En las últimas semanas, mientras la Casa Blanca ha sido consumida por debates ruidosos sobre la salud, los impuestos y el comercio, ha habido otro debate, más tranquilo, que ocurre  discretamente. Las agencias gubernamentales y los legisladores han estado presionando a la administración en dos direcciones, en relación a si se debe continuar el sendero tomado por la administración Obama sobre las relaciones con Cuba.

Un pequeño pero bullicioso grupo de legisladores, entre ellos el senador Marco Rubio, han presionado a la Casa Blanca para que rectifique el proceso de normalización que el presidente Barack Obama puso en marcha en 2014. El gobierno cubano, sostiene dicho grupo, sigue siendo despótico, y debe ser presionado para obligarlo a impulsar reformas, mediante la aplicación estricta de las sanciones existentes, la amonestación pública y el aislamiento diplomático.

Mientras tanto, una gran coalición a favor de la cooperación entre ambos países, que incluye a legisladores de ambos partidos, empresas y jóvenes cubano-americanos, ha pedido a la Casa Blanca que avance en lo logrado, sobre la base del compromiso que heredó. Al trazar áreas específicas de cooperación con La Habana – aunque estuviese de acuerdo en que había un desacuerdo en cuestiones de derechos humanos – la administración Obama permitió el libre flujo de personas, bienes e información entre los países.

Entre los frutos de este enfoque han sido los acuerdos bilaterales de cooperación en materia de cuidado de la salud, la planificación conjunta para mitigar los derrames de petróleo y la coordinación de los esfuerzos antinarcóticos. La Habana también acordó recientemente comenzar a aceptar algunos cubanos que han sido deportados. Los cambios regulatorios han facilitado a la mayoría de los estadounidenses visitar Cuba – a pesar de que ir allí solamente por turismo sigue siendo técnicamente ilegal – y ha permitido los intercambios más amplios entre académicos, periodistas y artistas. Google, por su parte, está negociando una serie de acuerdos con Cuba que podría ampliar significativamente el acceso a internet en la Isla, una de las naciones más desconectadas de la tierra.

Las declaraciones públicas de Trump sobre la política hacia Cuba han sido breves e impulsivas. Poco después de ser elegido, el Sr. Trump tuiteó: “Si Cuba no está dispuesta a hacer una oferta mejor para el pueblo cubano, el pueblo cubano / americano y los EE.UU. en su conjunto, yo eliminaré los acuerdos”.

Eso puso a cubanos y estadounidenses sobre aviso de que Trump estaba contemplando revertir la política de Obama con respecto a las sanciones estadounidenses. La Casa Blanca inició una evaluación a principios de este año y diversas agencias, incluyendo los departamentos de Estado, del Tesoro y de Comercio, ya han dado su opinión. No está claro cuándo, o si se anunciará pronto una decisión. Trump podría deshacer muchos cambios regulatorios simplemente con su firma. Por ejemplo, podría endurecer las normas sobre el envío de remesas a cubanos, suspender los vuelos comerciales recién re-establecidos entre ambas naciones o prohibir que cruceros estadounidenses atraquen en La Habana.

Si tomase ese tipo de medidas, Trump haría muy feliz a la pequeña coalición pro-embargo en el Capitolio. Pero hacerlo significaría dar marcha atrás en un cambio de política que es muy popular entre los estadounidenses y que cuenta casi con el apoyo universal de los cubanos.

También sería poner los agricultores y las empresas estadounidenses en desventaja, al restringir su acceso a un mercado que se está abriendo gradualmente al comercio mundial. En 2016, la Unión Europea abandonó formalmente una política basada en la búsqueda de una transición democrática y alcanzó un acuerdo más amplio con La Habana que incluye la cooperación en materia de comercio y desarrollo y un diálogo sobre los derechos humanos.

Más dañino aún sería retroceder la relación con Cuba por un camino de confrontación que ciertamente llevaría a los ciudadanos cubanos a una mayor represión y privación. En el pasado, La Habana ha incrementado sus tácticas represivas en los momentos de mayor tensión con Estados Unidos.

