Julio César Moreno León: Indeseables, protegidos y violencia impune
A pesar del repudio universal el proyecto totalitario trata de avanzar en el control de la sociedad venezolana, demostrando que no transa en sus planes, ejecutando los más crueles métodos represivos y tornándose más agresivo en la medida en que se deteriora su ya menguado respaldo popular y aumenta el aislamiento internacional.
Luego de la desaparición de Chávez y de la millonaria botija petrolera que le soportó, Maduro y su gobierno quedan desnudos ante el mundo exhibiendo la más grotesca corrupción en la historia de las repúblicas americanas, despuntando con el record de inflación más alto del planeta, y violando sin recato todos los derechos humanos consagrados en el orden jurídico internacional. Así pasamos de la Venezuela opulenta y regalona a la Venezuela miserable y afligida que regresa a los bárbaros tiempos del siglo diez y nueve, cuando las familias caraqueñas emigraban presas del terror escapando de Boves y sus hordas criminales. Y cuando una vez finalizada la guerra de independencia, nuestra destartalada república resultó incapaz de crear instituciones, establecer el progreso y la convivencia, defender su territorio y ejercer la soberanía en sus fronteras.
Este retroceso histórico resulta inconcebible en una sociedad que luego de superar aquel tiempo de confrontaciones fratricidas logró progresivamente estándares de vida superiores a la mayoría de los países vecinos, vivió cuarenta años de pacífica y continua estabilidad política y a pesar de las imperfecciones de su democracia consolidó en ella el sistema de libertades, la cultura solidaria, y esa vocación por la igualdad que es innata en el ser venezolano.
Una muestra evidente del tiempo de barbarie que regresa, es el vil atentado cometido contra María Corina Machado el 24 de octubre en la población de Upata, cuando la lideresa participaba en una caminata organizada por su partido Vente Venezuela. La miserable acción, realizada por uno de los tantos grupos vandálicos financiados por el régimen, ocurre un día después de la denuncia del ex presidente Andrés Pastrana en la que advirtió que el gobierno intenta liquidar físicamente a la doctora Machado, y se produce luego del asesinato del concejal de Primero Justicia Fernando Albán ocurrido el día 9 de ese mismo mes en la sede del SEBIN.
Esas acciones se corresponden a la ofensiva de una dictadura que intenta emprender su viraje final hacia el totalitarismo, concentrando el poder en manos de una cúpula represiva cuya política es el ejercicio permanente del terror. A Maduro le ha correspondido cumplir esa última fase de destrucción del sistema democrático. Hasta ahora ha logrado reelegirse ilegalmente, fabricar una ilegitima y fraudulenta constituyente, controlar los poderes públicos, cerrar la vía electoral, establecer la más rígida censura, mantener en prisión o en el exilio a centenares de compatriotas, usar la tortura como herramienta de castigo a la disidencia, condenarnos a una crisis humanitaria y a una migración sin precedentes en la historia latinoamericana, reprimir con saldo de cientos de muertos y heridos a las protestas populares, ilegalizar a los partidos de oposición, y desatar una intensa persecución contra quienes piden la salida del régimen y exigen un gobierno de transición que recupere la democracia y establezca las bases de la reconstrucción del país.
Por impulsar la política de rechazo a la consolidación de la tiranía y exigir su inmediata sustitución, Julio Borges se encuentra exiliado en Colombia, el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara y el presidente de Copei Roberto Enríquez se asilaron en la Embajada de Chile, y por la misma razón en la cárcel paga el precio de su reciedumbre democrática el diputado Juan Requesens, a quien de manera arbitraria se le involucra en el presunto atentado de los drones ocurrido el pasado 4 de agosto. Mientras tanto Maduro anuncia y adelanta medidas de “extinción” contra los líderes de la Causa R Andrés Velásquez y Américo De Grazia quienes defienden a Guayana de las mafias, de las guerrillas extranjeras y el narcotráfico, de la destrucción del medio ambiente y del saqueo descarado de sus riquezas minerales.
A propósito de la situación en el estado Bolívar los hechos ocurridos en esa región demuestran una realidad que el gobierno de manera reiterada se había empeñado en ocultar. Se trata de la presencia guerrillera colombiana enquistada en comunidades indígenas, practicando la extorsión, el secuestro, la explotación ilegal de metales preciosos y el tráfico de drogas. La emboscada contra los guardias nacionales ajusticiados cobardemente el domingo 4 de noviembre demuestra ese grado de penetración y control que de manera impune ejercen las bandas narco-subversivas toleradas y protegidas por el régimen desde los tiempos de Chávez.
Por cierto, el general Padrino López en la rueda de prensa convocada con el fin de dar la versión oficial de estos trágicos hechos, titubeó a la hora de identificar el origen político de los asesinos de sus compañeros de armas. Y aún cuando acusó a la oposición de manipular políticamente el asunto, no se atrevió esta vez a señalarla como responsable de las acciones criminales contra nuestras fuerzas militares.
