Velásquez: El petróleo no pertenece al Gobierno

El anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela sobre una parte extraordinariamente importante de las reservas petroleras venezolanas ha abierto una discusión que no debería limitarse a determinar cuánto petróleo se producirá, cuáles empresas participarán o si el negocio será rentable.

El verdadero problema es más profundo: quién tiene legitimidad para comprometer durante décadas el principal recurso estratégico de una nación y qué límites deberían existir cuando esa decisión es adoptada en medio de una situación política excepcional.

Donald Trump anunció la participación de Estados Unidos en una estructura destinada a obtener control mayoritario sobre decenas de miles de millones de barriles de reservas venezolanas. Sin embargo, todavía se desconocen aspectos esenciales del entendimiento: su estructura jurídica, duración, obligaciones de las partes, mecanismos de control y condiciones bajo las cuales Venezuela podría revisar sus términos.

Cuando se negocia una parte sustancial del patrimonio natural de un país, la transparencia no es una formalidad; forma parte de la legitimidad de la decisión. Venezuela, además, no atraviesa una situación política ordinaria: existe una autoridad encargada de la Presidencia que puede administrar el Estado y adoptar decisiones indispensables. Mucho más discutible es si una administración provisional posee legitimidad suficiente para comprometer durante generaciones uno de los activos estratégicos fundamentales de la nación.

La Constitución venezolana tampoco permite considerar el asunto como una simple decisión administrativa. Por eso, antes de discutir si el acuerdo es conveniente, existe una pregunta previa: ¿qué instrumento se está firmando y qué procedimientos deben cumplirse para que pueda comprometer legítimamente al Estado venezolano?

Los gobiernos son temporales; los Estados permanecen.

Una administración puede durar meses o años. Una concesión petrolera o una asociación estratégica puede prolongarse durante generaciones y alcanzar a gobiernos que todavía no existen y a ciudadanos que nunca participaron en la decisión.

El petróleo venezolano no pertenece a un presidente, a una autoridad provisional, a un partido político ni a una administración; pertenece a Venezuela. Por eso, cualquier decisión que comprometa una proporción extraordinaria de ese patrimonio debería exigir igualmente legitimidad, transparencia y control institucional. Esto no significa rechazar la inversión extranjera.

Venezuela necesita capital, tecnología, mercados y la recuperación de su capacidad productiva. Después de años de deterioro, sería poco realista imaginar que puede reconstruir por sí sola toda su industria energética.

El problema no es la inversión extranjera; el problema es la relación entre inversión y soberanía.

Una cosa es negociar asociaciones destinadas a recuperar la producción bajo reglas transparentes y compatibles con el interés nacional; otra muy distinta sería conceder a una potencia extranjera una capacidad extraordinaria de decisión sobre recursos estratégicos aprovechando una situación de fragilidad política e institucional.

Estados Unidos tiene intereses legítimos: seguridad energética, acceso a recursos, oportunidades empresariales y una posición estratégica favorable en el hemisferio. Lo que trato de señalar es que ninguna gran potencia ignora sus propios intereses.

El problema surge cuando la desigualdad entre las partes es tan grande que la negociación puede transformarse en una relación profundamente desequilibrada. Una Venezuela debilitada institucionalmente no negocia desde la misma posición que la principal potencia económica y militar del hemisferio. Esa asimetría debería exigir mayores garantías, no menores.

Después de la intervención militar estadounidense de enero, la administración Trump quedó situada en una posición extraordinariamente influyente sobre la reorganización política y económica de Venezuela. Pocos meses después, esa situación comienza a traducirse en propuestas que concederían a Estados Unidos ventajas significativas sobre una parte importante de las reservas petroleras del país.

De ahí me surge la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto una potencia puede convertir las consecuencias políticas y económicas de una intervención en oportunidades particularmente favorables para sus propios intereses?

La pregunta resulta todavía más interesante cuando se observa otra iniciativa del propio Donald Trump: Gaza.

Las realidades de Gaza y Venezuela son radicalmente diferentes y sería equivocado equipararlas. Pero Trump planteó que Estados Unidos asumiera el control de Gaza y participara en su reconstrucción mediante un gigantesco proyecto inmobiliario y turístico.

Lo importante no es comparar ambos conflictos, sino observar una misma manera de interpretar situaciones extraordinarias: un territorio devastado puede convertirse en oportunidad inmobiliaria; un país debilitado y poseedor de enormes reservas energéticas, en oportunidad estratégica y económica. Por eso conviene distinguir entre Estados Unidos y la visión particular de quien hoy administra su política exterior. No estamos necesariamente ante una doctrina histórica estadounidense, sino ante una concepción personal del poder en la cual territorio, recursos, alianzas e influencia pueden ser observados también como activos susceptibles de negociación.

