El mundo como propiedad

El 18 de agosto de 2026, Donald Trump publicó en su red social una imagen del estrecho de Ormuz acompañada de una expresión que difícilmente puede considerarse irrelevante: «nuevo territorio de Estados Unidos». No era la primera vez que hablaba de esa posibilidad. Días antes había afirmado que, después de derrotar a Irán, pensaba convertir el estratégico paso marítimo en territorio estadounidense, argumentando que Estados Unidos ejercía ya sobre él un control prácticamente absoluto.

La declaración podría incorporarse a la larga lista de provocaciones verbales que han caracterizado la carrera política de Trump. Sería posible atribuirla a su conocida tendencia a exagerar, amenazar o llevar una negociación hasta posiciones extremas para modificar posteriormente sus términos. Pero hacerlo supondría ignorar una continuidad cada vez más difícil de considerar accidental.

Antes de Ormuz estuvieron Groenlandia, el canal de Panamá, Canadá y Gaza. Venezuela incorporó después otra dimensión: recursos naturales, petróleo, tutela y capacidad de decisión sobre un país debilitado. Los casos son profundamente diferentes entre sí, no poseen el mismo estatuto jurídico, no tienen la misma historia y tampoco puede afirmarse que Washington haya desarrollado frente a todos ellos una política idéntica. Sin embargo, algo los aproxima: la manera en que el actual presidente estadounidense tiende a observar territorios, recursos y posiciones estratégicas.

Las preguntas parecen repetirse:

¿Qué tienen? ¿Cuánto valen? ¿Para qué sirven? ¿Quién los controla? Y, finalmente, ¿por qué Estados Unidos no podría controlarlos?

Ahí reside probablemente el aspecto más importante del problema.

Trump no inventó la política de poder, tampoco inventó el expansionismo, la intervención, las zonas de influencia ni la utilización de la superioridad militar para defender intereses económicos. La historia internacional está llena de ellos.

Lo novedoso, por tanto, no reside en que una potencia persiga ventajas, sino en la creciente desaparición del pudor con que esas ventajas se presentan y justifican.

Durante buena parte del orden internacional construido después de 1945, incluso las grandes potencias sintieron la necesidad de justificar sus actuaciones mediante algún lenguaje jurídico o político. Las intervenciones podían resultar discutibles, las reglas aplicarse selectivamente y las explicaciones incluso ser falsas, pero subsistía una necesidad de legitimación: la fuerza necesitaba explicar por qué estaba siendo utilizada.

Lo que empieza a aparecer ahora es diferente: la capacidad parece convertirse progresivamente en argumento. Estados Unidos controla militarmente una ruta; por tanto, puede surgir la idea de quedársela.

Un territorio posee minerales estratégicos y ocupa una posición geográfica indispensable; entonces puede discutirse su adquisición.

Un canal resulta esencial para el comercio y la seguridad; puede plantearse recuperar su control. Una franja costera destruida por la guerra posee un extraordinario valor inmobiliario; puede imaginarse su reconstrucción bajo administración exterior.

Un país posee las mayores reservas petroleras del mundo y un Estado profundamente debilitado; sus recursos comienzan a formar parte del cálculo estratégico de quien posee capacidad para intervenir.

No estamos todavía ante una doctrina formal. Estamos ante algo quizá más importante: una forma de pensar el poder.

En febrero de 2025, Trump propuso que Estados Unidos asumiera el control de Gaza y planteó su reconstrucción y transformación económica. La propuesta provocó rechazo entre aliados y adversarios y fue inmediatamente relacionada con sus planteamientos anteriores sobre Groenlandia, Canadá y el canal de Panamá.

En el caso de Groenlandia, la insistencia continuó. Ya en enero de 2025 Trump se había negado a descartar medidas económicas o militares para obtener control sobre Groenlandia y Panamá. Un año después, las autoridades groenlandesas seguían rechazando públicamente lo que calificaban como fantasías de anexión.

Venezuela agregó una dimensión particularmente sensible. La combinación de intervención, petróleo, reconstrucción, debilitamiento institucional interno y capacidad estadounidense para influir sobre decisiones esenciales del país produjo cuestionamientos sobre dónde terminaba la asistencia exterior y dónde comenzaba una forma contemporánea de tutela. Reuters recogió incluso críticas que describían parte de la política de Trump hacia Venezuela, Gaza y Groenlandia como una deriva de carácter imperial.

Ormuz conduce esa secuencia hacia un terreno mucho más peligroso. El estrecho no es un territorio disponible a la espera de propietario. Forma parte de una compleja geografía jurídica entre Irán y Omán y constituye una vía utilizada para la navegación internacional. El derecho del mar protege precisamente esa doble condición: reconoce la soberanía y jurisdicción de los Estados ribereños y, al mismo tiempo, establece derechos de tránsito para la navegación internacional. El artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar deja claro que el régimen de paso no modifica el estatuto jurídico de las aguas ni la soberanía de los Estados que bordean el estrecho.

