El apoyo del PC chileno a los hechos ocurridos en Venezuela en 2017 que ahora son investigados por la Corte Penal Internacional

Fueron varios los miembros del Partido Comunista los que señalaron a la oposición venezolana e incluso a Estados Unidos como los supuestos responsables de lo que estaba ocurriendo en ese país en 2017, hechos por los que hoy es investigado el régimen de Maduro y que dejaron 163 muertos en manifestaciones. Por crímenes de lesa humanidad la pena prevista en el Estatuto de Roma es de hasta 30 años de cárcel y en casos excepcionales, prisión perpetua.

Por la posible comisión de crímenes atroces, específicamente de delitos de lesa humanidad, esa es la razón por la cual la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigará los hechos cometidos en Venezuela desde abril de 2017, cuando ya Nicolás Maduro estaba en el poder. La información fue dada a conocer la tarde del pasado miércoles luego de que se firmara un memorándum de entendimiento entre el fiscal Karim Khan, por parte de la CPI, y Nicolás Maduro, por el gobierno venezolano.

Los sucesos por los que el régimen venezolano será investigado se dieron en el marco de manifestaciones de calle que ocurrieron en diferentes ciudades de ese país en 2017, que se extendieron por varios meses y que dejaron 163 fallecidos entre abril y agosto de ese año, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Todo esto tuvo repercusión internacional y Chile no fue la excepción.

No fueron pocos los militantes de partidos ubicados a la izquierda los que le bajaron el perfil, asegurando que estaba dentro del marco constitucional lo que ocurría en esa nación y que luego del proceso judicial en la CPI, si se dicta fallo condenatorio, podría llegar a ser legalmente calificado como “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

Así define el Estatuto de Roma en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad. La pena por estos delitos podría incluso ser de cárcel a perpetuidad, señala la abogada y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Andrea Santacruz.

Karol Cariola, actual diputada comunista, publicó el 31 de marzo de 2017 un comunicado de siete puntos en su cuenta en Twitter, donde  habló de “responsabilidades compartidas” y puso el énfasis sobre la oposición de ese país. “Esta misma oposición que hoy se muestra como víctima en Venezuela ha tenido en todo el proceso de revolución bolivariana una actitud de desestabilización golpista, desconociendo la constitución y las decisiones democráticas del pueblo venezolano”, expresó.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dio declaraciones en julio de ese año en las que no se refirió a lo que ocurría en las calles de las principales ciudades de Venezuela por esos días, y puso el acento en factores externos de los que, en su criterio, el gobierno de Maduro era víctima.

“No podemos dejar de decir que en torno de ese país hay un intervencionismo brutal, una ofensiva mediática que rompe todos los márgenes, no hay ecuanimidad ni equilibrio. Las presiones externas, principalmente de Estados Unidos, y las acciones desestabilizadoras de la derecha buscan evitar este proceso, esta oportunidad, siguiendo con el mismo modelo que se aplicó en Chile. De hecho le dieron un golpe de Estado (a Hugo Chávez)  y por unas horas instalaron una administración de facto. Ahora quieren derrocar a Nicolás Maduro”, dijo.

“El proceso que se vive en ese país está dentro del marco constitucional y dentro de la institucionalidad, por eso nadie puede criticarlo o desecharlo. La Asamblea Constituyente puede ser un mecanismo para que en Venezuela se superen varios problemas y se tengan mejores condiciones democráticas y sea una salida para la actual situación interna”, agregó Teiller.

Daniel Jadue también puso en la oposición al referirse a quienes serían los responsables de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Venezuela y por lo que hoy investigan no a los opositores, sino al régimen de Maduro. “El problema es cuando tú tienes una oposición que, primero, se pone a disposición de un gobierno extranjero para atentar contra su propio gobierno. Yo no sé si nosotros eso lo hemos vivido, aquí hay gobiernos que intervinieron financiando elecciones para torcer la voluntad popular. Allá pasa algo similar, la oposición en un minuto, tratando de convocar el golpe, porque la oposición está desde el año 2000 tratando de hacer un golpe”, dijo en el programa Mejor Hablar de TVN, el 30 de julio de 2017.

“Nosotros, como partido, somos muy respetuosos en dejar que los venezolanos diriman sus problemas y de no intervenir en los asuntos internos. Desearles con mucha fuerza que el uso de las herramientas que su Constitución les da, resuelvan sus problemas internos”, indicó.

Precisamente en esa misma línea, el PC, como partido, emitió un comunicado en el que se afirmaba que lo que ocurría en ese país estaba dentro del marco constitucional. “Rechazamos categóricamente las aseveraciones emitidas por nuestra Cancillería, a nombre del Gobierno, que pretenden cuestionar la constitucionalidad, legitimidad y naturaleza democrática de una iniciativa soberana efectuada en la República Bolivariana de Venezuela”, señalaba el documento.

