del que no se ha logrado aún emerger de su oscuridad, siendo que prevalecen intereses de otra naturaleza, como ya vamos viendo.
Siempre recuerdo a ese poeta que hizo de su genio una suerte de poesía existencial. De José Ingenieros me viene al espíritu aquello de: «¡Ahora o nunca! Mañana es la mentira piadosa de las voluntades moribundas».
