Las implicaciones legales y políticas del “0800 Bigote”

El sistema de emergencia 0800-BIGOTE, que el gobierno de Nicolás Maduro estrenó en Carabobo, causó revuelo porque podría terminar politizando el derecho a la salud.

En el centro de atención primaria del 0800 Bigote se exhiben imágenes de un Maduro caricaturizado con una bata de médico. El “Bigote”, además, hace alusión a “Súper Bigote”, un dibujo animado que transmite el canal del Estado para representar al mandatario como un superhéroe que enfrenta –y derrota – al “imperio estadounidense”.

Carmen Beatriz Fernández, profesora de la Universidad de Navarra y experta en comunicación política, considera que el nuevo programa de salud responde a una campaña que busca “suavizar la imagen” de Maduro, pero “puede ser un arma de doble filo” para el dirigente oficialista.

“Hay un obvio riesgo de bumerán cuando asocias tu imagen a un servicio de salud que no funciona. Salvo que en Carabobo estén estrenando un milagro, uno diría que ese 0800 Bigote no va a funcionar bien. Entonces, estás asociando el colapso del sistema sanitario a Súper Bigote directamente”, argumenta.

La ceo de DataStrategia señala que Maduro “tiene un obvio problema de afecto público” por lo que emprende una campaña de imagen con la que espera recuperar apoyo popular.

“No es una campaña electoral, porque tendría que hacer un llamado expreso a votar por él, pero sí es una campaña que busca mejorar su imagen porque se enfrenta a niveles de aceptación muy bajos”, comenta.

A la experta también le llama la atención que el lanzamiento del programa estuviera a cargo del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava: «Es llamativo después de todas estas las razias gubernamentales. Es tan obsequioso hacia Maduro que pareciera querer asegurar que él está dentro de su equipo, saliéndole al paso a todas las especulaciones que asomaban la posibilidad de que Lacava fuera candidato».

Transgrede la Ley Contra la Corrupción

A juicio del abogado y politólogo Luis Samalanca, el 0800 Bigote excede los límites establecidos en la Ley Contra la Corrupción que establece, en su artículo 14, que: “Las funcionarias, funcionarios, empleadas públicas y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”.

“No ves al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los tribunales, haciendo su papel de guardianes de la ley, de guardianes de los recursos públicos. No lo ves porque tenemos un Estado de Derecho que es semántico, solo está escrito en el papel, y en la práctica es inexistente. Maduro no tiene quien le ponga freno porque controla todos los Poderes del Estado”, cuestiona.

Salamanca considera que, aunque no llama a votar por él, “Maduro está en campaña electoral desde 2022”. “Es una campaña electoral que tiene al Estado como agente de avanzada”.

El 0800 Bigote es también una expresión de lo que denomina “ventajismo institucionalizado”. “El ventajismo en Venezuela no es solo de recursos, no se trata solo del uso de dinero público y de bienes del Estado para favorecer al candidato de gobierno, es más que eso, es el uso de todo el sistema institucional para favorecer a un candidato determinado”, afirma.

Un ejemplo de esto es la actuación discrecional del Tribunal Supremo de Justicia en la judicialización de los partidos de la oposición o de la Contraloría de la República cuando inhabilita a disidentes de Maduro, una práctica que registró la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea.

La MOE recomendó al Estado venezolano “suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa”.

Esta potestad de la Contraloría es, además, violatoria de la Constitución que, en su artículo 42, establece que el ejercicio de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

“Maduro ha perfeccionado ese sistema de ventajismo institucionalizado y contra eso se va a enfrentar el elector en 2024. Esto no debe llevar al elector a pensar que no vale la pena votar”, comenta Salamanca.

En su opinión, Maduro “no moviliza más de 15% de los electores en una campaña con full despliegue porque la población quiere un cambio”. En este sentido, la nueva estrategia apunta a “ganar espacio” dentro del oficialismo.

Sobre el ventajismo, Fernández expone: “Los gobernantes siempre tienen ventajas competitivas a la hora de entrar en campaña en una democracia normal. Ahora, en una democracia anormal, que está muy comprometida, eso es mucho más notorio”.

“Se hace con frecuencia la metáfora de la cancha inclinada en donde hay un equipo que juega con ventaja porque una pendiente hace que los goles entren más fácilmente en la arquería del contrincante. En Venezuela, esa cancha se ha venido inclinando y es tremendamente difícil para el equipo que hace oposición. La pendiente tiene que ver con el manejo abusivo de recursos públicos, con la corrupción, con la inhabilitación de candidatos, con la expropiación de las tarjetas de los partidos”, agrega.