Ramón José Medina: La crisis venezolana

En las primeras líneas de Conversación en La Catedral, una de sus novelas más populares, Mario Vargas Llosa se preguntaba angustiado: «¿En qué momento se jodió el Perú?»

Los venezolanos de este tiempo menguado de nuestra historia podríamos hacernos una pregunta similar: ¿cuándo, cómo y por qué un país que había sido el espejo donde el resto de los latinoamericanos se miraban con envidia se ha convertido en un espacio de incertidumbre política, profunda crisis económica y miseria social sin aparente remedio?

¿En qué momento nos transformamos en un país donde sus instituciones languidecen, donde la incompetencia y el autoritarismo se imponen con pasmosa impunidad, y donde la democracia –como sistema político y forma de vida– corre peligro de muerte?

Sí, cabe preguntarse también: ¿cuándo, cómo y por qué Venezuela se precipitó en este abismo de desesperanza, donde ya no existe el Estado de derecho, ni el equilibrio de los poderes públicos, ni el respeto a las minorías y la disensión, ni mucho menos el diálogo como mecanismo natural de entendimiento entre los venezolanos?

En lugar de estas normas elementales de convivencia propias de cualquier sociedad civilizada, vivimos bajo la arbitrariedad, la agresión verbal e incluso física, la invasión de propiedades y una violencia cotidiana que degrada profundamente la vida social.

Pero también podríamos hacernos otras preguntas aún más desalentadoras: ¿tiene arreglo esta situación? ¿Existen razones para mirar con esperanza el futuro del país? ¿Cuál es, en definitiva, nuestro destino como nación?

Por supuesto, esta crisis no nos cayó del cielo. Afirmar lo contrario sería, en el mejor de los casos, ingenuo. Esta crisis nos la ganamos a pulso.

Hagamos memoria.

El 23 de enero de 1958 se abrió una nueva etapa en la historia de Venezuela. Tras décadas de dictadura, la democracia se convirtió en el gran ideal nacional. Ese día, con el dictador en fuga, el pueblo celebró lo que representaba un triunfo colectivo.

Para evitar el regreso al pasado autoritario, los principales partidos políticos –Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática– firmaron el Pacto de Puntofijo, con el objetivo de garantizar la estabilidad democrática, independientemente de los resultados electorales.

Dos grandes lecciones nos dieron los dirigentes políticos de entonces. La primera, que lo más importante para todos era cerrarle el paso a quienes aún pensaban con las botas y preservar, al precio que fuera necesario, la vigencia de la democracia.

La segunda, que para enfrentar estas amenazas prehistóricas con posibilidades de éxito era imperativo que las fuerzas democráticas, sin renunciar en ningún momento a sus propias especificidades, se unieran en un bloque monolítico contra las fuerzas del orden y mando sin contemplaciones.

Con el paso del tiempo, la corrupción –particularmente la corrupción intelectual– fue debilitando los fundamentos del sistema. El llamado «país político» se alejó progresivamente del espíritu democrático original y derivó en una partidocracia desconectada de la sociedad.

No se trata de negar los errores. Pero tampoco debemos confundir esos errores con la esencia misma de la democracia.

La democracia venezolana fue el resultado de un esfuerzo histórico significativo que permitió avances importantes tales como: la expansión de la educación pública; el desarrollo del sistema de salud; la construcción de infraestructura nacional; y la formación de una amplia clase media. Reducir ese proceso a un fracaso absoluto es una simplificación peligrosa.

El debilitamiento del sistema democrático llevó a la crisis del modelo político en los años 80 y 90.

Eventos claves de esa época fueron: la crisis económica de 1983; el estallido social de 1989; los intentos de golpe de Estado en 1992; y la destitución presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1993.

Este contexto facilitó la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998. Su estrategia política incluyó: la eliminación del Congreso existente; la creación de una Asamblea Constituyente; la redacción de una nueva Constitución; la reconfiguración del sistema de poderes; y nuevos procesos electorales.

El resultado fue un sistema donde el Poder Ejecutivo adquiere control predominante; las instituciones pierden independencia; se debilitan los mecanismos de control democrático; y se incrementa la polarización política. Se consolidó un modelo con rasgos autoritarios, aunque legitimado mediante procesos electorales.

A pesar de los ingentes ingresos petroleros, el país experimenta deterioro económico, aumento de la inseguridad, debilitamiento institucional y aislamiento internacional relativo. La crisis no es solo material, sino también institucional y moral.

Después de la muerte de Chávez lo sustituye Nicolás Maduro, cuya gestión ahondó en potenciar la crisis social y económica. En lo político concentró aún más el poder en la presidencia y el centralismo.

Entre los factores que limitan el modelo político se encuentra la falta de una doctrina coherente, la debilidad organizativa de las fuerzas políticas y la persistencia de valores democráticos en la población. A pesar de los intentos de transformación, la sociedad venezolana mantiene un arraigo importante en principios democráticos.

Históricamente, Venezuela ha sido un país centralizado donde la renta petrolera consolidó el poder central, los estados y municipios tuvieron escasa autonomía y la descentralización iniciada en los años 80 fue incompleta.

Hoy frente a la desgracia de los terremotos el chavismo como gobernante ha quedado al desnudo por su ineficacia, irresponsabilidad y corrupción. Esta tragedia revela cómo actuaron en el pasado edificando eso que llamaron «Misión Vivienda» en lugares inadecuados; y, en consecuencia, guiados por la avaricia, produjeron mucho más daño que los sismos.

Nos encontramos, adicionalmente, bajo la tutela de un gendarme que lejos de estabilizar al país y transitar el camino de la transición se concentra sólo en obtener rédito económico de la producción de petróleo y conforme con la conducta del gobierno encargado desmeritar los principios democráticos y la institucionalización del Estado.

Pareciera que Trump y su camarilla dan la razón Vallenilla Lanz cuando en su libro el «Cesarismo Democrático» sostenía que Venezuela no estaba capacitada para una democracia liberal al estilo estadounidense o europea.

Partiendo de ahí afirmaba que el gendarme era una «necesidad orgánica» que requería mano dura para imponer el orden. Pero a la diferencia de lo que estamos viviendo ese «gendarme» debía salir del apoyo popular y no un tirano impuesto desde afuera. Todo ello trae como consecuencia una incertidumbre que nos agobia.

A pesar del panorama descrito, existen razones para la esperanza: la persistencia del pensamiento democrático; la reorganización de la sociedad civil; y la emergencia de nuevos actores políticos.

De nuevo acudiremos a la que ha sido la costumbre, mirar al petróleo para la solución de la crisis tan estigmatizado con la manida frase de Pérez Alfonzo, cuando lo llamó «Excremento del Diablo», que tanto daño ha causado en su valoración, cuando el problema no ha sido el petróleo en sí sino la forma en que se han utilizado los recursos derivados de su explotación.

La clave está en la construcción de un nuevo acuerdo nacional que permita recuperar la institucionalidad, fortalecer el diálogo y garantizar la pluralidad política.

El futuro del país depende de la capacidad de los venezolanos para reconstruir un consenso democrático sólido. Se requiere un nuevo pacto basado en la libertad, el respeto y la institucionalidad. Un acuerdo que no niegue la historia, sino que aprenda de ella y permita retomar el camino hacia una sociedad democrática, estable y justa.

Ramón José Medina es abogado.