Las guerras suelen comenzar con objetivos mucho más claros que aquellos con los que terminan. Quienes las inician identifican adversarios, calculan capacidades, establecen metas y proyectan resultados. Lo que rara vez pueden controlar son las transformaciones políticas y estratégicas que la propia guerra desencadena.

Después de casi seis meses de enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, esa paradoja adquiere una importancia extraordinaria. Irán ha sufrido pérdidas humanas, destrucción de infraestructura, enormes dificultades económicas y una presión que alcanza directamente la vida cotidiana de su población. Sin embargo, la cuestión estratégica ya no consiste solamente en determinar cuánto daño ha recibido, sino en establecer si ese daño permitió alcanzar los objetivos políticos perseguidos por sus enemigos.

Hasta ahora, la respuesta resulta menos evidente de lo que podía suponerse al comienzo del conflicto: el régimen iraní no ha desaparecido, el Estado no ha colapsado, las estructuras fundamentales del poder continúan operativas y la capacidad de Teherán para perturbar el funcionamiento del estrecho de Ormuz ha demostrado que una potencia considerablemente inferior a Estados Unidos puede imponer costos que trascienden su territorio y repercuten sobre el comercio, la energía y la seguridad internacional.

Por eso resulta indispensable distinguir entre victoria militar y resultado estratégico. Una potencia puede destruir instalaciones, degradar capacidades y controlar el espacio aéreo de su adversario sin conseguir modificar su voluntad política. Del mismo modo, un Estado mucho más débil puede sufrir enormes pérdidas y, sin embargo, impedir que el adversario alcance aquello que justificó originalmente el recurso a la guerra.

En determinadas circunstancias, no haber sido derrotado comienza a presentarse políticamente como una forma de victoria. En tal sentido, las declaraciones del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, deben interpretarse dentro de esa lógica. Su llamado a terminar la guerra desde lo que describe como una posición de fuerza y dignidad, llegando incluso a proclamar una victoria iraní, no significa que Teherán haya vencido militarmente ni elimina el extraordinario sufrimiento de su sociedad. Expresa algo diferente: Irán intenta transformar su supervivencia estratégica en capital político.

Pero quizá la consecuencia más importante de esta guerra no se encuentre exclusivamente dentro de Irán, sino que podría estar apareciendo alrededor de él.

Durante décadas, la seguridad de Oriente Medio estuvo organizada alrededor de una presencia decisiva de Estados Unidos. Washington proporcionaba protección militar, garantizaba rutas energéticas, mantenía bases y alianzas y funcionaba como principal elemento de disuasión. Arabia Saudita y las monarquías del Golfo dependían considerablemente de esa arquitectura. Israel constituía otro de sus pilares fundamentales, mientras Irán permanecía fuera del sistema y era definido como una de sus principales amenazas.

Ese modelo comienza a mostrar señales de transformación, siendo una de ellas el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, firmado por Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Su alcance no debe exagerarse hasta presentarlo como una nueva OTAN, pero tampoco puede reducirse a un entendimiento coyuntural. Su principio esencial resulta significativo: un ataque armado contra cualquiera de los tres Estados será considerado un ataque contra todos.

Arabia Saudita aporta capacidad económica y energética; Turquía, uno de los aparatos militares más importantes de la región y una creciente industria de defensa; Pakistán incorpora experiencia militar y, sobre todo, su condición de potencia nuclear. Pero lo verdaderamente importante no reside únicamente en lo que cada uno aporta, sino en la decisión de institucionalizar mecanismos de seguridad capaces de disminuir la dependencia absoluta de una potencia exterior.

Lo anterior no significa una ruptura con Estados Unidos; Turquía continúa perteneciendo a la OTAN y Arabia Saudita y Pakistán mantienen importantes vínculos con Washington. Lo que parece estar ocurriendo es una diversificación de las garantías de seguridad. Y esa diversificación introduce una paradoja extraordinaria.

El nuevo mecanismo surge también en un contexto marcado por la capacidad militar iraní y la incertidumbre regional. Sin embargo, su propia evolución podría terminar demostrando que ninguna arquitectura verdaderamente estable puede construirse excluyendo permanentemente a Irán.

La razón es geopolítica antes que ideológica. Irán posee alrededor de noventa millones de habitantes, enormes recursos energéticos, una extensa geografía, importantes capacidades militares y una posición estratégica excepcional. Una de sus costas domina el estrecho de Ormuz, mientras su influencia se proyecta hacia Irak, el Levante, el Golfo, el Cáucaso y Asia Central.

