América Latina entre Washington y la autonomía

Tres acontecimientos recientes, ocurridos con apenas unos días de diferencia, ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre un problema mucho más amplio que Brasil, Colombia o Perú. No se trata simplemente de comparar gobiernos, ideologías o personalidades. Se trata de examinar cómo un gobernante entiende y defiende los intereses permanentes de su país cuando debe relacionarse con un mundo en el que las grandes potencias vuelven a competir abiertamente por recursos, mercados, tecnología, influencia y espacios estratégicos.

El primero ocurrió en Brasil. Durante la celebración de la independencia, Luiz Inácio Lula da Silva defendió la autonomía brasileña para decidir sus relaciones políticas, económicas y comerciales y vinculó esa soberanía con la administración de las riquezas naturales del país. Su frase fue inequívoca: “No somos colonia y no seremos colonia de nadie”. También sostuvo que ningún gobernante extranjero debe decidir de quién puede comprar Brasil o a quién puede venderle.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Lula en innumerables asuntos. Nada de eso modifica el punto esencial: estaba hablando como jefe de un Estado que entiende que Brasil posee intereses propios y que esos intereses no coincidirán siempre con los de Estados Unidos, China, Europa o cualquier otra potencia.

El segundo ejemplo nos lleva a Colombia. Durante la campaña presidencial, Abelardo De la Espriella sostuvo que las relaciones con Venezuela serían canalizadas a través del Departamento de Estado de Estados Unidos. Aquella afirmación podía parecer entonces una declaración electoral; hoy adquiere una dimensión diferente.

El 8 de septiembre, apenas dos días después del pronunciamiento de Lula, De la Espriella recibió en Barranquilla al secretario de Estado Marco Rubio y ambos anunciaron una nueva etapa en la relación bilateral. Los denominados Acuerdos de Barranquilla comprenden seguridad, recuperación económica, cadenas de suministro de minerales críticos y otras áreas de cooperación.

Dos días después apareció un tercer elemento. En Lima, la presidenta Keiko Fujimori anunció, junto a Marco Rubio, que Perú se incorporaría al denominado Escudo de las Américas, mecanismo liderado por Estados Unidos para fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional.

Combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales no solamente es razonable: probablemente sea indispensable. América Latina enfrenta estructuras criminales que atraviesan fronteras y cuya capacidad económica, tecnológica y militar supera en ocasiones la de algunas instituciones estatales.

Pero una cosa es cooperar y otra muy diferente definir alrededor de qué potencia se organiza progresivamente la seguridad de una región.

La reciente gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú permite preguntarse si estamos simplemente ante una suma de acuerdos bilaterales o ante la aparición gradual de un eje regional integrado principalmente por gobiernos de derecha que encuentran en Washington su principal referencia estratégica.

Nada sería ilegítimo en ello si cada Estado adopta libremente sus decisiones. El problema no es relacionarse con Estados Unidos. La pregunta es hasta dónde llega la cooperación y dónde comienza la pérdida de capacidad propia de decisión.

El caso peruano demuestra que la cuestión no es menor. El Congreso ha comenzado a exigir explicaciones sobre la naturaleza jurídica del Escudo de las Américas, los compromisos asumidos y sus consecuencias sobre la soberanía y las competencias constitucionales del Parlamento.

Perú conoce demasiado bien las consecuencias de los conflictos prolongados entre Ejecutivo y Legislativo. Por ello resulta particularmente significativo que una decisión importante de política exterior y seguridad pueda abrir, apenas comenzado un nuevo gobierno, otro espacio de confrontación institucional.

No significa que estemos ante una nueva crisis presidencial. Significa algo quizás más importante: una política internacional sostenible requiere legitimidad interna. Los grandes compromisos exteriores no deberían descansar exclusivamente sobre la voluntad del gobernante de turno, sino sobre consensos institucionales suficientemente amplios para sobrevivir al gobierno que los adopta.

Las posiciones que hoy aparecen en Sudamérica merecen, por tanto, examinarse con serenidad.

