César Pérez Vivas: Petróleo y democracia
La opinión pública venezolana e internacional fue sacudida recientemente por un anuncio de enorme trascendencia: la celebración de un convenio petrolero por un siglo de duración entre la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el ilegal e ilegítimo gobierno de Venezuela. La velocidad con la que se difundió esta negociación, sumada a la total opacidad que rodea sus términos y alcances, enciende alarmas profundas en todos los sectores que aspiramos a un cambio real para nuestra patria.
Es evidente que este anuncio se produce en el marco de la dinámica política interna estadounidense. Entendemos la lógica de una gestión que busca simpatías y apoyos del electorado norteamericano. Sin embargo, un acuerdo de esta magnitud e implicaciones temporales no puede pasar desapercibido para quienes vivimos, trabajamos y luchamos en Venezuela por un destino mejor.
Vaya por delante una aclaración indispensable: formamos parte de una sociedad que mayoritariamente respeta, admira y cultiva afecto por los Estados Unidos. No militamos en las filas del antinorteamericanismo ni promovemos discursos de repudio hacia nuestro vecino del norte. Al contrario, como venezolanos que defendemos nuestra soberanía, aspiramos a ser socios y amigos confiables de esa gran nación.
Pero toda sociedad sólida requiere una base ineludible: la transparencia. Como dicta el refrán popular, las cuentas claras conservan las amistades.
Por eso resulta perturbador analizar el pacto suscrito, a espaldas de nuestra nación, entre Delcy Rodríguez y el presidente Trump. Estamos ante una alarmante asimetría institucional: por un lado, firmó un gobierno legítimo, elegido democráticamente y sometido al control de un sistema de separación de poderes; por el otro, firmó un régimen autoritario que usurpa funciones públicas, desprovisto de legitimidad y sin ningún tipo de contrabalance o control interno. Esta grave anomalía genera, de entrada, una profunda desconfianza.
Examinar este asunto requiere ir mucho más allá de los elementos puramente económicos. Para Venezuela, el petróleo ha sido —y debe volver a ser— una herramienta fundamental para el desarrollo humano. Pero para que esa riqueza se traduzca en bienestar, es estrictamente necesario un Estado de derecho.
A finales del siglo XX, con todas las imperfecciones de nuestra República civil, el país consolidó una industria petrolera vigorosa que producía 3,5 millones de barriles diarios. Fue precisamente la instauración del modelo autoritario e ideologizado del chavismo lo que demolió las instituciones y, con ellas, a la propia PDVSA. Bajo ese esquema, el crudo dejó de ser un negocio nacional para convertirse en un botín de guerra asaltado por cúpulas políticas y militares, entregado además como subsidio a la dictadura cubana o bajo condiciones leoninas al expansionismo chino.
Nuestra prédica histórica por el bien común y la justicia nos impide convalidar acuerdos nacidos en la sombra. Toda relación internacional de largo plazo debe ser transparente y, sobre todo, adoptada por poderes públicos legítimos en Venezuela. Solo así estos pactos gozarán de la estabilidad y la utilidad real que demandan ambas naciones bajo un esquema de ganar-ganar.
No caeremos en la tentación del radicalismo estéril que pregonó el oficialismo durante años, pero tampoco perderemos la perspectiva de que somos una república independiente con derecho a dirigir su propio destino.
Petróleo y democracia son las dos variables inseparables de una misma ecuación. Es imperativo rescatar la libertad y el hilo constitucional en Venezuela para que nuestra energía vuelva a ser una palanca de progreso interno y, a la vez, un suministro seguro, estable y confiable para nuestros socios en el hemisferio occidental, bajo los parámetros de una economía de mercado.
La sociedad democrática venezolana seguirá luchando firmemente. Nuestro mensaje a la administración estadounidense es claro: para nosotros, el rescate de la libertad es lo primero. Solo sobre esa base democrática podremos construir relaciones económicas duraderas, transparentes y justas que le devuelvan a nuestro pueblo la calidad de vida y el desarrollo que tanto merece.
