Comisión de Encuesta OIT: «Palo y palo no es cayapa»
Si existe un organismo mundial que haya hecho un seguimiento a la conducta de la actual gestión en materia de relaciones de trabajo, ha sido la Organización Internacional del Trabajo (OIT), surgida por cierto hace un siglo en el contexto de los acuerdos del Pacto de Versalles que concluían la Ira. Guerra mundial. Pacientemente durante 20 años ha documentado minuciosamente las tropelías del régimen, en materia de violaciones a los convenios laborales, sigilosamente vigilados por este organismo integrante de la Organización de Naciones Unidas.
En esa dirección desde los años 2002-2003 hasta el presente 2019 han sido dirigidas a sus diferentes instancias decenas de quejas, surgidas por el desconocimiento del régimen a los convenios reconocidos por el Estado venezolano desde el siglo pasado, los cuales han servido de base a todo el entramado jurídico constitucional, que reglamenta en ese ámbito a las leyes laborales de nuestro país, convirtiendo a la Rue de Morillons, sede del organismo en Ginebra, en la estafeta de letanías de trabajadores y empleadores atropellados y perseguidos por la tiranía.
En la oportunidad de ratificar el viejo refrán “tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe”; en marzo de 2018 el Consejo de Administración de la OIT estableció una Comisión de Encuesta, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la OIT, para examinar una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Conocedor el gobierno de la gravedad de la decisión intentó obstaculizar el arribo de la misión a Venezuela, intento fracasado ya que en julio 2019 visitó finalmente a nuestro país la tan esperada delegación internacional.
Pues bien, en la última semana de septiembre 2019 se ha dado a conocer el notable Informe de la Comisión de Encuesta instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, para examinar la observancia por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144).
Debemos decir que su contenido es tan impactante como el conocido Informe de la Comisionada de DDHH Dra. Michelle Bachelet, ya que evidencia ante la comunidad internacional la contumacia de un régimen cuya característica es desconocer al abecedario de los Derechos Humanos, en este caso al capítulo concerniente a la Libertad Sindical.
Sus recomendaciones son tajantes, a saber el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas y organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro; así también la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones, como es el caso de los Sres. Rubén González y Rodney Álvarez, sindicalistas de Ferrominera.
Finalmente cita, a la luz de la gravedad de las cuestiones planteadas, la Comisión considera que la situación y los progresos alcanzados sobre estas recomendaciones deberán ser supervisados activamente por parte de los órganos de control de la OIT concernidos. Lo que significa que para los próximos Consejos de Administración de la OIT en noviembre y marzo, el Régimen autoritario deberá mostrar el acatamiento so pena del tratamiento de estos informes en la Corte Penal Internacional.
En resumen presenciamos a un gobierno deslegitimado, cercado por los organismos internacionales, sin ningún tipo de credibilidad, calificado por todos como una dictadura, cuyo único argumento es ser víctima del imperio, en nombre de una revolución que persigue la libertad sindical, la libertad económica y el empleo decente.