Colombia redefine su inserción internacional alrededor de una relación especialmente cercana con Washington. Perú parece avanzar en una dirección semejante en materia de seguridad. Ecuador profundiza igualmente su cooperación con Estados Unidos. Brasil, en cambio, procura preservar una concepción más autónoma, diversificada y multipolar de sus relaciones internacionales.

No estamos necesariamente ante una nueva división entre izquierda y derecha. Ese sería un análisis demasiado sencillo. Estamos ante distintas concepciones acerca de cómo deben relacionarse los Estados latinoamericanos con las grandes potencias y, sobre todo, acerca de cómo deben defender sus propios intereses.

Estados Unidos ha sido y continuará siendo un socio fundamental para América Latina. Existen relaciones comerciales, inversiones, seguridad, migración, tecnología y vínculos humanos que ninguna política seria puede ignorar. Colombia, Perú, Ecuador y los demás países poseen razones legítimas para profundizar esa relación.

El problema no comienza cuando un país se acerca a Estados Unidos. Comienza cuando cualquier relación exterior, independientemente de la potencia involucrada, termina sustituyendo la definición previa de los intereses nacionales.

Brasil parece intentar preservar un margen amplio de decisión. Mantiene una relación importante con Washington, pero conserva al mismo tiempo una extraordinaria asociación económica con China, participa en los BRICS y desarrolla vínculos con India, Europa, África y los países del Golfo.

Autonomía no significa aislamiento ni hostilidad hacia Estados Unidos. Tampoco significa proximidad automática con China, Rusia o cualquier otro centro de poder. Significa capacidad de decisión.

Un Estado debería poder cooperar con Washington en seguridad, negociar con Beijing infraestructura, asociarse con Europa en tecnología y desarrollar relaciones con otros centros económicos cuando correspondan a sus intereses. Lo esencial no es el nombre del socio, sino la capacidad del país para determinar previamente qué necesita y en qué condiciones está dispuesto a negociar.

Perú representa una prueba particularmente interesante. Su acercamiento político y de seguridad a Washington ocurre al mismo tiempo que China posee una presencia económica extraordinariamente importante en el país. Comercio, minería, infraestructura y el puerto de Chancay convierten la relación con Beijing en un componente estructural de la economía peruana.

¿Qué ocurrirá si la rivalidad entre Washington y Beijing continúa profundizándose?

La pregunta no es teórica. El verdadero examen de una relación internacional no ocurre cuando los intereses marchan en la misma dirección, sino cuando entran en contradicción. Si aparecen diferencias sobre minerales críticos, infraestructura, comercio, tecnología, puertos, energía o relaciones con terceros países, Colombia, Perú, Brasil y el resto de América Latina deberán demostrar si poseen capacidad política suficiente para defender una posición propia.

Esa será la verdadera medida de la autonomía.

En el caso colombiano existe además una dimensión que merece atención. Abelardo De la Espriella posee ciudadanía colombiana, estadounidense e italiana. La posesión de varias nacionalidades no constituye por sí misma prueba alguna de conflicto de intereses. Pero a ello se agregan importantes vínculos empresariales desarrollados durante años con Estados Unidos, particularmente en Florida.

Ninguno de esos hechos demuestra una irregularidad ni permite afirmar que condicionen las decisiones del presidente colombiano. Sin embargo, cuando coinciden ciudadanía estadounidense, intereses económicos significativos y una política exterior caracterizada por una cercanía excepcional con Washington, resulta legítimo preguntarse cómo serán administradas aquellas situaciones en las cuales los intereses de ambos países no coincidan.

No se trata de acusar. Se trata de exigir claridad sobre dónde se encuentra el interés permanente del Estado.

La misma discusión aparece alrededor de los minerales estratégicos. El mundo está entrando en una competencia extraordinaria por litio, cobre, níquel, tierras raras y otros recursos indispensables para la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, la defensa, la energía y las nuevas tecnologías.

Estados Unidos busca reducir su dependencia de cadenas de suministro vinculadas a China. China procura garantizar los recursos necesarios para sostener su capacidad industrial. Europa e India desarrollan también sus propias estrategias.

Pero América Latina debería formular otra pregunta:

¿Qué queremos hacer nosotros con nuestros recursos?