Irán puede ser contenido, sancionado y combatido, pero resulta mucho más difícil construir un sistema permanente de seguridad regional como si pudiera ser eliminado de la ecuación. Allí podría producirse una transformación conceptual extraordinaria: Irán podría pasar de ser considerado exclusivamente una amenaza regional a ser reconocido, incluso por algunos de sus adversarios, como un actor cuya participación resulta indispensable para construir un equilibrio duradero.

Esto no supone que Arabia Saudita, Turquía o Pakistán vayan a convertirse en aliados de Teherán. Tampoco significa desconocer décadas de rivalidades, enfrentamientos indirectos, diferencias religiosas y competencia por influencia. Significa algo más elemental: la seguridad contra Irán podría terminar siendo imposible sin alguna forma de seguridad con Irán.

Las arquitecturas internacionales duraderas rara vez se construyen únicamente entre amigos. Surgen muchas veces cuando adversarios que no confían entre sí descubren que el costo de la confrontación permanente supera al de establecer reglas para administrar sus diferencias.

Europa constituye el ejemplo histórico más conocido. El continente no construyó mecanismos de cooperación porque hubieran desaparecido sus rivalidades, sino después de comprobar las consecuencias de permitir que esas rivalidades continuaran resolviéndose mediante la guerra.

Oriente Medio podría encontrarse frente a una disyuntiva similar. Pero existe otra dimensión que merece atención: la religión.

Sería un error interpretar el Pacto de La Meca como una alianza religiosa. Arabia Saudita, Turquía y Pakistán no han firmado una declaración doctrinal. Sus preocupaciones son profundamente terrenales: seguridad territorial, rutas energéticas, capacidades militares, comercio, estabilidad política y autonomía estratégica. Pero sería igualmente equivocado considerar irrelevante el factor religioso.

Los tres Estados pertenecen a sociedades mayoritariamente musulmanas y comparten referencias capaces de proporcionar al pacto una legitimidad que trasciende el cálculo militar. La religión no sustituye a la geopolítica; puede proporcionar identidad y legitimidad a una cooperación que la geopolítica vuelve necesaria.

Por eso tampoco resulta indiferente el nombre de La Meca. La ciudad santa representa probablemente el símbolo de mayor capacidad unificadora dentro del islam. Utilizar ese espacio permite proyectar una idea poderosa: los Estados pueden mantener diferencias nacionales, estratégicas e incluso doctrinales y, al mismo tiempo, reconocerse dentro de una comunidad histórica y cultural más amplia.

Aquí adquiere importancia la tradicional división entre sunitas y chiitas. Su origen estuvo vinculado fundamentalmente a la disputa política sobre la sucesión del profeta Mahoma, aunque siglos de historia produjeron diferencias doctrinales, jurídicas y religiosas reales.

Esas diferencias poseen capacidad de movilización política y han sido utilizadas para legitimar rivalidades y fortalecer cohesiones internas, pero no constituyen necesariamente una barrera infranqueable cuando los intereses estratégicos aconsejan cooperación.

Durante décadas, la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán fue interpretada parcialmente a través de esa fractura. Continúa teniendo importancia, pero los Estados no hacen política exterior exclusivamente en función de identidades religiosas. Cuando están en juego la estabilidad, las fronteras, las rutas petroleras, el comercio, las inversiones o el equilibrio militar, las diferencias doctrinales pueden quedar subordinadas a intereses más inmediatos.

En ese sentido, el Pacto de La Meca puede entenderse menos como una alianza antichii o exclusivamente anti-Irán que como una respuesta frente al desorden regional.

Arabia Saudita necesita estabilidad para desarrollar su transformación económica; Turquía requiere mercados, corredores comerciales y un entorno regional manejable; Pakistán necesita recursos, inversiones y socios que fortalezcan su posición estratégica. La religión proporciona una identidad compartida, la geopolítica proporciona el interés y la economía aporta buena parte de la urgencia.

Un acontecimiento reciente introduce, además, una variable significativa. Bangladesh ha expresado interés en una eventual incorporación al Pacto de La Meca. No existe una adhesión y sería prematuro interpretar ese interés como evidencia de una ampliación inevitable, pero políticamente resulta significativo.

Bangladesh no pertenece al núcleo geográfico de Oriente Medio. Su eventual participación ampliaría el significado del acuerdo y demostraría cierta capacidad de atracción sobre otros Estados del mundo musulmán. Si otros países recorrieran un camino semejante, La Meca podría evolucionar gradualmente desde un acuerdo trilateral hacia un mecanismo de cooperación de mayor alcance.

