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Chitty La Roche: ¿Hay simbiosis entre el derecho y la política?

LA JURIDIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA: LÍMITES DIFUSOS ENTRE EL DERECHO, LA POLÍTICA Y LA GLOBALIZACIÓN

«Auctoritas, non veritas, facit legem». Thomas Hobbes

«He aprendido a respetar las ideas ajenas, a detenerme ante el secreto de cada conciencia, a comprender antes de discutir y a discutir antes de condenar. Y puesto que estoy en vena de confesiones, hago todavía una, tal vez superflua: detesto a los fanáticos con toda mi alma». Norberto Bobbio

«Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él; y lo hace hasta que encuentra límites… Para que no se pueda abusar del poder es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder limite al poder». Montesquieu

Como una paradoja, puede decirse —recordando una cita que hacía el maestro Combellas en la lección inaugural del semestre de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCV 2026-2027— que «el poder crea al derecho y el derecho limita al poder».

He allí la base del orden corporativo y de la paz social. Obra allí también el esbozo de esa dinámica que se cumple conceptualmente entre la legalidad y la legitimidad y que puede, no obstante, formularse así: entre el Derecho y la Política no existe una oposición binaria simple, sino un vínculo dialéctico; ambas interactúan como fuerzas asociadas e indispensablemente unidas, aunque habitan, sin embargo, en una tensión estructural constante. Lo mismo acontece en la dinámica democrática entre la actuación de la mayoría que se reclama soberana y los derechos ciudadanos.

Mientras la Política representa las acciones del poder, el abordaje del conflicto, el cambio, la contingencia y la dirección de la voluntad social, el Derecho personifica la forma, la estabilidad, el límite al arbitrio y la técnica de institucionalización. Sin política, el derecho carece de fuerza transformadora y eficacia formal; sin derecho, la política degenera en pura coerción u obscena aplicación de la ley del más fuerte.

Se trata de encontrar mecanismos que eduquen al poder para que del mismo surjan los controles que, a la postre, eviten el exceso, el abuso, la desviación o, acaso, para que, si sucediera, retornara el avieso poder a sus cauces y asumiera la responsabilidad que de su conducta puede derivar. Si un rasgo es clave en el Estado Constitucional es la responsabilidad del poder.

La importancia de este comentario y su pertinencia se patentizan en la peligrosa y universal tendencia que se observa en la actualidad en el ejercicio de formas autocráticas o autoritarias dentro de gobiernos que se enmarcan en regímenes de origen democrático, pero con giros y orientaciones populistas. Se trataría de una trampa que conduce a un fraude conceptual.

Recientemente hemos visto el forcejeo que se cumple en los Estados Unidos de América con un presidente de muy alto perfil que constantemente pone a prueba la relación de poder y competencia con los demás poderes públicos e igualmente con numerosos gremios y organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo puede decirse de varios gobiernos europeos, como España, Hungría e Italia —como los más visibles—, y en Suramérica, Argentina, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, entre otros.

Empero —y me atrevo a enfatizar—, en toda relación jurídica hay una relación política, y ello significa que el intercambio entre seres humanos de cualquier tipo encierra o contiene una forma y un fondo en los que se advierte la presencia de la política, el poder y el derecho.

El Estado, dice Hegel, es la realidad de la idea ética. Es el derecho, es la fuerza que se autolimita en la concreción del bien común, y para ello fuerza y derecho deben conciliarse. Cabe recrear el debate que escenificarían al respecto Carl Schmitt y Jürgen Habermas: Schmitt reduce la relación entre derecho y política a una jerarquía donde el poder manda y la norma obedece; Habermas propone una integración simbiótica y cooriginal donde ambos términos se fundan y limitan mutuamente.

La paz y la justicia, si nos fijamos bien, dependen en buena medida de la naturaleza en que se concilian la política y el derecho, y nunca debe ello perderse de vista. Un vistazo a la doctrina nos muestra que, en efecto, hay una tensión constante entre ambas y así, a la postre, entre legitimidad y legalidad; pero, en paralelo, hay una mutua demanda en la relación dialéctica a la que conduce la esencia civil del Estado.

Entonces comprendemos que, si el fin del Estado democrático apunta a la dignificación de la persona humana, debe asumirse como de su naturaleza misma el establecimiento de bases firmes que no puedan ser susceptibles de alteración de sus valores fundamentales; garantizar su telos, pues: un espacio de naturaleza intangible entre el poder y el derecho.

La doctrina se refiere a la «esfera de lo indecidible» de Luigi Ferrajoli y al «coto vedado» de Ernesto Garzón Valdés como dos principios complementarios de la filosofía jurídica contemporánea que definen los límites sustanciales impuestos a las decisiones de las mayorías democráticas para proteger los derechos fundamentales.

En la misma línea que los citados, es menester invitar a Norberto Bobbio y su presentación del «territorio de lo inviolable». Viendo el asunto desde la perspectiva de la teoría democrática, Bobbio deja claro que ni siquiera la regla de la mayoría podría atentar contra los derechos fundamentales ni contra la democracia como razón y derecho y, muy por el contrario, está obligada hacia ella.

La reflexión que recién iniciamos ha de continuarse en las distintas conexiones que le son propias y lo haremos la semana próxima, Dios mediante.

Nelson Chitty La Roche

nchittylaroche@gmail.com

@nchittylaroche

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