¿Continuar exportando materias primas para comprar después productos tecnológicos fabricados con ellas, o aprovechar esta competencia internacional para desarrollar industrias, conocimiento, tecnología y cadenas productivas propias?

América Latina posee petróleo, gas, litio, cobre, minerales críticos, agua dulce, biodiversidad y capacidad alimentaria. Tiene recursos extraordinarios. Lo que históricamente no ha conseguido transformar con la misma eficacia es esa riqueza en poder económico y capacidad negociadora.

Poseer recursos no genera automáticamente poder. Para convertirlos en desarrollo se necesitan instituciones, estabilidad, infraestructura, educación, tecnología, capital humano, planificación y capacidad para negociar.

La soberanía jurídica sobre los recursos es indispensable. Pero la soberanía efectiva requiere algo más: capacidad para decidir cómo se utilizan, en qué condiciones se explotan y cuánto de su valor permanece dentro del país.

Allí aparece una de nuestras grandes debilidades históricas: América Latina continúa negociando fragmentadamente. Cada país negocia por separado con Washington, Beijing o Bruselas mientras las grandes potencias desarrollan estrategias que se proyectan durante décadas. Nosotros, por el contrario, modificamos demasiadas veces nuestras prioridades con cada elección.

Un nuevo presidente llega y cambian alianzas, proyectos y orientaciones de política exterior. Naturalmente, la democracia exige que los gobiernos puedan modificar políticas. Pero cuando cada alternancia electoral transforma completamente la posición internacional de un país debemos preguntarnos si realmente existe una política exterior de Estado.

Un presidente administra durante algunos años. Un Estado debe pensar en décadas.

Brasil ofrece un contraste interesante porque, aunque sus gobiernos cambian de orientación ideológica, determinadas aspiraciones internacionales han sobrevivido con relativa continuidad: autonomía estratégica, importancia de Sudamérica, relación con múltiples centros de poder y búsqueda de reconocimiento global.

Eso no convierte a Brasil en modelo ni elimina sus contradicciones, pero revela una percepción relativamente estable de sus intereses.

Durante demasiado tiempo, América Latina ha confundido relaciones entre gobiernos con relaciones entre Estados. Las afinidades ideológicas determinan demasiadas veces la política internacional y las relaciones entre países se fortalecen o debilitan cada vez que cambia un presidente.

Las ideologías compiten.

Los gobiernos cambian.

Los intereses permanentes de una nación deberían sobrevivir a ambos.

Es por ello que la integración latinoamericana vuelve a adquirir importancia. No significa que todos los presidentes deban pensar igual. Precisamente lo contrario: la verdadera integración comienza cuando gobiernos que piensan de manera diferente son capaces de reconocer intereses comunes que trascienden sus diferencias políticas.

Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y el resto de la región no tienen que coincidir sobre Estados Unidos o China. Pero deberían poder construir posiciones suficientemente estables sobre infraestructura, energía, comercio, crimen organizado, migración, minerales estratégicos, tecnología, Amazonía y defensa del derecho internacional.

Si, por el contrario, las estrategias regionales comienzan a organizarse alrededor de alineamientos políticos externos, puede producirse una nueva fragmentación. No porque relacionarse estrechamente con una determinada potencia sea necesariamente negativo, sino porque una región que carece de objetivos propios termina respondiendo a prioridades definidas por otros.

Esa fragmentación no tendría consecuencias únicamente diplomáticas. También podría afectar las decisiones sobre infraestructura, energía, comercio, seguridad, tecnología y cadenas productivas. Y, sobre todo, debilitaría la capacidad de los países latinoamericanos para negociar con mayor fuerza frente a las grandes potencias.

Un país latinoamericano aislado puede negociar con Estados Unidos, China o Europa, pero lo hará desde una relación inevitablemente asimétrica. Cuando una región logra identificar determinados intereses comunes, las diferencias de poder no desaparecen, pero su capacidad negociadora aumenta.

La cuestión fundamental, por tanto, no debería ser con quién debe alinearse América Latina.

La pregunta anterior es mucho más importante:

¿Qué quiere alcanzar?

