Gehard Cartay Ramírez – Bitácora Venezolana (V): ¿Normalización sin transición?

El tema se vuelve repetitivo porque los hechos obligan a volver sobre ellos. Y el tema, obviamente, tiene que ver con la supuesta normalización y la supuesta transición en nuestro país, luego de ocho meses de la extracción de Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.

Al respecto se han hecho las más diversas especulaciones: desde las que hablan de una impaciencia desmedida de muchos venezolanos que piensan que todo sigue igual —salvo la circunstancia de que el exdictador esté ahora detenido en Nueva York a la espera de juicio—, hasta los que se sienten satisfechos porque creen que las cosas están marchando bien.

Vayamos por partes. Los que piensan que muy poco ha cambiado en Venezuela luego del 3 de enero, tal vez exageran. En efecto, algunas cosas han cambiado, aunque muy pocas y a un ritmo lento.

Así, se han permitido ciertas liberalidades en materia de información y opinión en algunos medios, especialmente televisivos y radiales, que luego de largos años de autocensura —aunque en algunos casos fue de abierta complicidad con la dictadura chavomadurista— ahora han abierto ciertas rendijas a contados sectores opositores, y hasta tímidamente asoman críticas al régimen en sus noticieros y espacios de opinión.

También se ha excarcelado a una modesta cantidad de presos políticos, sin que tengan libertad plena, ya que siguen siendo sometidos a un régimen de presentación y, en algunos casos, como el del jurista y profesor universitario Perkins Rocha, continúan presos en sus casas y hasta con un vergonzoso grillete electrónico. Mientras tanto, una cantidad importante de presos políticos continúa en las mazmorras del régimen. Hasta allí llegan los cambios en materia política.

La verdad verdadera es que hay muchas más cosas que deberían haberse cambiado ya y, sin embargo, el «Rodrigato» se ha hecho el desentendido, aplicando una política de demorar y ralentizar medidas que ya deberían haberse implementado, con el indisimulado propósito de ganar tiempo. En este aspecto, quienes están conformes con lo hecho hasta ahora ciertamente pecan de ingenuos, sin faltar los «avispados» que siempre han opinado de acuerdo con sus intereses particulares sin importarles el destino del país, lo cual los acostumbra siempre a no molestar al poder.

La verdad verdadera es que varios centenares de presos políticos, civiles y militares, siguen secuestrados por el régimen, a pesar de las excarcelaciones de otros tantos. La verdad verdadera es que los partidos políticos continúan secuestrados por el régimen y las inhabilitaciones políticas, absolutamente inconstitucionales, continúan vigentes.

La verdad verdadera es que la situación económica sigue empeorando todos los días, con el costo de la vida cada vez más alto y la inflación también en alza; el caos de los servicios públicos, especialmente el suministro de energía eléctrica y de agua potable; la salud en coma; la educación en su momento más lamentable en muchos años, y el indetenible empobrecimiento generalizado de la población, con bonos de hambre y sueldos miserables, jubilaciones paupérrimas y sin seguridad social alguna.

Al parecer, los que piensan que el país está «normalizándose» y que las cosas «marchan bien en el aspecto económico» no se han dado cuenta de estas trágicas realidades, a pesar de que las tienen en la punta de la nariz.

La verdad verdadera es que, hasta ahora, ni normalización ni transición.

Diálogo y negociaciones lentas y opacas

En medio de este cuadro tan lamentable, nadie en su sano juicio puede estar en contra de un proceso serio de diálogo y negociaciones para buscarle una salida a la descomunal crisis política, económica y social que sufre Venezuela desde hace ya casi 30 años.

Sería lo lógico y lo natural. El problema, a estas alturas, es que la gran mayoría de los venezolanos desconfía —con justas razones— de ese tipo de procesos en virtud de la frustrante experiencia vivida hasta ahora, cuyos resultados nunca han sido positivos ni han servido para construir una solución definitiva.

Ya suman varios intentos en este sentido, ninguno de los cuales —insisto— ha terminado exitosamente. Este de ahora pareciera distinto a los anteriores. Por una parte, se dice que está siendo tutelado por el gobierno de Estados Unidos, lo cual constituye un hecho sin precedentes en nuestra historia republicana. Por la otra, las partes carecen de legitimidad alguna para sentarse en nombre de los venezolanos a buscarle una salida a la crisis por cuanto, simplemente, no los representan.