Lo novedoso no consiste en descubrir que una potencia persigue ventajas. Está en la creciente desaparición del pudor con el que esas ventajas son presentadas.

Durante décadas, los intereses económicos fueron acompañados de argumentos relacionados con seguridad, estabilidad, alianzas, democracia o defensa del orden internacional. Hoy comienzan a expresarse de manera mucho más directa: los recursos naturales se convierten en activos negociables; las alianzas se evalúan según cuánto aporta cada parte y las relaciones internacionales empiezan a observarse mediante una lógica de costos, beneficios y retorno de inversión.

La política exterior comienza entonces a parecerse menos a una arquitectura para administrar relaciones entre Estados y más a una sucesión de negociaciones. Cuando el poder internacional se interpreta fundamentalmente como capacidad para obtener ventajas, la frontera entre diplomacia y negocio se reduce, y los precedentes establecidos por las grandes potencias rara vez permanecen limitados a quienes los iniciaron.

Para los países pequeños y medianos, semejante evolución es particularmente peligrosa. Las grandes potencias cuentan con enormes recursos económicos, militares y diplomáticos; los Estados más débiles dependen mucho más de sus instituciones, de su soberanía jurídica y de reglas internacionales capaces de disminuir esa desigualdad. Cuando esas reglas pierden fuerza, el poder vuelve a convertirse en el principal criterio de negociación.

Venezuela debería comprenderlo particularmente bien: el país necesita reconstrucción, cooperación internacional, inversión extranjera y recuperación de su industria petrolera. Pero, precisamente por su fragilidad institucional, cualquier acuerdo que comprometa durante generaciones sus recursos estratégicos debería estar sometido a mayores garantías.

La vulnerabilidad de un país no debería convertirse en el precio de entrada para hacer negocios con él.

El petróleo ha condicionado la vida económica y política venezolana durante más de un siglo. Si bien ha generado riqueza y modernización, también ha traído dependencia, corrupción y enormes frustraciones. Durante décadas, Venezuela discutió cómo convertir el petróleo en desarrollo y, en demasiadas ocasiones, terminó convirtiéndolo en dependencia.

Sería profundamente paradójico que, después de atravesar una de las mayores crisis de su historia contemporánea, el país comenzara su reconstrucción reproduciendo una relación en la cual decisiones fundamentales sobre su principal recurso fueran adoptadas desde afuera y bajo una enorme asimetría frente al socio extranjero.

Reconstruir Venezuela no significa solamente volver a producir millones de barriles diarios; significa reconstruir instituciones, y reconstruir instituciones significa establecer límites. Durante demasiado tiempo, América Latina ha confundido el derecho a gobernar con una supuesta capacidad para disponer del Estado. Pero gobernar no significa poseer; mucho menos una autoridad provisional se convierte en propietaria de los recursos nacionales.

He repetido varias veces en este espacio que el Estado debe trascender al gobierno. Por eso, el debate sobre el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos no debería reducirse a estar a favor o en contra de Trump, de las autoridades venezolanas, de las compañías estadounidenses o de la inversión extranjera.

La verdadera pregunta es otra: ¿qué condiciones deben cumplirse para que una decisión sobre el principal recurso estratégico venezolano pueda ser considerada legítima?

Conocimiento público del acuerdo, control parlamentario cuando corresponda, claridad sobre su duración, mecanismos de revisión, protección de la propiedad soberana venezolana, condiciones económicas transparentes y garantías de que las decisiones fundamentales sobre el recurso continuarán perteneciendo al Estado venezolano.

Si esas condiciones existen, Venezuela podrá discutir racionalmente si el acuerdo es conveniente; si no existen, el problema dejará de ser solamente económico: será institucional y, finalmente, de soberanía.

Las naciones debilitadas suelen cometer algunos de sus errores más graves precisamente cuando más necesitan ayuda. Pero necesidad no significa renuncia.

Venezuela necesita capital, tecnología, mercados e ingresos para reconstruir su economía y sus instituciones. Puede necesitar socios sin necesitar tutores, recibir inversiones sin renunciar a decidir y cooperar con una gran potencia sin convertirse en una extensión de sus intereses.

Y puede reconstruir su industria petrolera sin olvidar algo fundamental: el petróleo no pertenece al gobierno que firma hoy; pertenece al Estado que deberá existir mañana.