En lugar de esperar a que el gobierno cubano le “haga una mejor oferta al pueblo cubano” – sea eso lo que sea – Trump puede seguir permitiendo que sea fácil para los estadounidenses viajar a Cuba y hacer negocios con los cubanos. El fortalecimiento de los lazos no garantiza que Cuba reformará su sistema de partido único o que transformará su economía de planificación centralizada. Pero ello permitiría capacitar a los cubanos mientras contemplan el futuro que quieren para su país.

Traducción: Marcos Villasmil

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NOTA ORIGINAL:

The New York Times 

Push and Pull on Cuba

The Editorial Board

In recent weeks, as the White House has been consumed by loud debates over health care, taxes and trade, there has been another, quieter debate occurring beneath the surface. Government agencies and lawmakers have been pulling the administration in two directions on whether to continue the Obama administration’s path on relations with Cuba.

A small but vocal group of lawmakers, including Senator Marco Rubio, have pressed the White House to roll back the process of normalization President Barack Obama set in motion in 2014. The Cuban government, they contend, has become no less despotic and must be pressured to reform through strict enforcement of existing sanctions, public admonishment and diplomatic isolation.

Meanwhile, a large pro-engagement coalition that includes lawmakers from both parties, businesses and young Cuban-Americans, is calling on the White House to build on the foundation of engagement it inherited. By charting out narrow areas of cooperation with Havana — while agreeing to disagree on human rights issues — the Obama administration enabled the freer flow of people, goods and information between the countries.

Among the fruits of this approach have been bilateral agreements on health care cooperation, joint planning to mitigate oil spills and coordination on counternarcotics efforts. Havana also recently agreed to start accepting some Cubans who have been ordered deported. Regulatory changes have made it easier for most Americans to visit Cuba — though going there purely for tourism is still technically illegal — and enabled broader exchanges among scholars, journalists and artists. Google, meanwhile, is negotiating a series of agreements with Cuba that could significantly expand access to the internet on the island, one of the most unplugged nations on earth.

Mr. Trump’s public remarks on Cuba policy have been brief and thoughtless. Shortly after being elected, Mr. Trump tweeted: “If Cuba is unwilling to make a better deal for the Cuban people, the Cuban/American people and the U.S. as a whole, I will terminate deal.”

That put Cubans and Americans on notice that Mr. Trump was contemplating reversing Mr. Obama’s easement of American sanctions. The White House began an assessment early this year and agencies, including the Departments of State, Treasury and Commerce, have given their input. It is unclear when, or whether, an announcement of a decision will come. Mr. Trump could undo many regulatory changes with the stroke of a pen. For instance, he could tighten rules on sending remittances to Cubans, suspend the newly re-established commercial flights between the nations and stop American cruises from docking in Havana.

If he were to take those sorts of steps, Mr. Trump would make the small pro-embargo coalition in Capitol Hill very happy. But doing so would mean reversing course on a policy change that is widely popular among Americans and nearly universally supported by Cubans.

He also would be putting American farmers and businesses at a disadvantage by curtailing their access to a market that is gradually opening to global trade. In 2016, the European Union formally abandoned a policy predicated on pursuit of a democratic transition and struck a broader agreement with Havana that includes cooperation on trade and development and a dialogue on human rights.

Most damagingly, putting the relationship with Cuba back on a confrontational track would all but certainly subject Cubans to greater repression and privation. In the past, Havana has ratcheted up its repressive tactics during moments of heightened tension with the United States.

Instead of waiting for the Cuban government to “make a better deal with the Cuban people” — whatever that means — Mr. Trump can continue to make it easier for Americans to travel to Cuba and do business with Cubans. Strengthening ties does not guarantee that Cuba will reform its one-party system or overhaul its centrally planned economy. But it would empower Cubans as they contemplate the future they want for their country.