La crisis que vive el sector privado cubano no se debe solamente a las nuevas sanciones a los viajes de estadounidenses y a las restricciones en las remesas a Cuba decretadas por EEUU, sino también al freno puesto por el Gobierno de la Isla a su auge.
Así concluyó la publicación Foreign Policy en un reportaje sobre la situación de los emprendedores tras el final del boom para ese sector económico que se produjo con el acercamiento entre los gobiernos de Cuba y EEUU.
La publicación estadounidense conversó con el abogado habanero Alfonso Larrea Barroso, director de la cooperativa de servicios financieros Scenius, que estuvo en el centro del auge vivido por los empredimientos cubanos entre 2014 y 2017.
En ese período, las utilidades de Scenius crecieron de 280.000 a 2,8 millones de pesos, atendiendo solo a entidades estatales, pero en junio de 2017 el Gobierno cerró la cooperativa y acusó a sus miembros de haber ofrecido servicios financieros sin autorización.
«Económicamente, estábamos demostrando que había otra manera de hacer las cosas… que el sector privado es más eficiente que el estatal», comentó Larrea Barroso, quien el mismo año del cierre de Scenius demandó al Ministerio de Finanzas y apeló la sanción impuesta a su negocio, pero su reclamación fue rechazada.
«Cuando pedimos ver la sanción por escrito, se negaron. Apenas nos respondieron. Estuvo claro que era fundamentalmente un asunto político», agregó.
El mismo mes del cierre de Scenius, el Gobierno de Raúl Castro congeló la entrega de nuevas licencias para el trabajo privado, y puso freno a las políticas de leve apertura para los emprededores, que para esa fecha suponían ya el 18% de los ingresos de la economía nacional, según cifras oficiales.
Tras la salida de la Presidencia de Raúl Castro, el gobernante Miguel Díaz-Canel se ha encargado de desacelerar aún más la «apertura económica» cubana.
Ahora los emprendedores cubanos enfrentan un ataque desde dos frentes: las sanciones de la Administración de Donald Trump y el freno de las autoridades cubanas, que comienzan a percibir a los pequeños negociantes más como competencia para el sector estatal que como socios.
Antes del congelamiento de la entrega de permisos para el trabajo privado, entre 2013 y 2017 el Gobierno de la Isla había aprobado 439 cooperativas no agropecuarias en áreas como la construcción, el transporte y el comercio, autorizadas por vez primera en medio siglo.
En ese período el número de emprendedores cubanos creció más de un 37% y cubrió casi un tercio del empleo nacional, de acuerdo a cifras oficiales. El turismo de EEUU se disparó de 92.000 a 618.000 visitantes anuales, y para 2016 el sector privado obtenía casi un tercio de los ingresos del turismo, según datos de Brookings Institution.
Pero a medida que las relaciones entre los gobiernos de Cuba y EEUU se enfriaron, también lo hizo la actitud de las autoriades de la Isla hacia los negocios no estatales. Las políticas de Trump, que prometieron favorecer la iniciativa privada, han conseguido el efecto contrario, mientras que el Gobierno cubano dio marcha atrás a la tímida «liberalización.»
En julio de 2018, cuando se hizo pública la nueva política para el sector privado en Cuba, que incluyó inéditas prohibiciones, mayores impuestos, multas y superiores poderes institucionales para inspeccionar y castigar a los emprendedores, el futuro de los pequeños negocios pareció quedar escrito.
