Cuando el poder desmonta al juez

Después de la Segunda Guerra Mundial, una parte importante de la comunidad internacional llegó a una conclusión que parecía definitiva: la fuerza no podía continuar siendo el principio que gobernara las relaciones entre las naciones.

Las dos guerras mundiales habían demostrado hasta dónde podía llegar un sistema internacional en el que los Estados actuaban sin límites efectivos, los gobiernos decidían unilateralmente sobre la vida de millones de personas y la soberanía era utilizada como refugio frente a cualquier responsabilidad exterior.

De aquella experiencia surgió una arquitectura internacional imperfecta, desigual y muchas veces insuficiente, pero sustentada en una idea esencial: incluso los Estados más poderosos debían aceptar ciertos límites.

La creación de las Naciones Unidas, la prohibición del uso de la fuerza, los principios de Núremberg, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, varias décadas después, la Corte Penal Internacional formaron parte de esa lenta construcción.

No se trataba de eliminar el poder, sino de someterlo a reglas y evitar que la soberanía pudiera convertirse en una licencia para actuar sin responder ante nadie.

Hoy esa arquitectura está sometida a una presión creciente. Algunos gobiernos cuestionan las instituciones multilaterales, abandonan compromisos internacionales, sancionan a funcionarios judiciales y amenazan con desmontar organismos creados precisamente para limitar la impunidad.

El problema no comienza cuando un Estado decide no reconocer una jurisdicción internacional. Comienza cuando quienes controlan temporalmente ese Estado utilizan su poder político, económico y financiero para intimidar a jueces, castigar a fiscales, bloquear investigaciones o debilitar instituciones que otros países han aceptado libremente.

Las sanciones impuestas contra jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional, después de que esta adoptara decisiones contra dirigentes israelíes, representan un precedente especialmente delicado. El bloqueo de bienes, las restricciones migratorias y las consecuencias financieras no afectan únicamente a quienes ya han tomado una decisión. También envían una advertencia a quienes deberán decidir mañana.

En ese momento ya no estamos frente a una simple defensa de la soberanía, sino ante la pretensión de colocar el poder por encima del derecho.

Los Estados son construcciones jurídicas, políticas e históricas. Sin embargo, quienes toman las decisiones son personas concretas que, durante un período determinado, controlan sus instituciones.

Un presidente, un gobierno o una mayoría circunstancial pueden hablar en nombre de una nación. Pero no deben confundirse con el Estado mismo, ni convertir una posición temporal de poder en una autorización permanente para destruir los límites que también protegen a sus ciudadanos.

Una institución internacional puede necesitar décadas de negociaciones, acuerdos y concesiones para comenzar a funcionar. Para debilitarla, en cambio, puede bastar una orden ejecutiva, una sanción financiera, una amenaza política o una campaña de descrédito.

La ofensiva contra la justicia internacional forma parte de un fenómeno más amplio: el debilitamiento del orden internacional basado en reglas.

Ese orden nunca fue perfecto. Las normas no se aplicaron siempre de manera igualitaria, las grandes potencias conservaron privilegios y el derecho internacional fue interpretado muchas veces según los intereses del más fuerte. Algunos conflictos recibieron atención inmediata; otros fueron olvidados, algunas víctimas encontraron tribunales; otras esperaron durante décadas una respuesta que nunca llegó.

La Corte Penal Internacional tampoco ha estado exenta de errores. La lentitud de ciertos procedimientos, la falta de resultados visibles, la selección desigual de casos, las tensiones internas de la Fiscalía y determinadas actuaciones cuestionables han erosionado su autoridad.

Para muchas víctimas, los años transcurridos sin consecuencias concretas no han representado simplemente un problema burocrático. Han significado abandono, frustración y la sensación de que la justicia internacional puede convertirse en otro escenario de promesas incumplidas.

Pero una institución imperfecta no se corrige destruyéndola.

Se reforma, se fortalece y se obliga a responder.

Su debilitamiento no solo afecta a los Estados, a los jueces o a quienes son investigados. Afecta también al ciudadano común.

Mientras las instituciones nacionales funcionan, una persona puede acudir a un tribunal, presentar una denuncia, exigir una investigación y reclamar protección frente al abuso. Puede confiar, aunque sea imperfectamente, en que existe una autoridad distinta del poder que la dañó.

El verdadero drama comienza cuando esa posibilidad desaparece.