Controlar militarmente Ormuz no convierte, por tanto, a Estados Unidos en propietario del estrecho. Y precisamente allí aparece el problema.

La afirmación de Trump introduce nuevamente una idea que el derecho internacional contemporáneo intentó separar después de siglos de conquistas territoriales: la capacidad de controlar y el derecho a poseer no son la misma cosa.

La Carta de las Naciones Unidas se construyó sobre esa diferencia. Su artículo 2 establece la igualdad soberana de los Estados y prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política.

El orden internacional posterior a 1945 nunca consiguió aplicar esos principios perfectamente. Las guerras continuaron, las grandes potencias violaron soberanías y existieron ocupaciones e intervenciones. Pero el principio permaneció: conquistar no otorgaba automáticamente un título legítimo de propiedad.

Trump parece acercarse peligrosamente a la frontera conceptual contraria, y lo hace en un momento especialmente delicado. Estados Unidos ha reconocido oficialmente que ejerce un bloqueo naval y un control extraordinario sobre el tráfico en Ormuz. La propia Casa Blanca presentó, semanas atrás, ese control como elemento central de su estrategia de presión contra Irán. El memorando entre Washington y Teherán destinado a abrir un período de negociación expiró el 17 de agosto sin conducir a un acuerdo definitivo, mientras ambas partes mantienen versiones contradictorias sobre el funcionamiento del estrecho y sobre las condiciones para restablecer plenamente el tránsito.

Por ello, la declaración del 18 de agosto no ocurre en el vacío.

Aparece después de meses de guerra, bloqueo, presión económica, deterioro de las negociaciones y control militar efectivo de una de las arterias energéticas más importantes del planeta.

La secuencia resulta inquietante: primero se obtiene capacidad de control; después, el control comienza a presentarse como derecho; finalmente, aparece la posibilidad de posesión.

Este es el verdadero punto de inflexión.

Si Estados Unidos sostiene que la capacidad militar para controlar una ruta estratégica puede permitirle imaginar su incorporación territorial, ¿qué argumento utilizará mañana para negar a otra potencia la posibilidad de emplear un razonamiento semejante?

Rusia podría aplicarlo en su entorno inmediato. China podría trasladarlo a espacios marítimos que considera estratégicos. Potencias regionales podrían utilizarlo frente a vecinos más débiles.

Cada actor presentaría circunstancias distintas. Todos encontrarían, sin embargo, el mismo principio disponible: puedo porque tengo capacidad para hacerlo.

Y cuando esa lógica entra en el sistema, el problema ya no consiste en determinar quién tiene razón en cada disputa. El problema es que desaparezca una regla común capaz de establecer aquello que ninguno debería hacer.

Pero existe un segundo riesgo, menos inmediato y quizá más profundo: que una determinada manera de ejercer el poder deje de ser únicamente el comportamiento de un gobernante y termine convirtiéndose en un método que otros aprendan, normalicen y reproduzcan.

Ahí aparece una comparación que América Latina debería comprender especialmente bien.

Venezuela demuestra cómo una manera personal de ejercer el poder puede convertirse progresivamente en un modelo que sobrevive a quien la inicia.

Hugo Chávez no transformó completamente al Estado venezolano el día que llegó al gobierno. El proceso fue gradual. La identificación entre liderazgo, proyecto político, partido, gobierno y Estado fue ampliándose durante años. Comportamientos que inicialmente podían atribuirse a un dirigente terminaron incorporándose a instituciones, procedimientos y formas de concebir el poder.

Chávez murió, pero el método sobrevivió.

La comparación con Trump no es ideológica; sería intelectualmente pobre intentar presentar como equivalentes a dos dirigentes, dos países y dos circunstancias históricas radicalmente diferentes.

La semejanza está en otro lugar: los liderazgos personalistas pueden convertirse en modelos.

Primero existe el dirigente; después aparece su lenguaje; más tarde se normalizan sus métodos; finalmente, otros descubren que también pueden utilizarlos.

Ese podría ser el verdadero legado internacional de Trump.

No necesariamente una Groenlandia estadounidense, no necesariamente un Canadá anexado, no necesariamente Gaza administrada como proyecto inmobiliario, ni siquiera necesariamente un estrecho de Ormuz incorporado formalmente a Estados Unidos.

El legado podría ser algo mucho más duradero: haber contribuido a normalizar la idea de que el mundo puede volver a ser observado como un inventario de activos disponibles para quien posee suficiente poder.

Eso representaría una modificación profunda respecto de la hegemonía estadounidense que dominó gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Estados Unidos había comprendido entonces que organizar el sistema podía resultar más beneficioso que poseerlo. Su poder se transformó parcialmente en instituciones, alianzas, reglas, garantías y mecanismos internacionales.