Agréguese a lo anterior que tampoco tienen legítimas facultades constitucionales para esa tarea. La Asamblea Nacional de 2015 carece de vigencia por haberse vencido su período y la comisión que designó el «Rodrigato» tampoco tiene base legítima alguna, pues representa a un régimen de facto, «presidido» por una persona que nadie ha elegido. Por lo visto, Venezuela ha terminado siendo una república sin instituciones ni Estado de derecho, lamentablemente.

Así las cosas, resulta indiscutible que el proceso en marcha entre ambas partes carece de sustento constitucional. Y esto no es poca cosa, por cierto. Claro que, si llegaran a un acuerdo y este tiene posibilidades ciertas de cumplirse por el poder que ejerce el gobierno extranjero que lo tutela, la sola circunstancia de que aquel (es decir, el posible convenio que se discute) pueda ser el inicio de la solución definitiva a la crisis que sufrimos haría superfluo alegar razones constitucionales para oponerse al mismo. Como en otras ocasiones —el 23 de enero de 1958, por ejemplo—, una salida política a contravía de la Constitución podría ser aceptada en función de los intereses de los venezolanos de hoy por aquello del realismo político, que muchas veces se ha impuesto sobre consideraciones jurídicas.

Mientras tanto, hay una justificada preocupación ante las primeras medidas asumidas respecto al Poder Judicial por la comisión de negociación y diálogo. Si bien es cierto que estas apuntan a una reforma judicial, hay temores sobre la designación de los seleccionadores con respecto al próximo Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto desconoce la norma constitucional que los obliga a consultar a la sociedad civil, suponiendo, al mismo tiempo, que se acudirá a un barómetro a tales efectos y que los candidatos cumplirán las exigencias de ley al respecto.

Este de la reforma judicial y de la designación del nuevo TSJ es el primer paso en que ambas partes se han puesto de acuerdo, conforme lo han anunciado. Pero la circunstancia de que los dos sectores pretendan suplantar a la sociedad civil ha suscitado numerosas críticas y cuestionamientos que, sin duda, podrían empañar los resultados que se esperan, por decir lo menos.

El botín de míster Trump… ¿A cambio de qué?

Finalizando agosto ha habido especulaciones de todo tipo en las redes y en algunos medios de comunicación internacionales sobre las aspiraciones del gobierno de Estados Unidos con respecto al petróleo venezolano.

Axios y Bloomberg han publicado reportes sobre tales negociaciones con la persona que dice ser presidente de Venezuela, aunque nadie la haya elegido, y que implicarían abrir la participación de Estados Unidos en campos petroleros venezolanos e, incluso, se ha llegado a comentar que podrían ser arrendados por cien años, todo lo cual es inconstitucional, por cierto.

Y terminando de escribir estas notas, el sábado 29 de agosto, tanto el gobierno de Trump como el régimen de la inelecta dieron cuenta en informaciones oficiales simultáneas de que llegaron a un acuerdo —«el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial», según afirmó muy orondo el presidente norteamericano, «con la estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez»— mediante el cual Estados Unidos, agregó el inefable Trump, «se ha hecho con el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo de Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense».

Hasta ahora se desconoce el contenido de tales acuerdos, en medio de la opacidad y el secretismo que han caracterizado a las negociaciones entre ambas partes luego del 3 de enero, al punto de que se ignora también adónde han ido a parar las decenas de miles de millones de dólares por la venta de nuestro petróleo desde entonces, algo que, al parecer, no le importa a Trump ni a sus pupilos venezolanos en el poder.

Tal vez por esas razones se están posponiendo las elecciones para cambiar al régimen de facto venezolano, por cuanto, de ser ciertas las informaciones, tales negociaciones satisfacen plenamente al gobierno de Trump y le otorgan mayor tiempo al «Rodrigato» para permanecer en el poder. Lo grave es que, como han advertido algunos analistas, tal vez se quiera aplicar aquí el modelo de privatización ruso al caer la URSS, mediante el cual empresas e industrias estatales fueron adjudicadas a mafias de empresarios amigos del gobierno de Putin, lo que significó la eliminación de una privatización competitiva, como debe ser en una economía abierta. La diferencia sería que este proceso pudiera contar con la participación del gobierno de Estados Unidos como el gran decisor.