Uno de los atractivos de los Diálogos de Platón es la llaneza con la que alguien pregunta y Sócrates responde. La sencillez de las preguntas es en parte el señuelo que nos retiene en ese coloquio, incluso cuando las respuestas son complejas. Si estas requieren una demorada reflexión (que nos evite adoptar el error de algún sofista), las preguntas son comprensibles a la primera para todo el mundo, incluso para quienes, en la mayéutica, no pasan de ser aficionados un poco macarrónicos (mi caso).

Igualmente resulta fascinante de los Diálogos el modo de proceder poco a poco, con una lógica implacable que los convierte a menudo en un antecedente claro de los combates dialécticos entre el fiscal y el abogado defensor que hemos visto en tantas películas memorables, norteamericanas sobre todo.

La pregunta, pues, de si el Psoe es, hoy por hoy, una organización criminal, resulta pertinente. O, al menos, este Psoe (en atención a los escrupulosos y soñadores). Y no se dice porque hasta ahora los imputados en causas de corrupción ocuparan los puestos más altos en la jerarquía socialista. No sólo. Se dice sobre todo por el modo con que el Psoe se está conduciendo respecto de aquellos que han decidido colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los delitos investigados.

Del mismo modo que pregonan que acatarán las sentencias judiciales (hasta que estas les son desfavorables), han asegurado que colaborarán con la justicia (no han desvelado ellos ni un solo caso de corrupción de los suyos), al tiempo que tratan de obstruirla y perimetrar y ridiculizar a los verdaderos colaboradores, si se llaman Aldama o Julio Martínez.

Se valen para esto de la mala vitola que tiene la figura del delator, se trate de Judas o de quienes entregaron a Viriato a los romanos, para los que estos no tuvieron más que desprecio («Roma no paga a traidores»).

Pero a diferencia de Jesús de Nazaret o del célebre pastor lusitano, Aldama y Julio Martínez no han traicionado a víctimas virtuosas, sino a verdaderos delincuentes, y sus delaciones benefician el bien común, el restablecimiento de la ley y el triunfo de la justicia.

El Psoe y el Gobierno, que predican que el bien común es su única razón de mantener el poder, deberían haber sido los primeros en animar a cualquiera a desenmascarar a los delincuentes, poniendo fin a sus abusos y latrocinios. Lejos de eso, en todos los casos de corrupción que les afectan, su primera reacción ha sido siempre declarar inocentes a los sospechosos y poner la mano en el fuego por ellos, para, llegados irremediablemente a un punto, tratar de destruir a los testigos que desbaratan sus falsas coartadas, a quienes los investigan y a los jueces que los instruyen, y lo hacen mediante la extorsión, la calumnia o cualquier otra charranada, tal y como proceden todas las tramas criminales y mafiosas que en el mundo han sido.

Por supuesto que tratar de arrepentidos a esos «traidores» (como proclaman los mafiosos italianos de aquellos compinches que deciden colaborar con la justicia) es mucho conceder. Tampoco es esa, la de «arrepentidos», la palabra que mejor les define, cierto (de no haberles pillado, probablemente seguirían delinquiendo), pero tal cosa no justifica el modo en que son tratados por el resto de la banda y los portavoces mediáticos (al anunciar Julio Martínez que cambiaría de estrategia, colaborando con la Fiscalía, se pudo leer hace una semana en El País un titular de lo más gracioso: «El socio de Zapatero dice ahora que…»; sonaba a un «¿Y no viene ahora el mono este diciendo que…?»). Y, desde luego, es una suerte que nuestra Roma democrática pueda comprar y premiar la delación de un delincuente. Nunca se habrá empleado mejor el poder del Estado.

Es llamativo, pues, que el Psoe no haya agradecido a Aldama su intervención decisiva para poner entre rejas a Ábalos y Koldo, saneándoles el partido. Hoy sabemos que no pocos socialistas ilustres (Adriana Lastra, Carmen Calvo y, desde luego, PSánchez) conocían sus vidas crapulosas, lo cual abona la sospecha de que durante un tiempo hicieron cuanto estuvo en su mano para limpiar el rastro de sus delitos.

Han seguido el mismo modus operandi con Zapatero. Sus negocios dudosos eran un secreto a voces, pero también blindado… Hasta que Julio Martínez y tres empresarios lo han implicado en el rescate de Plus Ultra. ¿Qué ha hecho entonces el ex presidente? Correr a la televisión pública (del Gobierno) no a aclarar el origen del alijo de las joyas que le descubrió la policía, sino a proclamar en una entrevista-tongo que «nadie va a poder» probar los delitos que se le imputan. Ha quedado claro que lo importante no es haberlos cometido, sino impedir que se prueben, tal y como también lo intentaron Koldo y Ábalos.

Si el Psoe les mantiene la presunción de inocencia incluso más allá de las condenas judiciales (al fiscal general o al hermano de PSánchez) es únicamente para dejar abierta la puerta de los indultos, tal y como hicieron con los jerarcas andaluces condenados en el caso de los Ere.

Y de ese modo, Critias, si los socialistas proclaman su inocencia incluso después de haber sido condenados por la justicia, ¿no estás en tu derecho a creer, antes incluso de que se le juzgue, que Zapatero estaba al frente de una organización criminal y que el Psoe también lo es, puesto que actúan todos ellos como verdaderos mafiosos y delincuentes?