Cuando los tribunales han sido capturados, las fiscalías obedecen al gobierno, la policía protege a los responsables, los expedientes se pierden, los testigos son intimidados y denunciar se convierte en una forma de ponerse en peligro, la justicia nacional deja de ser una garantía.

En esas circunstancias, una instancia internacional ya no es una construcción jurídica distante. Es la última puerta.

La Corte Penal Internacional no devuelve la vida, no elimina el sufrimiento ni garantiza que la justicia llegue con la rapidez necesaria. Pero su desmantelamiento significaría decirles a millones de personas que, una vez destruida la justicia dentro de sus países, ya no existe ningún lugar al cual acudir.

El poder contemporáneo, además, no necesita encarcelar a una persona para aislarla. Puede construir a su alrededor una frontera invisible. No necesita condenarla formalmente, pero puede lograr que bancos, empresas, plataformas tecnológicas y proveedores de servicios teman relacionarse con ella.

El destinatario inmediato puede ser el juez sancionado. El verdadero destinatario es el juez que mañana deba firmar una decisión semejante; el fiscal que todavía no ha abierto una investigación; el funcionario que aún no ha entregado un documento; o el Estado que debe decidir si coopera.

La amenaza se proyecta hacia el futuro.

Una sanción dictada por un gobierno puede extenderse mucho más allá de su territorio porque bancos, compañías y plataformas prefieren interrumpir cualquier relación antes que exponerse a una consecuencia económica o jurídica.

Aparece entonces una forma de cumplimiento excesivo. Cada empresa afirma estar protegiéndose, cada banco invoca sus protocolos y cada plataforma aplica automáticamente sus reglas. La suma de decisiones aparentemente privadas puede producir una exclusión casi total.

La independencia judicial deja entonces de depender únicamente de las leyes. Comienza a depender también de si el juez podrá conservar sus bienes, viajar, contratar determinados servicios o proteger a su familia de consecuencias indirectas.

La amenaza no necesita ser repetida: el ejemplo de quienes ya han sido sancionados basta.

En este contexto debe analizarse la decisión venezolana de iniciar su retirada del sistema de la Corte Penal Internacional.

La medida ha sido presentada como una defensa de la soberanía y como una respuesta al supuesto sesgo político y geográfico de la institución. Sin embargo, la soberanía no pertenece únicamente al gobierno que controla temporalmente el Estado, pertenece también a la sociedad, a las víctimas y a los ciudadanos que necesitan protección frente al propio poder estatal.

Cuando un gobierno decide abandonar una jurisdicción internacional mientras actuaciones de sus estructuras estatales son objeto de investigación, surge una pregunta inevitable:

¿Quién está siendo protegido por la retirada?

La decisión puede ampliar el margen de maniobra del poder, pero no protege a la víctima que ya no confía en los tribunales de su país. Puede dificultar la intervención futura de una instancia internacional, pero también reduce las posibilidades de defensa del ciudadano.

La retirada tampoco produce todos los efectos inmediatos que algunas autoridades pretenden atribuirle. La salida se hace efectiva después del plazo previsto en el Estatuto de Roma y no elimina automáticamente la competencia de la Corte sobre hechos anteriores ni borra las investigaciones o procedimientos ya iniciados.

Los expedientes no desaparecen por una notificación ni las responsabilidades se disuelven mediante una decisión administrativa.

Por eso, el caso venezolano debe analizarse más allá de su presentación formal como un acto soberano.

Existe una coincidencia objetiva entre el interés del poder venezolano en debilitar procedimientos relacionados con sus jerarcas y la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional.

No existe evidencia pública suficiente para afirmar que ambas decisiones formen parte de un acuerdo explícito destinado a destruir la institución. Sostenerlo sería ir más allá de lo que puede demostrarse.

Pero la convergencia de intereses resulta difícil de ignorar.

Por un lado, una gran potencia que rechaza cualquier jurisdicción internacional capaz de investigar a sus ciudadanos, funcionarios o aliados. Por otro, un poder político cuyas estructuras estatales han sido examinadas por la presunta comisión de crímenes graves y que busca reducir la capacidad de actuación de esa misma jurisdicción.

Las motivaciones pueden ser distintas y los intereses no necesariamente idénticos. Pero ambos encuentran un obstáculo común: el juez.

