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Shenzhen: la fotografía de un mundo que no cambia

 

Cumbre histórica en Shenzhen: China y Rusia proyectan...

La historia de las relaciones internacionales está llena de reuniones que fueron presentadas como acontecimientos destinados a transformar el mundo y que, con el paso del tiempo, terminaron recordándose más por sus fotografías que por sus resultados. La reunión celebrada en Shenzhen entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin podría incorporarse a esa tradición. Tres dirigentes que representan algunas de las mayores concentraciones de poder económico, militar y político del planeta se sentaron a conversar sobre la paz, la seguridad y el futuro de las instituciones internacionales. El encuentro fue presentado como histórico, pero una vez retiradas las cámaras, la pregunta inevitable es qué cambió realmente.

La respuesta exige distinguir entre el valor diplomático de una reunión y su capacidad para modificar las condiciones que dieron origen a los problemas discutidos. Que los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia hayan compartido una mesa constituye, por sí mismo, un hecho significativo. En un escenario de rivalidades estratégicas, guerras y creciente incertidumbre, mantener abiertos los canales de comunicación es preferible a clausurarlos. Sin embargo, el diálogo no puede confundirse con el acuerdo, ni el acuerdo declarativo con una decisión capaz de producir resultados.

La declaración conjunta de Shenzhen contiene cuatro compromisos: reformar Naciones Unidas, aumentar la producción y el suministro de derivados petroleros, reafirmar determinados principios sobre las inmunidades de funcionarios estatales y la jurisdicción de la justicia internacional, y mantener conversaciones sobre riesgos nucleares y proliferación. No establece plazos, mecanismos de verificación ni una estructura de seguimiento. Tampoco incorpora compromisos concretos sobre Ucrania, Taiwán o los principales conflictos que condicionan la seguridad internacional.

No se trata de negar el valor de las conversaciones, sino de preguntar si estamos ante un esfuerzo por resolver las contradicciones del orden internacional o ante una nueva manifestación de una diplomacia que administra esas contradicciones sin modificar sus causas.

La elección de Shenzhen como escenario tampoco resulta indiferente. La ciudad constituye uno de los símbolos más visibles de la transformación china. Convertida, desde las reformas económicas iniciadas a finales de los años setenta, en un centro industrial y tecnológico de alcance mundial, representa una experiencia singular: la utilización de mecanismos de mercado, inversión, apertura comercial y planificación estatal bajo la conducción de un partido comunista. Su arquitectura, sus empresas tecnológicas y su capacidad productiva ofrecen una demostración material de los cambios experimentados por China durante las últimas décadas.

Para Xi Jinping, recibir allí a los presidentes de Estados Unidos y Rusia permitía proyectar una imagen de modernización y centralidad diplomática. En política internacional, las imágenes también participan en la construcción del poder. Una potencia no solamente busca disponer de capacidades; necesita que los demás reconozcan su importancia.

Sin embargo, sería precipitado concluir que Shenzhen inauguró un orden internacional dirigido desde Pekín. China posee una extraordinaria capacidad industrial y comercial, pero enfrenta desafíos demográficos, financieros y económicos. Estados Unidos conserva recursos tecnológicos, militares, monetarios e institucionales de enorme alcance. Rusia mantiene una importante capacidad estratégica, aunque la guerra en Ucrania condiciona sus posibilidades económicas y diplomáticas. La fotografía reunió a tres potencias con capacidades diferentes y vulnerabilidades igualmente distintas.

Lo que sí permite observar Shenzhen es la creciente importancia de una diplomacia en la que las grandes potencias buscan entenderse directamente, mientras numerosos países afectados por sus decisiones permanecen fuera de la mesa.

Ucrania constituye el ejemplo más evidente. Aunque el conflicto fue mencionado durante las conversaciones, la declaración no contiene un compromiso sobre el respeto de sus fronteras internacionalmente reconocidas, el retiro de fuerzas, las garantías de seguridad o un procedimiento de negociación que incluya a las partes directamente afectadas. Tampoco establece una posición sobre la prohibición de adquirir territorios mediante la fuerza, uno de los principios fundamentales del orden jurídico internacional.

