La democracia no se sostiene únicamente sobre constituciones, elecciones o la existencia formal de los poderes públicos. Se sostiene, fundamentalmente, sobre una cultura que entiende que las instituciones están por encima de quienes circunstancialmente las conducen. En Venezuela, una de las tareas más importantes que deberá asumir cualquier proceso de transición hacia una recuperación democrática será, precisamente, reconstruir esa relación entre ciudadanía, norma e institución. No se trata solamente de cambiar autoridades, sino de recuperar el principio según el cual nadie puede confundirse con la institución que dirige. Esta reflexión adquiere especial relevancia ante la posibilidad de cambios en algunos de los organismos fundamentales del Estado venezolano y obliga a preguntarnos cuánto daño ha producido una práctica que, con el paso del tiempo, terminó convirtiendo la personalización del poder en una conducta aparentemente normal.

El economista e historiador estadounidense Douglass North, Premio Nobel de Economía y uno de los principales representantes del nuevo institucionalismo, desarrolló una concepción de las instituciones como las reglas formales e informales que ordenan la vida de una sociedad. Su aporte resulta particularmente útil para comprender el caso venezolano porque permite diferenciar la institución de quienes la integran. Una organización puede tener presidente, magistrados, rectores, diputados o directivos, pero ninguno de ellos es la institución. Cuando esa diferencia desaparece —es decir, cuando la voluntad de quien dirige pesa más que las normas que regulan el organismo—, nos enfrentamos a un proceso de personalización institucional. El problema no es que exista liderazgo, sino que el liderazgo termine sustituyendo las reglas, debilitando al cuerpo colegiado y haciendo depender las decisiones públicas de la voluntad individual.

Esta práctica no puede atribuirse exclusivamente a un momento determinado de nuestra historia política. Sería demasiado sencillo y, probablemente, equivocado afirmar que comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder. Lo que ha ocurrido durante las últimas décadas tiene una raíz más profunda: una transformación progresiva de determinados valores de nuestra sociedad, donde conductas que antes podían ser cuestionadas comenzaron paulatinamente a ser aceptadas, justificadas e incluso reconocidas como virtudes políticas. La autoridad personal comenzó a imponerse sobre la deliberación, la lealtad, el mérito, la conveniencia, la norma, la obediencia y el criterio profesional. El chavismo encontró estas condiciones sociales y políticas, pero también las llevó a una dimensión mucho mayor, al convertir la concentración del poder y la identificación entre liderazgo e institución en una práctica estructural del sistema.

El politólogo argentino Guillermo O’Donnell, uno de los grandes estudiosos latinoamericanos de la democracia y de la relación entre Estado y ciudadanía, aporta otra pieza fundamental para comprender este fenómeno. Su planteamiento sobre la accountability horizontal permite entender que una democracia no funciona solamente porque sus gobernantes hayan sido elegidos, sino porque existen instituciones capaces de controlar a otras y de establecer límites efectivos al ejercicio del poder. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional o cualquier otro órgano constitucional pierde la capacidad de ejercer sus competencias con autonomía, el problema trasciende a quienes ocupan los cargos: la institución comienza a perder su propia razón de ser. Cuando esa lógica se traslada a los partidos políticos, donde el liderazgo se impone sobre los órganos colegiados, los estatutos y los mecanismos de deliberación, la desinstitucionalización deja de ser exclusivamente un problema del Estado y pasa a convertirse en parte de la cultura política.

La consecuencia más grave de este proceso es que terminamos aceptando como normal aquello que debería ser excepcional. El presidente de un organismo puede terminar comportándose como propietario de la institución; un dirigente político puede confundir su liderazgo con la organización que representa y un funcionario puede considerar que su primera obligación es responder a quien lo designó y no a la ley. De allí nace también la pérdida de la meritocracia: cuando la confianza personal sustituye al conocimiento, la experiencia y la capacidad profesional, las instituciones dejan de seleccionar servidores públicos y comienzan a reclutar subordinados. El resultado es una cadena perversa: menos institucionalidad produce más personalización, la personalización produce menos controles, la ausencia de controles fortalece al individuo y ese individuo termina debilitando aún más a la institución. Romper este círculo vicioso será uno de los grandes desafíos de la Venezuela que inevitablemente tendrá que reconstruir su democracia.

Por ello, cualquier proceso de cambio que alcance a los organismos fundamentales del país debe ir mucho más allá de sustituir nombres y designar nuevas autoridades. La reinstitucionalización de Venezuela debe significar recuperar el valor de la institución frente al individuo. El Tribunal Supremo debe ser más importante que cada magistrado; el CNE, más que sus rectores; la Asamblea Nacional, más que su presidente, y los partidos políticos, más que quienes circunstancialmente ejercen su conducción. La transición democrática tendrá la oportunidad histórica de reconstruir la meritocracia, fortalecer los cuerpos colegiados, garantizar la autonomía de los poderes y hacer que la ley vuelva a ser el límite del poder. Porque cambiar a quienes ocupan las instituciones puede producir alternancia; pero cambiar la cultura que permite que una persona se coloque por encima de ellas es lo único que realmente puede consolidar una verdadera y sólida democracia.

IG,X: @freddyamarcano