Alias «Garganta»
Dijo Padrino que la emboscada terrorista ocurrió en represalia por la captura de nueve “paramilitares” encabezados por el colombiano Luis Felipe Ortega Bernal. Sin embargo, en respuesta al general Padrino la cancillería colombiana fue precisa y contundente al identificar a aquel sujeto, alias “Garganta”, como miembro del Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Versión que no ha podido ser desmentida por el gobierno.
Con la muerte de estos compatriotas de la fuerza armada, ocurre que al régimen se le dificulta esconder la verdad o desviar la atención sobre un tema demasiado sensible para el mundo civil, para la ciudadanía castrense, y para nuestras etnias indígenas que son víctimas de los mismo grupos armados colombianos que en enero de 2008, en sesión solemne de la Asamblea Nacional fueron reconocidos formalmente por Chávez como “ejércitos legítimos”.
En esa ocasión el entonces presidente afirmó: “Las FARC y el ELN no son grupos terroristas, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, y hay que darles reconocimiento. No son grupos terroristas, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político”. Por lo tanto, es lógico concluir que sobre esas convicciones se desarrolle una estrecha relación con las organizaciones subversivas, y que se les otorgue protección y refugio en nuestro territorio.
Dos meses después de aquel discurso, el primero de marzo del mismo año 2008, en territorio ecuatoriano el ejército colombiano mata a Raul Reyes durante la llamada “Operación Fénix“. La computadora incautada al jefe guerrillero aporta abundante información en relación con los vínculos políticos y financieros de Hugo Chávez, Rafael Correa y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y en torno a los numerosos contactos realizados entre Nicolás Maduro, cuando presidía la Asamblea Nacional, y Rodrigo Granda, el llamado “canciller de las FARC”.
El contenido de esos materiales, incluidas las comunicaciones entre Manuel Marulanda y Raúl Reyes en las que se informa sobre reuniones, planes y proyectos que involucran a los gobiernos de Venezuela y Ecuador, fueron técnicamente certificados por Interpol y por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres. Sin embargo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia estableció que el material incautado carecía de carácter probatorio porque fue tomado por el ejército, fuerza militar que no tiene poderes de policía judicial competente, y porque para atacar a los subversivos no se solicitó la cooperación de Ecuador, país en donde se encontraba ubicado y protegido el campamento en el que operaba Reyes.
Esta decisión del supremo tribunal neogranadino liquidó el avance de investigaciones encaminadas a desnudar el amplio espectro subversivo presente no sólo en Venezuela, Colombia y América, sino también en otros países más allá de nuestro continente en los que actúan grupos terroristas relacionados con las narco-guerrillas del vecino país. Sin duda las fuerzas políticas que adversan a Alvaro Uribe lograron influir en ese dictamen, inapelable en una república democrática en la que el presidente no dicta pautas a la justicia ni a los otros poderes públicos. De esa manera, los más de treinta mil correos y documentos que contenían los computadores fueron desechados como pruebas legales que ponían contra la pared a Chávez y a Correa involucrándoles en la colaboración con organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico internacional.
Dos años después de la muerte de Reyes, en julio de 2010, a pocos días de concluir el mandato presidencial de Alvaro Uribe, el embajador de Colombia en la OEA Luis Alfonso Hoyos denuncia ante el Consejo Permanente de ese organismo, la presencia de 1500 guerrilleros de las FARC establecidos en 48 campamentos en la zona fronteriza del estado Zulia. La denuncia es respaldada con videos grabados en esos campamentos, en los que aparecen en tranquilas rutinas Iván Márquez, Jesús Santrich y Rodrigo Granda, y con fotografías satelitales que indican de manera precisa la ubicación en el territorio venezolano de las haciendas que les sirven de refugio.
Las filmaciones fueron entregadas a la inteligencia militar por desertores que testificaron sobre las condiciones en que se encuentran los núcleos subversivos bajo protección de las autoridades venezolanas. Pedía Colombia la designación de una comisión internacional que investigara los hechos y solicitaba la colaboración de Venezuela para resolver la conflictiva situación. Lejos de acceder a la verificación internacional solicitada, Chávez arremetió bruscamente y rompió relaciones diplomáticas. La OEA de aquel entonces, con su anodino secretario general, se abstuvo de actuar. Semanas después asume el nuevo presidente Juan Manuel Santos, quien sin mayores explicaciones cancela el asunto y se convierte en “el nuevo mejor amigo”. Las relaciones se reanudan y bajo el manto del silencio cómplice las guerrillas permanecen en territorio venezolano.
A pesar de aquellos hechos, imposibles de justificar, el régimen “bolivariano” continúa negando la existencia de la narco-izquierda terrorista en Venezuela, mientras los habitantes de las regiones fronterizas sufren su presencia, siguen obligados a convivir con esos grupos armados y aceptan resignados el control que ejercen impunemente en esas poblaciones. Además líderes de las FARC, del ELN, de ETA y de otras organizaciones subversivas hacen vida normal tanto en el interior del país como en Caracas.
