Colombia en la OCDE: oportunidad de desarrollo y gobernanza
Siete años después de iniciar las gestiones, el país entra a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dejando claro que en política exterior sigue teniendo un agenda liberal.
El 28 de abril, Colombia se convirtió oficialmente en miembro de la OCDE, con lo que culminó el proceso de entrada que comenzó el 29 de mayo de 2013. Este es, sin duda, uno de los grandes logros de política exterior, que comenzó con el gobierno de Juan Manuel Santos, y muestra cómo Colombia sigue teniendo, en su proyección exterior, una agenda liberal en el sentido amplio, pues el país ha sido muy activo en el ámbito de la cooperación internacional. Pero ¿qué significa la entrada de Colombia a la OCDE?
La cooperación internacional requiere que los Estados lleguen a un acuerdo sobre cuál es el objetivo y los medios de dicha cooperación, y ello se materializa en instituciones internacionales como la OCDE. Podemos entender cooperación como dos posibilidades. Primero, la cooperación puede ser coordinación: los actores tienen intereses alineados pero varias maneras de alcanzar sus objetivos y, por tanto, necesitan algún acuerdo sobre cuál es la más indicada. Por ejemplo, todos nos beneficiaríamos si todas las personas condujeran por el mismo lado de la calle, pero sin una regla clara sobre qué lado elegir, las calles serían un caos.
Segundo, la cooperación puede ser colaboración: existe un problema que los actores quisieran solucionar, pero todos tienen a su vez el incentivo de no hacer nada y beneficiarse de la solución y el trabajo de otros. Este es el problema de acción colectiva por excelencia: cómo evitar el gorrón o polizón (free-rider) cuando se produce un bien público. El típico ejemplo es la contaminación: todos nos beneficiaríamos colectivamente de dejar de contaminar para tener aire más limpio, pero si alguien puede seguir contaminando y aun así obtener aire limpio debido a que los demás dejan de contaminar, tiene incentivos para hacerlo.
Como se observa, lo que está en el fondo de la cooperación internacional, sea colaboración o coordinación, es solucionar problemas de información y de compromiso: qué hacer, cómo hacerlo y cómo asegurarse de que todos contribuyan. Crear una institución o acceder a ella es una apuesta para solucionar estos problemas. Con base en esto, podemos analizar la entrada de Colombia a la OCDE.
Foro para el desarrollo
La OCDE tiene como propósito el desarrollo de políticas que garanticen el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades de sus miembros. Para ello, la institución funciona como un foro: reúne y centraliza información de sus miembros, produce análisis económicos y realiza recomendaciones a sus miembros. Grosso modo, los beneficios de ser miembro de la OCDE son dos: señalar un compromiso creíble en pro del desarrollo económico y acceder a información y recursos para conseguir dicho desarrollo. Veamos cada uno.
Ser miembro de la OCDE muestra un compromiso hacia el desarrollo económico basado en evidencia y la disposición para implementar reformas que permitan su logro. Para muchos, el comprometerse con reglas internacionales es pura retórica: un Estado puede firmar un tratado de Derechos Humanos y aun así violarlos a diestra y siniestra. Para acceder la OCDE, sin embargo, los países deben mostrar resultados: durante el proceso iniciado en 2013 (e incluso desde antes), Colombia se embarcó en un plan de reformas para poder ser considerado como miembro potencial. Todo el proceso se basa en revisiones externas para evaluar al país como listo o no para ser miembro.
Por tanto, llegar a ser miembro de la OCDE es costoso. Asumir dichos costos muestra un compromiso creíble con la organización y sus objetivos. En ese sentido, los lineamientos de la OCDE permiten la coordinación de políticas económicas de sus miembros, lo cual reduce la incertidumbre sobre las políticas y acciones de los miembros, y ello da un mensaje claro a la comunidad internacional y a los actores privados sobre la seguridad económica de los miembros y sobre las condiciones para las actividades comerciales y de inversión.
Ello nos lleva al segundo beneficio: la membresía de la OCDE lleva al acceso de información y recursos. Un miembro puede conocer las mejores prácticas de desarrollo implementadas por otros y recibir evaluaciones y recomendaciones externas para informar la política económica nacional y establecer prioridades de desarrollo juiciosa y oportunamente. Igualmente, la membresía lleva a los Estados a volverse destinos más atractivos para la inversión extranjera puesto que la homogeneidad de políticas entre los miembros disminuye la incertidumbre que actores privados pudiesen tener sobre el riesgo país, e incluso haría que la actividad y cooperación económicas fuesen más sencillas pues se siguen los mismos estándares en diferentes países. Ello también aplica a las empresas colombianas mirando hacia fuera.
Arma de doble filo
Por supuesto, estar en la OCDE no es una panacea. Cualquier reforma política que el gobierno colombiano desee emprender basándose en los lineamientos de la OCDE debería ser, idealmente, analizada a la luz del contexto colombiano y no en reformar a ciegas. En otras palabras, no debería repetirse la adopción del Consenso de Washington, que fue una liberalización, para muchos apresurada o mal concebida, de las economías latinoamericanas.
Adicionalmente, ser parte de los análisis comparativos de la organización implicará que Colombia figure en el último lugar en muchos indicadores por un buen tiempo. Esto es un arma de doble filo: ello podría ayudar a ejercer presión internacional para mejorar el desempeño y la gobernanza en el país, pero a la vez pondría a Colombia al final de la lista, evidenciando retos y desbalances. Aquí es importante el papel del sector privado y la sociedad civil, pues ya tendrán más información para ejercer presión y asegurar una mejor rendición de cuentas.
Así pues, la entrada a la OCDE le permite a Colombia no solo tener acceso a información y evaluación de expertos para mejorar las decisiones políticas en términos de economía, desarrollo y gobernanza, sino también mostrarse como un país estable y atractivo para la inversión y la cooperación. Todo ello, por supuesto, condicionado por la voluntad política nacional y la proactividad de la sociedad civil y las empresas colombianas para aprovechar esta oportunidad.