No fue altruismo: la arquitectura también protegía los intereses estadounidenses. Precisamente allí estaba su sofisticación.

Una potencia no necesitaba quedarse físicamente con cada territorio estratégico porque podía obtener seguridad, acceso, influencia y prosperidad dentro de un sistema que ella misma contribuía a sostener.

La hegemonía podía ser más rentable que el imperio; el riesgo actual consiste en invertir esa lógica.

Y esa inversión no se manifiesta únicamente frente a territorios o recursos. Puede comenzar a alcanzar también a las alianzas sobre las cuales Estados Unidos construyó buena parte de su influencia internacional.

La reciente posición de Trump respecto de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur resulta significativa precisamente por eso. Lo relevante no es discutir si reducir esos ejercicios constituye, en sí mismo, una decisión correcta o equivocada. El punto es cómo comienza a concebirse la alianza.

Corea del Sur deja de aparecer exclusivamente como un aliado integrado durante décadas a una arquitectura estratégica de largo plazo y comienza a ser evaluada también en términos transaccionales: cuánto aporta, hasta dónde acompaña a Washington y en qué medida responde políticamente a lo que el presidente estadounidense espera de ella.

La relación entre aliados corre así el riesgo de dejar de descansar fundamentalmente en intereses estratégicos compartidos para depender cada vez más de una ecuación inmediata entre costo, beneficio, reciprocidad y conveniencia. Eso introduce una modificación que podría resultar incluso más profunda que una pretensión territorial.

Un territorio puede no llegar nunca a ser adquirido, una frontera puede no cambiar, pero si las alianzas, los compromisos y las garantías comienzan a ser entendidos fundamentalmente como transacciones revisables según el beneficio inmediato que producen, lo que empieza a cambiar es la naturaleza misma del sistema.

Durante décadas, parte de la superioridad estadounidense residió precisamente en que numerosos Estados no se relacionaban con Washington únicamente por temor a su poder, sino porque confiaban, con todas las contradicciones y excepciones conocidas, en una arquitectura de compromisos relativamente previsible.

Cuando esa previsibilidad desaparece, también se modifica el valor del liderazgo.

Cuando cada alianza comienza a medirse por cuánto paga, cada territorio por cuánto contiene, cada guerra por las oportunidades que produce y cada recurso por quién puede explotarlo, la política internacional empieza a parecerse menos a una arquitectura y más a una compraventa.

Es aquí donde aparece una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando el presidente de la mayor potencia mundial comienza a mirar el mapa no como una comunidad de Estados soberanos, sino como un inventario de oportunidades?

La pregunta, sin embargo, ya no puede limitarse a los territorios. También obliga a preguntarse qué ocurre cuando las alianzas, los compromisos y las relaciones estratégicas comienzan a ser observados como activos cuyo valor depende de lo que producen en cada momento.

Ormuz importa precisamente porque obliga a formular ese problema.

No sabemos si Estados Unidos intentará realmente transformar la declaración de Trump en una pretensión territorial formal. La distancia entre una publicación presidencial y una modificación efectiva de fronteras continúa siendo enorme.

Pero esperar a que la apropiación se produzca para reconocer el problema sería un error. Los órdenes internacionales comienzan a cambiar mucho antes de que cambien los mapas.

Cambian cuando cambia el lenguaje; cambian cuando aquello que resultaba inadmisible comienza a discutirse; cambian cuando compromisos considerados permanentes comienzan a tratarse como contratos circunstanciales; cambian cuando la excepción deja de sorprender y cambian, finalmente, cuando otros descubren que una conducta antes considerada imposible puede practicarse sin consecuencias suficientes.

Esa es la verdadera advertencia que contienen Ormuz y las demás pretensiones del gobierno estadounidense.

El problema no comienza cuando Estados Unidos consigue quedarse con un territorio. Comienza cuando el mundo acepta como normal que su presidente pueda hablar de hacerlo.

Y tampoco comienza únicamente cuando una alianza desaparece; comienza cuando deja de ser concebida como parte de una estrategia de Estado y pasa a depender fundamentalmente de la conveniencia inmediata del gobernante.

Porque entonces la frontera entre poder y derecho empieza a desplazarse, pero también empieza a desplazarse la frontera entre política de Estado y transacción y, una vez que esas fronteras se mueven, otros también aprenderán a moverlas.

Trump terminará algún día su presidencia. Ese hecho es inevitable. Lo que no sabemos todavía es qué parte de su manera de concebir el poder permanecerá después de él. Esa debería ser hoy una preocupación mucho mayor que cualquier mapa publicado en una red social.

El problema no es que exista un Trump; el problema es que, después de Trump, pueda quedar un mundo que haya aprendido a comportarse como él.