Taiwán introduce otra dimensión. Para Pekín, la reunificación constituye un objetivo político de largo plazo, mientras que la situación del estrecho representa una preocupación central para la seguridad asiática y las relaciones entre China y Estados Unidos. El año 2027, centenario del Ejército Popular de Liberación y año previsto para el próximo Congreso del Partido Comunista Chino, adquiere especial relevancia estratégica. Pero convertir esa coincidencia en una fecha cierta para una acción militar sería confundir hipótesis con decisiones comprobadas.

El silencio de la declaración sobre Taiwán no resuelve ninguna de esas tensiones. Tampoco permite concluir que se haya producido un entendimiento secreto. Lo que podría interpretarse es que los tres gobiernos no quisieron incorporar el asunto a sus compromisos públicos.

África y América Latina también estuvieron ausentes de los acuerdos sustantivos. Y esa ausencia resulta reveladora en un momento en que ambas regiones enfrentan decisiones sobre recursos naturales, inversiones, deuda, tecnología y autonomía estratégica. La reorganización del poder mundial no debería limitarse a establecer nuevas relaciones entre las grandes potencias, sino incluir la capacidad de las demás naciones para participar en las decisiones que afectan su desarrollo.

Aquí aparece una contradicción que Shenzhen no resuelve: el mundo reclama relaciones internacionales menos subordinadas a las imposiciones unilaterales, pero las negociaciones más visibles continúan concentrándose entre quienes disponen de mayor poder.

La cuestión adquiere especial importancia cuando se examina la política exterior de Donald Trump. Su concepción transaccional de las relaciones internacionales ha privilegiado la negociación directa, la presión económica, los aranceles y la búsqueda de concesiones inmediatas. Esa lógica puede producir acuerdos específicos, pero encuentra límites cuando los interlocutores consideran que están en juego intereses estratégicos que no pueden intercambiarse por ventajas comerciales.

China no negocia su posición internacional como una simple operación mercantil. Rusia tampoco reduce sus aspiraciones de seguridad e influencia a una relación de costos y beneficios económicos. Y los aliados de Estados Unidos necesitan algo más que acuerdos ocasionales: requieren previsibilidad y confianza en la continuidad de los compromisos.

Shenzhen mostró la capacidad de Trump para participar en una reunión diplomática de alto nivel, pero no demostró, por ahora, que esa participación haya producido concesiones sustanciales de sus interlocutores. La ausencia de avances concretos sobre el control nuclear y los principales conflictos internacionales también ha sido señalada por observadores de la política mundial.

El problema estadounidense no puede explicarse exclusivamente a través de la figura presidencial. La fortaleza de la política exterior de una nación no nace de su proyección internacional, sino de la solidez interna que la sustenta. Una sociedad profundamente dividida, unas instituciones sometidas a confrontaciones permanentes y unos compromisos internacionales cada vez más inciertos terminan debilitando su credibilidad y limitando su capacidad de influencia en el mundo.

Eso no significa que las democracias sean necesariamente menos capaces de sostener políticas de largo plazo que los regímenes de poder concentrado. Sus mecanismos de control, alternancia y deliberación también pueden constituir fuentes de fortaleza institucional. El desafío consiste en preservar una orientación estratégica nacional sin convertir la política exterior en una prolongación de las disputas internas.

La comparación con China resulta particularmente interesante. Xi Jinping dispone de instrumentos de continuidad política y planificación que no dependen de ciclos electorales. Pero esa ventaja organizativa no garantiza la ausencia de errores ni sustituye la necesidad de responder a las transformaciones económicas y sociales del país. La continuidad del poder, por sí sola, tampoco constituye una garantía de liderazgo internacional.

La declaración sobre la reforma de Naciones Unidas constituye quizá el ejemplo más claro de la distancia entre el deber ser y la voluntad de transformación. Los tres presidentes expresaron su compromiso de reformar la organización para hacerla más eficaz. La formulación resulta difícilmente objetable, pero nada dice sobre la ampliación del Consejo de Seguridad, la representatividad regional, el derecho de veto ni los mecanismos para llevar adelante una transformación que debería incluir, necesariamente, una mayor democratización del Consejo de Seguridad.