La ex candidata presidencial del FA, Beatriz Sánchez, también avaló el carácter democrático de lo que ocurría en Venezuela. “Yo hice un editorial en que señalé que Fidel Castro era un dictador. Venezuela no es una dictadura“, dijo en una entrevista que publica el 23 de abril de 2017 en El Mercurio.

El diputado PC Hugo Gutiérrez se sumó a la lista: “Hay que respetar la institucionalidad de cada país, Trump salió electo Presidente con dos millones menos de votos que Hillary Clinton y hay que respetar eso. En cualquier parte del mundo, una persona que saca dos millones de votos menos es el perdedor, y uno no lo cuestiona porque es la institucionalidad que Estados Unidos tiene. En el caso de Venezuela hay un tribunal supremo que dictamina que se inhabilite a estos parlamentarios porque habían hecho campañas ilegales”.

Aprovechar la coyuntura en Venezuela para hacer ataques internos

También hubo casos como el de la diputada Camila Vallejo, que no avaló lo que estaba sucediendo en Venezuela, pero sí lo aprovechó de contexto para efectuar ataques internos. “No estar de acuerdo con lo de Venezuela no significa aceptar lecciones de democracia de quienes en Chile defienden a violadores de DDHH”, escribió en su cuenta en Twitter el 31 de marzo del ya referido año 2017.

¿Por qué manifestaba la oposición en Venezuela?

Fueron precisamente medidas tomadas por diferentes poderes públicos en ese país, controlados por el oficialismo, lo que caldeó los ánimos de gran parte de los venezolanos, que salieron masivamente a las calles a protestar.

En enero de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país ratificó una sentencia de desacato contra la Asamblea Nacional (símil al Congreso chileno), por haber sido juramentados tres diputados que según fallo de esa misma instancia no podían hacerlo. A este hecho era al que se refería Gutiérrez.

Luego, el 29 de marzo de 2017, el mismo TSJ dictó la decisión 156, mediante la cual asumió las competencias de la Asamblea Nacional, que en ese momento era dominada por la oposición. El fallo fue considerado un autogolpe de Estado y la gente salió a las calles. Aunque tres días después el alto juzgado reculó, ya no hubo vuelta atrás para la ciudadanía. Muertos, heridos y detenidos durante las manifestaciones en medio de dispositivos de control de orden público que el régimen denominó ‘Plan Zamora’ no hicieron más que multiplicar las protestas en todo país.

En medio de esta crisis el régimen anunció que iniciaría el proceso para la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Luego, el 1° de mayo, al no poder controlar el Poder Legislativo, único en el que la oposición era mayoría en esa Nación, Maduro llamó, mediante decreto presidencial, a una Asamblea Nacional Constituyente con suprapoderes, que finalmente nunca presentó ninguna propuesta de texto constitucional.

¿En qué podría terminar la investigación que iniciará la CPI?

El proceso en la Corte Penal Internacional tiene tres etapas: examen preliminar, Investigación y Juicio. En el llamado caso Venezuela I, que es el que está referido a los ya mencionados hechos que ocurrieron en ese país en el año 2017, ya fueron cumplidas las cuatro fases que integran la etapa del examen preliminar y lo que viene ahora, como informó el fiscal Khan, es la investigación. La explicación la da Andrea Santacruz, abogada y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, en Caracas, que advierte que la referida etapa no tiene un lapso límite para su terminación.

“Ya en julio de este año se había señalado que había motivos razonables para creer que Venezuela estaba en una situación de inacción, es decir, que no se estaba juzgando a los más altos responsables por los casos que ellos están considerando en el marco del examen preliminar”, señala la especialista en materia de derechos humanos.

Es enfática en aclarar que en este momento no hay ninguna individualización en cuanto quienes pudieran ser responsables de los hechos que son objeto de investigación, lo que, advirtió, no constituye un inconveniente desde el punto de vista legal. Será precisamente en el proceso de investigación donde pudieran ocurrir estas individualizaciones.

En ese marco, la fiscalía de la CPI puede hacer comparecer a quienes considere necesario ante su sede en La Haya. No está descartado que, por ejemplo, Maduro pudiera figurar entre quienes a los que les dicten órdenes de comparecencia y, en algunos casos, órdenes de aprehensión.

“Si avanza el proceso y lo incluye a él como individuo en la investigación y luego en el juicio se define su culpabilidad tendría que cumplir la pena correspondiente”, explicó Santacruz.

La jurista señaló que el Estatuto de Roma establece que la pena máxima es de 30 años de cárcel o excepcionalmente puede ser de por vida. “Pero en los casos que se han visto hasta ahora, la mayoría, se ha impuesto lo que sería una media: 14 años“, dijo.