Cuando el Estado deja de estar (I)

En esta primera parte examinare una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando el Estado deja de cumplir las funciones para las cuales existe? En la segunda parte analizare las consecuencias de esa realidad para América Latina y los desafíos que enfrenta la región para reconstruir instituciones capaces de servir verdaderamente a sus ciudadanos.

No fue la magnitud del terremoto lo primero que llamó mi atención, ya que las tragedias naturales, por devastadoras que sean, han acompañado a la humanidad desde siempre. Ningún gobierno puede impedir que la tierra tiemble, que un volcán haga erupción o que un huracán cambie el curso de una ciudad en cuestión de horas.

Lo que realmente me hizo reflexionar fue otra escena:

Mientras miles de venezolanos permanecían bajo los escombros esperando ser rescatados, comenzaron a llegar equipos de emergencia de distintos países, organizaciones humanitarias, voluntarios y ayuda internacional. Aquellas imágenes, profundamente conmovedoras, revelaban al mismo tiempo la grandeza de la solidaridad humana y una realidad mucho más inquietante: cuando un Estado no está en capacidad de responder ante el sufrimiento de su propia población, la tragedia natural se convierte también en una tragedia institucional. Entonces apareció una pregunta que ya no pude apartar de mi mente:

¿Dónde termina la solidaridad internacional y dónde debería comenzar la responsabilidad irrenunciable del Estado?

Comprendí entonces que aquella pregunta trascendía por completo el drama venezolano. En realidad, era una pregunta dirigida a toda América Latina.

Durante décadas, la región ha discutido apasionadamente sobre la izquierda y la derecha, sobre el tamaño del Estado, el mercado, el socialismo, el neoliberalismo, el populismo, el progresismo y el conservadurismo. Hemos cambiado presidentes, constituciones, modelos económicos y discursos políticos con una frecuencia extraordinaria.

Sin embargo, mientras discutíamos quién debía conquistar el poder, fuimos dejando de lado una pregunta mucho más importante:

¿Qué Estado estábamos construyendo?

Tal vez ese haya sido uno de los grandes errores políticos de América Latina. Nos acostumbramos a medir el éxito de un gobierno por el resultado de las elecciones, por el crecimiento económico de un año determinado o por la popularidad de un presidente. Pero muy pocas veces nos preguntamos si, después de cada período de gobierno, las instituciones salían fortalecidas o debilitadas.

La historia muestra que un país puede cambiar de presidente sin cambiar realmente de rumbo. También ha mostrado que pueden celebrarse elecciones regulares mientras las instituciones se deterioran silenciosamente y, demuestra, además, que una sociedad puede tardar años en descubrir ese deterioro, hasta que una tragedia obliga a poner a prueba aquello que durante mucho tiempo permanecía oculto.

Los terremotos tienen esa capacidad: no solamente destruyen edificios, también derrumban ilusiones. En cuestión de segundos dejan al descubierto la verdadera fortaleza de un Estado.

Porque el ciudadano descubre entonces quién coordina el rescate, quién organiza la atención médica, quién garantiza el suministro de agua potable, quién restablece la electricidad, quién distribuye alimentos, quién reconstruye hospitales, escuelas y carreteras.

Es en ese momento cuando una nación comprende para qué existe realmente el Estado. Con frecuencia definimos al Estado mediante conceptos jurídicos o constitucionales que, aunque correctos, resultan lejanos para la mayoría de las personas. Yo prefiero una definición mucho más sencilla y, al mismo tiempo, profundamente humana:

El Estado es la organización que una sociedad crea para no quedar sola frente a la incertidumbre.

No existe únicamente para recaudar impuestos, dictar leyes o administrar elecciones, existe porque hay situaciones que ningún individuo, ninguna familia y ninguna comunidad puede enfrentar por sí sola.

Una epidemia, un terremoto, una inundación, una guerra, el crimen organizado, la administración de justicia, la protección de los más vulnerables, la construcción de infraestructura, la educación pública y la seguridad ciudadana son responsabilidades que exigen algo mucho más profundo que un gobierno de turno. Exigen Estado.

Y es aquí donde aparece una diferencia que con demasiada frecuencia olvidamos: no es lo mismo hablar de gobierno que hablar de Estado.

El gobierno administra el poder durante un período determinado, mientras que el Estado representa la continuidad de una nación.