La experiencia histórica demuestra que las declaraciones generales pueden repetirse durante décadas sin alterar las estructuras que se pretende modificar. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad conservan privilegios que ninguna reforma de la Carta puede modificar sin su consentimiento. La paradoja consiste en que quienes poseen la capacidad de bloquear transformaciones fundamentales son también quienes proclaman la necesidad de realizarlas.

No es que el multilateralismo carezca de principios. Es que sus instituciones fueron construidas sobre una distribución desigual del poder que continúa condicionando su funcionamiento.

Esta contradicción se manifiesta también en el sistema multilateral de comercio. La creación de la Organización Mundial del Comercio representó un avance importante en el establecimiento de reglas comunes, mecanismos de solución de diferencias y compromisos de apertura. Pero cuando las negociaciones comenzaron a exigir mayores concesiones de acceso a mercados, aparecieron las resistencias.

La agricultura constituye uno de los ejemplos más reveladores. Los países desarrollados defendían la liberalización comercial mientras preservaban instrumentos de protección y apoyo a sus propios productores. Los países en desarrollo reclamaban oportunidades de acceso, pero también necesitaban proteger sectores vulnerables frente a competidores con capacidades financieras y tecnológicas muy superiores.

El problema no consistía simplemente en abrir los mercados. Consistía en determinar quién estaba realmente en condiciones de aprovechar esa apertura y quién asumiría sus costos.

La experiencia de la Ronda de Doha mostró las dificultades de conciliar intereses que todos reconocían como legítimos cuando se trataba de sus propias economías, pero que no siempre estaban dispuestos a reconocer con igual amplitud en las economías ajenas.

Esta cuestión continúa plenamente vigente. El mundo necesita mercados más abiertos, reglas previsibles y mecanismos eficaces para resolver controversias comerciales. Sin embargo, la competencia geopolítica ha impulsado la utilización creciente de aranceles, restricciones tecnológicas y medidas económicas como instrumentos de presión política.

La apertura comercial, tantas veces defendida como principio universal, termina condicionada por los intereses estratégicos de quienes poseen mayor capacidad para imponer excepciones.

La situación de la justicia internacional revela una contradicción todavía más delicada. La declaración de Shenzhen no se limita a proclamar la necesidad de paz y cooperación. También incorpora una referencia específica a las inmunidades de funcionarios estatales y advierte que la Corte Penal Internacional y otros organismos semejantes no deben abusar de su jurisdicción.

La cuestión merece atención por el contexto en que se produce. La Corte enfrenta presiones y sanciones estadounidenses, mientras existen controversias sobre su competencia para investigar actuaciones relacionadas con Estados que no han ratificado el Estatuto de Roma. Esas controversias jurídicas son legítimas y deben examinarse conforme al derecho. Pero una cosa es cuestionar jurídicamente la competencia de un tribunal y otra utilizar instrumentos de presión que puedan comprometer su independencia.

Resulta significativo que la declaración sea imprecisa respecto de la reforma de Naciones Unidas, pero bastante más explícita cuando se refiere a las inmunidades estatales y a los límites de la justicia internacional.

Esa diferencia no demuestra la existencia de un acuerdo para desmantelar la Corte, pero sí permite identificar una coincidencia política sobre una cuestión que afecta directamente las relaciones entre soberanía estatal y responsabilidad internacional.

Y allí aparece una reflexión que trasciende Shenzhen: una institución internacional no demuestra su fortaleza cuando todos están de acuerdo con sus principios, sino cuando sus miembros están dispuestos a defenderla frente a quienes intentan impedir que los aplique.

El problema del multilateralismo contemporáneo no es solamente la insuficiencia de sus mecanismos de decisión. Es también la distancia entre la legitimidad que sus integrantes le reconocen en los discursos y la protección que están dispuestos a proporcionarle cuando su funcionamiento afecta intereses poderosos.

El conflicto israelí-palestino constituye otro recordatorio de esa distancia. Desde la recomendación de partición de Palestina formulada por Naciones Unidas en 1947, la comunidad internacional ha producido innumerables resoluciones, propuestas y declaraciones. Sin embargo, la ausencia de una solución política duradera demuestra que el reconocimiento de principios jurídicos no garantiza su aplicación.