Uno procura impedir que la justicia internacional alcance al más fuerte. El otro busca reducir la posibilidad de que esa justicia continúe examinando lo ocurrido dentro de su territorio.

A esa coincidencia se añade una dimensión política que no debe ser ignorada. En un momento en que el futuro venezolano se encuentra profundamente condicionado por decisiones tomadas fuera de sus fronteras, abandonar una institución que también incomoda al poder estadounidense puede ser interpretado no solo como una estrategia defensiva frente a los expedientes existentes, sino también como una discreta señal de alineamiento.

No es posible demostrar que esa haya sido la motivación determinante de la retirada. Pero tampoco sería prudente analizar la decisión como si hubiera ocurrido en un vacío geopolítico.

Sea cual sea la explicación, el resultado humano es semejante.

Quien pierde es el ciudadano.

Un gobierno puede retirarse de un tribunal internacional en nombre de la soberanía. Pero la víctima no puede retirarse del sufrimiento, de la persecución, de la pérdida de un familiar, de la tortura, del miedo ni de la ausencia de justicia.

Tampoco puede crear por sí misma otro tribunal cuando el poder ha capturado los de su país.

Surgen entonces tres preguntas fundamentales:

¿Quién conserva el poder de juzgar al poderoso?

¿Adónde puede acudir quien ya no encuentra justicia dentro de su propio país?

Y cuando se castiga personalmente a quien intenta aplicar el derecho, ¿quién aceptará ejercer esa función en el futuro?

La primera pregunta determina el porvenir del orden internacional; la segunda, el destino humano de quienes viven bajo un poder sin límites; y la tercera, si todavía será posible encontrar jueces dispuestos a actuar.

Una justicia internacional incapaz de interrogar al poderoso termina convertida en un mecanismo reservado para los débiles. Pero una justicia internacional destruida deja completamente abandonadas a las víctimas de los países más vulnerables.

Una justicia cuyos funcionarios pueden ser castigados personalmente por sus decisiones corre el riesgo de conservar sus edificios, sus normas y sus ceremonias, pero perder silenciosamente su independencia.

Un juez no es verdaderamente independiente si puede ser sancionado por el contenido de sus decisiones mediante el poder extraterritorial de un Estado que no reconoce su jurisdicción.

Un fiscal tampoco puede sentirse plenamente autónomo si, antes de abrir una investigación, debe calcular si conservará sus bienes, si podrá viajar o si sus familiares sufrirán consecuencias.

La destrucción del orden basado en reglas presenta, además, una contradicción estratégica que quienes la impulsan parecen no comprender.

El país que desmonta ese orden suele hacerlo convencido de que continuará siendo el más poderoso. Supone que, una vez debilitadas las instituciones, tendrá mayor libertad de acción. Cree que podrá intervenir sin obstáculos, imponer sanciones sin controles, decidir qué tribunales son legítimos y establecer excepciones según sus propios intereses.

Pero el poder no permanece para siempre en las mismas manos.

Las potencias ascienden y declinan, las alianzas cambian, las economías se transforman y nuevos actores ocupan espacios que antes parecían reservados a otros.

Quien destruye las reglas suponiendo que siempre será el árbitro puede estar preparando un mundo que termine controlado por sus adversarios.

Esta es quizá la paradoja más grave del momento actual.

China, Rusia u otras potencias podrían ocupar los espacios abandonados por las democracias occidentales, impulsar nuevas instituciones, imponer reglas diferentes o construir otros sistemas de dependencia.

No existe ninguna garantía de que el país que destruya el orden vigente sea quien escriba el siguiente. Por el contrario, podría terminar viviendo dentro de una estructura diseñada por sus competidores.

El mundo creado después de 1945 se basó, al menos en teoría, en una idea sencilla: La fuerza debía quedar sometida al derecho.

La realidad actual parece avanzar hacia la fórmula contraria: el derecho existe mientras no contradiga a la fuerza, este cambio no debe ser subestimado.

Ya que podría significar que la comunidad internacional puede estar perdiendo la convicción de que existen límites comunes y responsabilidades compartidas. Y cuando esa convicción desaparece, cada país comienza a prepararse para un mundo en el que solo contará su capacidad de imponer decisiones.

Un mundo es libre cuando incluso el más fuerte acepta límites que no controla y cuando quienes tienen la responsabilidad de aplicarlos pueden hacerlo sin temor a convertirse, ellos mismos, en condenados sin juicio.