Esto no significa que esté naciendo una «OTAN musulmana». Faltan instituciones, estructuras permanentes de mando, integración operacional y, sobre todo, una definición suficientemente compartida de las amenazas.

Pero aparece una pregunta que hasta hace poco no existía: ¿El Pacto de La Meca será solamente una alianza entre tres Estados o está comenzando a convertirse en un polo de atracción para otros países musulmanes que buscan nuevas garantías de seguridad?

La respuesta resulta importante porque una eventual ampliación obligaría al pacto a definir su verdadera naturaleza. Si su propósito fuera simplemente contener a Irán, su expansión encontraría límites evidentes. Si, por el contrario, pretende construir autonomía estratégica, estabilidad y capacidad colectiva frente a distintas fuentes de incertidumbre, su potencial sería considerablemente mayor.

Esta evolución podría tener consecuencias importantes para el propio Irán. Su eventual participación futura en una arquitectura inicialmente impulsada por potencias mayoritariamente sunitas demostraría que la pertenencia a un espacio civilizatorio común puede, en determinadas circunstancias, pesar más que algunas de las divisiones utilizadas durante décadas para organizar las rivalidades regionales.

No desaparecerían las diferencias entre Arabia Saudita e Irán, tampoco las ambiciones turcas ni las preocupaciones pakistaníes. Pero podría comenzar a emerger una idea superior: la seguridad de la región no puede construirse mediante la exclusión permanente de una de sus grandes potencias.

Otro elemento modifica profundamente el cálculo regional: Israel.

Sería incorrecto afirmar que Israel constituye un enemigo común de Arabia Saudita, Turquía, Pakistán e Irán. Sus relaciones, intereses y percepciones de amenaza son diferentes. Arabia Saudita no observa a Israel de la misma manera que Irán; Turquía mantiene una trayectoria propia y Pakistán otra relación histórica.

Sin embargo, el problema puede plantearse de otra manera. La percepción de un poder israelí capaz de actuar militarmente en distintos escenarios regionales, respaldado por una extraordinaria capacidad propia y por su relación estratégica con Estados Unidos, introduce una necesidad creciente de equilibrio.

No hace falta que Israel sea considerado enemigo común para que otros Estados intenten contrapesar su poder. Las alianzas no se construyen solamente contra enemigos declarados. También aparecen frente a concentraciones de poder que otros actores consideran potencialmente peligrosas para su autonomía.

Si esa percepción continúa creciendo, Estados musulmanes históricamente enfrentados podrían descubrir intereses comunes derivados de la necesidad de impedir que una sola potencia regional alcance una posición incontestable.

Eso incluye a Israel, pero también al propio Irán.

Precisamente allí reside la posibilidad de una nueva arquitectura: no sustituir una eventual hegemonía israelí por una iraní, saudí o turca, sino construir un mecanismo que impida que cualquiera de ellas domine completamente a las demás. Sería, en esencia, un sistema de equilibrio regional.

La presencia de Pakistán agrega otra dimensión. La incorporación de una potencia nuclear a un acuerdo de defensa colectiva con Arabia Saudita y Turquía modifica inevitablemente los cálculos de disuasión. No significa automáticamente que el arsenal pakistaní se convierta en un paraguas nuclear para sus socios, pero introduce una variable estratégica que ningún actor regional puede ignorar.

Turquía posee igualmente una posición singular. Miembro de la OTAN, potencia militar regional y puente entre Europa, el Cáucaso, Asia Central y Oriente Medio, Ankara tiene interés en impedir simultáneamente una hegemonía iraní, una expansión incontrolada del poder israelí y una dependencia absoluta de Washington.

Arabia Saudita enfrenta un dilema semejante. Necesita garantías frente a Irán, pero tampoco desea que su seguridad nacional dependa indefinidamente de decisiones adoptadas fuera de la región.

Por caminos diferentes, los tres Estados comienzan a encontrarse frente a una misma pregunta: ¿Puede Oriente Medio continuar dependiendo de potencias externas para administrar su equilibrio interno?

La guerra contra Irán puede estar acelerando la respuesta.

Si uno de sus objetivos era disminuir definitivamente la capacidad iraní para condicionar el orden regional, la prolongación del conflicto podría terminar demostrando exactamente lo contrario: que Irán posee suficiente capacidad de resistencia y perturbación para que cualquier orden futuro tenga necesariamente que tomarlo en consideración.