La historia de Naciones Unidas tampoco puede reducirse a sus fracasos. Sus contribuciones a la descolonización, la asistencia humanitaria, la salud y la cooperación internacional han sido significativas. Pero esos logros no eliminan la necesidad de examinar por qué la organización encuentra tantas dificultades para actuar precisamente cuando se enfrentan intereses de las grandes potencias.

En América Latina, esta discusión adquiere una dimensión particularmente concreta. La defensa de la soberanía no puede convertirse en una consigna utilizada selectivamente según la identidad de la potencia que intervenga. Debe aplicarse tanto frente a Estados Unidos como frente a China, Rusia o cualquier otro actor externo.

Venezuela ofrece un caso especialmente sensible. La discusión sobre su reconstrucción institucional y económica no puede separarse de la capacidad de los venezolanos para decidir sobre sus recursos, sus autoridades y sus relaciones internacionales. La cooperación extranjera puede ser necesaria, pero su legitimidad depende también de las condiciones bajo las cuales se establece y de la capacidad de las instituciones nacionales para ejercer control sobre ella.

El principio debería ser inequívoco: la verdadera independencia de una nación no consiste en escoger quién ejercerá influencia sobre ella, sino en recuperar la capacidad de decidir cómo, con quién y en qué condiciones se relaciona con el mundo.

Ese razonamiento permite comprender el significado político de los llamados a la autonomía estratégica que se escuchan desde distintos países del Sur Global. No se trata necesariamente de sustituir el liderazgo estadounidense por el chino, ni de reproducir las antiguas divisiones de la Guerra Fría. Se trata de ampliar las posibilidades de decisión de países que no desean quedar atrapados en rivalidades ajenas.

China ha encontrado espacios para proyectar una diplomacia basada en la cooperación económica, la inversión y el respeto declarado a la no injerencia. Ese discurso resulta atractivo para gobiernos que buscan diversificar sus vínculos internacionales. Pero su credibilidad también deberá medirse por la manera en que Pekín actúe cuando sus propios intereses entren en conflicto con la autonomía de otros Estados.

La transformación del orden mundial no será necesariamente un progreso si únicamente cambia la potencia que dispone de mayor capacidad para condicionar las decisiones ajenas.

Por eso, Shenzhen debe analizarse con una perspectiva que vaya más allá de la competencia entre Xi Jinping y Donald Trump. La pregunta decisiva no es solamente cuál de ellos consiguió proyectar una imagen más favorable, sino si el encuentro produjo condiciones para que las relaciones internacionales sean más previsibles, menos coercitivas y más respetuosas de los derechos de todos los Estados.

Hasta ahora, los compromisos publicados no permiten afirmar que se haya producido esa transformación.

Tampoco sería riguroso asegurar que nada ocurrirá durante los próximos meses. Los contactos diplomáticos pueden abrir procesos que todavía no son visibles. Pero, mientras no existan calendarios, mecanismos de seguimiento, compromisos verificables o decisiones sobre los conflictos fundamentales, no habrá razones suficientes para presentar Shenzhen como el comienzo de una nueva arquitectura internacional.

Su significado podría terminar siendo principalmente simbólico: la demostración de que tres grandes potencias pueden sentarse a conversar, incluso cuando mantienen profundas diferencias, sin estar dispuestas todavía a modificar las condiciones que las alimentan.

El mundo no carece de declaraciones sobre la paz, la cooperación, la soberanía, el desarrollo y la justicia. Tampoco carece de instituciones destinadas a promover esos principios. Lo que sigue faltando es una disposición suficientemente compartida para aceptar que las reglas internacionales deben limitar también el poder de quienes participaron en su creación.

Shenzhen ofreció una imagen de entendimiento entre tres dirigentes que representan enormes capacidades de influencia. Pero las guerras continuaron, las disputas territoriales permanecieron abiertas, las instituciones multilaterales conservaron sus dificultades y los países ausentes de la mesa siguieron enfrentando las mismas incertidumbres.

La fotografía podrá ocupar un lugar en la historia diplomática de 2026. Su trascendencia dependerá de decisiones que todavía no se han adoptado.

Porque el verdadero problema del mundo contemporáneo no es que sus gobernantes hayan dejado de reunirse. Es que pueden reunirse, proclamar su compromiso con la paz, despedirse cordialmente y regresar a sus países sin haber cambiado las condiciones que hacen necesaria la próxima reunión.

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