El gobierno cambia; el Estado permanece. El gobierno responde a un programa político; el Estado debe responder a todos los ciudadanos, el gobierno pertenece a un tiempo electoral; el Estado pertenece a la historia de un país.

Confundir ambos conceptos ha sido uno de los errores más frecuentes de América Latina. Muchos gobiernos han llegado al poder convencidos de que controlar el aparato estatal equivale a construir Estado, pero son dos cosas profundamente distintas.

Conquistar el poder no significa necesariamente fortalecer las instituciones, administrar recursos públicos no garantiza una mejor administración pública, tener mayoría parlamentaria no asegura una justicia independiente, controlar el Ejecutivo no implica que el Estado funcione mejor.

Por eso me atrevería a resumir buena parte de la historia política latinoamericana en una sola frase:

América Latina no fracasó por discutir demasiado sobre el Estado; fracasó por discutir demasiado sobre el poder.

Durante más de medio siglo debatimos intensamente quién debía gobernar. Mientras tanto, dedicamos mucho menos esfuerzo a fortalecer aquello que debía permanecer cuando ese gobierno terminara.

Las consecuencias están hoy a la vista: instituciones débiles, servicios públicos deteriorados, justicia cuestionada, burocracia politizada, infraestructuras abandonadas, sistemas de protección civil insuficientes y ciudadanos que confían cada vez menos en quienes deberían protegerlos.

Todo ello constituye un fenómeno que, a mi juicio, merece un nombre propio. Durante años hemos hablado de crisis política, crisis económica o crisis democrática. Creo que hoy enfrentamos algo todavía más profundo: La crisis funcional del Estado.

¿Qué entiendo por ello?

No significa que el Estado haya desaparecido formalmente. Las constituciones siguen existiendo, los ministerios continúan funcionando, los tribunales mantienen sus edificios, los uniformes siguen presentes y las ceremonias oficiales continúan realizándose.

Lo que comienza a desaparecer es algo mucho más importante: la capacidad efectiva del Estado para cumplir las funciones que justifican su existencia. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser exclusivamente político para convertirse en un problema humano. Porque quien termina pagando las consecuencias no es la clase política: es el ciudadano.

La madre que espera una ambulancia, el niño que necesita un hospital, el agricultor que pierde su cosecha, la familia que espera agua potable, el anciano que necesita una pensión, la comunidad que queda aislada después de una catástrofe, el joven que emigra porque siente que su país ya no puede ofrecerle oportunidades.

Ellos son quienes realmente miden la calidad del Estado. Y no la miden mediante discursos, ideologías ni campañas electorales, la miden a través de una pregunta mucho más simple y mucho más decisiva: ¿Está el Estado cuando más lo necesito?

Venezuela representa hoy la expresión más dramática de esa pregunta.

Los terremotos no destruyeron al Estado venezolano, pero sí obligaron a observar, con una claridad imposible de ignorar, cuáles son sus capacidades reales para responder a una emergencia de semejante magnitud.

No se trata de negar la importancia de la solidaridad internacional, al contrario, la ayuda enviada por distintos países, organismos humanitarios y equipos de rescate constituye uno de los gestos más nobles de la comunidad internacional.

Pero es precisamente aquí donde aparece una reflexión incómoda: la solidaridad internacional debe complementar la acción del Estado, nunca sustituirla.

Cuando la respuesta a una tragedia depende crecientemente del esfuerzo de otros países, de organizaciones no gubernamentales, de iglesias, de voluntarios y de la diáspora, la pregunta deja de ser únicamente humanitaria y se convierte en una pregunta institucional.

¿Qué funciones esenciales sigue ejerciendo el Estado cuando otros deben asumir parte de las responsabilidades que tradicionalmente le corresponden?

No escribo estas líneas para señalar culpables, las escribo porque Venezuela representa hoy una advertencia que América Latina haría mal en ignorar.

El verdadero desafío de la región ya no consiste únicamente en elegir gobiernos; consiste en reconstruir Estados. Porque un gobierno puede sobrevivir durante años administrando el poder, pero un Estado solo sobrevive si continúa siendo útil para la sociedad.

Quizá esta sea la pregunta que debería acompañarnos durante toda esta reflexión:

¿Qué ocurre con una nación cuando el Estado deja de estar allí donde sus ciudadanos más lo necesitan?