Eso no convierte al régimen iraní en vencedor.

Una guerra que destruye infraestructura, empobrece poblaciones, provoca muertes y compromete generaciones difícilmente puede describirse responsablemente como una victoria. Pero si una potencia considerablemente superior no consigue imponer los objetivos políticos por los cuales recurrió a la fuerza, mientras el Estado atacado conserva capacidad suficiente para participar en la definición del equilibrio posterior, el resultado ya no puede medirse exclusivamente por instalaciones destruidas o capacidades degradadas.

La pregunta pasa a ser otra: ¿Quién participa en la construcción del día siguiente?

Y allí Irán podría terminar ocupando precisamente el lugar que la guerra pretendía negarle.

Un futuro sistema regional no necesitaría surgir mediante una gran organización desde el primer momento. Podría comenzar modestamente: garantías para la navegación por Ormuz, acuerdos de no agresión, comunicaciones militares destinadas a evitar incidentes, protección de instalaciones energéticas y estructuras permanentes de consulta.

Irán tampoco tendría que incorporarse inmediatamente al acuerdo entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Podría aparecer una arquitectura concéntrica: una alianza defensiva entre determinados Estados y, alrededor de ella, un mecanismo más amplio de seguridad regional en el cual participaran también Irán y otros actores.

Sería imperfecto, contradictorio y sometido probablemente a crisis periódicas. Pero supondría algo históricamente trascendente: la región comenzaría a asumir una responsabilidad creciente sobre la administración de su propio equilibrio.

Desde la desaparición de la Unión Soviética, buena parte del sistema mundial funcionó bajo una extraordinaria concentración del poder estadounidense. Durante años pareció que numerosos problemas regionales podían administrarse mediante la presencia, las alianzas y, cuando Washington lo considerara necesario, la intervención militar de Estados Unidos.

Ese mundo está cambiando.

No porque Estados Unidos haya dejado de ser una potencia extraordinaria, sino porque otros Estados están comprobando una diferencia esencial: superioridad militar y capacidad para ordenar políticamente el sistema internacional no son necesariamente la misma cosa.

Una potencia puede conservar una capacidad militar incomparable y encontrar límites crecientes para transformar esa superioridad en obediencia política permanente.

La guerra contra Irán podría convertirse en otra demostración de esa diferencia.

Estados Unidos puede mantener su enorme superioridad militar y, simultáneamente, descubrir que su capacidad para determinar unilateralmente el resultado político de un conflicto es mucho menor. Eso no significa su fracaso como potencia, sino el debilitamiento gradual de la capacidad de una sola potencia para ejercer una función hegemónica sobre regiones cuya complejidad hace cada vez más difícil imponer desde el exterior un orden duradero.

Irán puede sobrevivir a la guerra y quedar profundamente debilitado; Arabia Saudita, Turquía y Pakistán pueden fortalecer su cooperación defensiva sin convertirse en enemigos de Washington; Israel puede conservar una extraordinaria superioridad militar mientras otros Estados buscan mecanismos para equilibrarla.

Nada de esto constituye todavía un nuevo orden. Pero puede representar su comienzo.

El resultado más trascendente de esta guerra podría entonces no encontrarse exclusivamente en Teherán, Washington o Tel Aviv. Podría encontrarse en la decisión gradual de los Estados de la región de que su seguridad no puede continuar dependiendo exclusivamente de decisiones adoptadas fuera de ella.

Si esa transformación se consolida, Irán enfrentará también una decisión histórica. Podrá continuar utilizando su capacidad regional fundamentalmente como instrumento de confrontación o aceptar que su reconocimiento como potencia implica asumir responsabilidades dentro de un sistema compartido.

Sus vecinos tendrán que decidir algo equivalente: continuar intentando construir seguridad contra Irán o aceptar que alguna forma de seguridad duradera deberá construirse también con Irán.

Y allí la dimensión religiosa podría adquirir una función inesperada. No como sustituto de la geopolítica ni como negación de las diferencias entre sunitas y chiitas, sino como un lenguaje común capaz de legitimar aquello que los intereses estratégicos comiencen a exigir.

Quizá allí se encuentre la verdadera consecuencia de esta guerra. No en determinar quién ganó, sino en comprender que el equilibrio que vendrá después ya no podrá construirse por una sola potencia, contra un solo adversario ni desde una sola capital.

El nuevo Oriente Medio podría comenzar precisamente cuando sus adversarios comprendan que ninguno puede eliminar al otro y que, por ello, todos tendrán que aprender a equilibrarse.