Antes de decidir qué relación construir con Washington, Beijing, Bruselas, Nueva Delhi o cualquier otro centro de poder, cada país debería tener claridad sobre sus propios objetivos: qué sectores desea desarrollar, qué recursos considera estratégicos, qué capacidades tecnológicas necesita, qué mercados quiere conquistar y qué infraestructura requiere.

Solo después debería preguntarse qué relaciones internacionales pueden ayudarlo a alcanzar esos objetivos.

Durante demasiado tiempo América Latina ha discutido sus relaciones internacionales comenzando por las potencias: si acercarse a Estados Unidos, distanciarse de China, incorporarse a determinados bloques o buscar nuevos aliados.

Tal vez el orden debería ser exactamente el contrario:

Primero debemos decidir qué queremos ser.

Después podremos determinar con quién, cómo y bajo qué condiciones podemos construirlo.

Desde esa perspectiva deberán evaluarse también las decisiones que hoy adoptan Colombia, Perú y Brasil. No por la orientación ideológica de sus gobiernos ni por la potencia con la cual decidan relacionarse, sino por algo mucho más concreto: si esas relaciones aumentan o disminuyen su capacidad para alcanzar los objetivos que sus propias sociedades han definido.

Colombia deberá demostrar que su relación con Estados Unidos fortalece la seguridad, atrae inversiones, genera tecnología y empleo y contribuye al desarrollo de capacidades nacionales. Perú deberá demostrar que su incorporación al Escudo de las Américas mejora realmente su capacidad para combatir al crimen organizado, responde a una estrategia nacional y puede coexistir con los demás intereses económicos y comerciales del país.

Brasil tendrá igualmente que demostrar que su política de diversificación produce resultados. No basta con proclamar autonomía. Una política exterior debe generar desarrollo, inversiones, capacidad tecnológica, seguridad y bienestar.

La autonomía que no produce capacidad puede convertirse también en retórica.

Por eso sería un error afirmar anticipadamente que unos tienen razón y otros están equivocados. Tampoco se trata de presentar a Estados Unidos como problema ni a China como alternativa. Esa sería simplemente otra forma de dependencia intelectual.

La misma pregunta debe plantearse frente a cualquier potencia:

¿Qué buscamos obtener?

Seguridad, inversión, tecnología, acceso a mercados, infraestructura, desarrollo industrial y formación de capital humano pueden formar parte de la respuesta. Pero deben ser nuestros objetivos, no simplemente la consecuencia de las prioridades estratégicas de otros.

Estados Unidos fortalece su presencia en la región. China continuará defendiendo los espacios económicos que ha construido. Europa buscará recursos y nuevas asociaciones e India seguirá ampliando su participación.

Cada uno sabe, con mayor o menor precisión, qué busca.

La pregunta es si América Latina también lo sabe.

La discusión no debería ser Estados Unidos contra China, izquierda contra derecha ni Lula contra De la Espriella o Fujimori. Es una discusión más profunda: qué queremos producir, qué capacidades necesitamos, qué recursos queremos preservar, qué lugar queremos ocupar en la economía mundial y qué relaciones internacionales pueden ayudarnos a conseguirlo.

En definitiva, todo conduce nuevamente a una pregunta extraordinariamente sencilla que América Latina lleva demasiado tiempo postergando:

¿Qué queremos nosotros?

No qué quiere Washington, qué busca Beijing o qué necesita Europa.

¿Qué queremos nosotros?

La región posee recursos que el mundo necesita. Eso nos convierte en una región importante, pero ser importante no significa tener poder. La importancia puede provenir simplemente de aquello que otros necesitan de nosotros.

El poder comienza cuando somos capaces de decidir qué hacer con aquello que tenemos, cuánto valor deseamos conservar y qué sociedad queremos construir con ello.

Quizás esa sea la verdadera cuestión que hoy Brasil, Colombia y Perú, desde posiciones diferentes, están colocando frente a toda América Latina:

¿Queremos seguir siendo importantes porque otros necesitan nuestros recursos, o queremos definir primero qué sociedades aspiramos a construir y utilizar nuestras relaciones con el mundo para alcanzar ese objetivo?

Porque antes de decidir con quién caminar, América Latina necesita saber hacia dónde quiere ir.

Y de esa respuesta puede depender nuestro lugar en el mundo durante las próximas décadas.