Recordemos el caso de Rodrigo Granda, a quien la policía colombiana secuestró el 13 de diciembre de 2004 en la urbanización Manzanares de Caracas y luego lo reportó como “detenido en Cúcuta”. La captura del jefe de relaciones internacionales de las FARC provocó la ira de Chávez y ocasionó uno de los tantos incidentes diplomáticos con el gobierno de Alvaro Uribe.
Recordemos también que a pesar de las muy buenas relaciones y de los pingües negocios realizados con el gobierno español de Rodríguez Zapatero, esas relaciones también sufrieron serias dificultades, esta vez como consecuencia de la presencia en Venezuela de agentes de ETA protegidos en nuestro territorio. Uno de ellos es Arturo Cubillas a quien la Audiencia Nacional de España le acusa de ser enlace con las FARC, y de haber recibido en nuestro país en 2008 a José Lorenzo Ayestarán, Juan Carlos Besance, y Xavier Aristán, quienes vinieron a realizar prácticas de tiro y aprender la fabricación de explosivos y de artefactos trampa. Esos etarras detenidos en Guipuzcoa y procesados en Madrid en 2010, declararon que fueron protegidos en Caracas por Cubillas, quien les llevó a un campamento situado a diez horas de la capital en donde realizaron las tareas de entrenamiento. Y coincidieron en señalar que durante sus desplazamientos por el territorio nacional encontraron total colaboración de los cuerpos policiales.
Desestimando esos testimonios, la solicitud de extradición de Cubillas planteada por las autoridades españolas fue negada, alegando que el acusado es un ciudadano nacionalizado venezolano. Además, la cancillería en la repuesta a España calificó la solicitud como “un acto de cobardía política”.
Otro destacado miembro de ETA radicado en nuestro país y solicitado por los tribunales españoles es Iñaki De Juana Chaos, jefe del llamado “Comando Madrid” que realizó numerosos atentados criminales utilizando potentes explosivos en los que murieron 25 personas y cerca de 100 resultaron heridas. De Juana Chaos, detenido en 1987, pagó condena de 18 años. Fue puesto en libertad por orden del presidente Rodríguez Zapatero, luego de una huelga de hambre de varios meses que sirvió de eficaz mecanismo de presión al gobierno socialista. La medida fue calificada entonces como “la mayor traición a las víctimas del terrorismo”.
Inmediatamente después de salir de la cárcel, el etarra se refugia en Irlanda, y cuando es requerido de nuevo por un tribunal que le procesa por “enaltecimiento del terrorismo” decide venirse a Venezuela. En 2015, periodistas de Televisión Española le ubican en la población de Chichiriviche viviendo como cualquier pacífico lugareño y regentando una licorería. El gobierno de Nicolás Maduro siguiendo su política frente a los prófugos de ETA, de manera tajante y agresiva niega de nuevo la extradición solicitada por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Los casos que hemos destacado en este recuento sobre la presencia de irregulares protegidos en nuestro país, refieren apenas a unos pocos de los tantos “huéspedes” indeseables vinculados al terrorismo y a lo que han sido sus acciones delictivas. Personajes de cuya existencia y ubicación, con mucha dificultad han podido conocer la opinión pública nacional e internacional. Aún cuando, más allá de estas puntuales reseñas, existe la convicción de que también otros grupos, activistas del extremismo islámico, hacen presencia en Venezuela.
Transcurridos veinte años del régimen Chávez – Maduro, es imposible evadir lo que significa la presencia de esas bandas armadas extranjeras y de sus fanáticos líderes, asentados de manera permanente en nuestro territorio. Presencia que no es producto de la negligencia del gobierno, sino por el contrario se trata de coincidencias en un mismo proyecto de insurgencia continental y mundial. Y tampoco es posible ignorar el poder adquirido por estas guerrillas que han sido formadas, unas en la cruenta guerra colombiana y otras en el ejercicio del sanguinario terrorismo europeo. Por eso, la emboscada perpetrada por el ELN contra guardias nacionales el pasado 4 de noviembre pareciera ser una demostración de fuerza de aquellos irregulares colombianos, destinada a castigar a militares que se atrevieron, o se equivocaron, al capturar a Luis Ortega Bernal, alias “Garganta” y a los integrantes de los 9 miembros de su comando criminal.
Y así el año finaliza en medio de un verdadero hervidero social en las tierras de nuestros compatriotas indígenas, sobre los cuales durante todos estos años la demagogia oficialista proclamó falsamente identidad y compromiso. La última víctima, un hijo del pueblo pemón, Charlie Peñaloza, asesinado por las fuerzas represivas del régimen sigue abonando el peligroso camino de la represión impune.
