Las tres fases y el orden invertido: ¿transición o blanqueo del régimen?
Delcy Rodríguez saluda al secretario de Energía de EE UU, Chris Wright, en Caracas / Foto: AFP
Venezuela vive una paradoja que conviene nombrar sin eufemismos: la economía se normaliza más rápido de lo que se democratiza. En las últimas semanas las exportaciones petroleras alcanzaron 1,23 millones de barriles diarios, el mayor nivel desde 2018; BP firmó un memorando para gas costa afuera en el área Loran; ENI y Repsol negocian elevar la producción de Cardón IV; American Airlines reanudó la ruta Miami–Caracas tras siete años; y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido sucesivas licencias que reconectan al Banco Central con el sistema financiero internacional. Mientras tanto, el régimen de Delcy Rodríguez anunció más de 8.000 personas “beneficiadas” por la amnistía, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta apenas 186 con libertad plena y 554 bajo medidas cautelares; el caso de Víctor Hugo Quero, cuya muerte bajo custodia estatal fue confirmada 490 días después de su detención, recordó esta semana el costo humano que esos números esconden.
Sobre ese telón de fondo se desenvuelve el plan de tres fases anunciado por la administración Trump y articulado por el secretario Marco Rubio: primero estabilización inmediata para controlar el petróleo y evitar el caos; segundo, recuperación económica y reconciliación nacional; tercero, transición política que culmine en nuevas elecciones presidenciales. Las encuestas serias a las que hemos tenido acceso del primer trimestre de 2026 muestran que la mayoría del país lo respalda en al menos 66% del total nacional, 90% entre los opositores, 72% entre los no definidos. Es un consenso amplio, y conviene tomarlo en serio. Pero el respaldo ciudadano no exime al plan de un examen lógico: ¿es esa la secuencia que efectivamente conduce a una transición democrática, o es una secuencia que estabiliza a quienes hoy detentan el poder?
La historia de las transiciones exitosas del último medio siglo sugiere que el orden importa, y que el plan estadounidense lo invierte. España no estabilizó económicamente al franquismo para luego democratizarlo; murió Franco, hubo Constitución de 1978, hubo elecciones, y solo entonces vinieron los Pactos de la Moncloa para reconstruir la economía. Polonia no esperó la prosperidad para abrir el sistema: la Mesa Redonda de 1989, las elecciones semilibres de junio y la terapia de choque de Balcerowicz vinieron después, sostenidas por la legitimidad del nuevo gobierno. La regla empírica es clara: la estabilización y la recuperación funcionan cuando se apoyan en la confianza que produce un gobierno legítimo, no antes.
El caso de Ghana podría ser considerado la única analogía aparente al plan de tres fases. Conviene examinarla con cuidado, porque al hacerlo se descubre que ilustra precisamente el riesgo, no la promesa. Jerry Rawlings llegó al poder mediante golpe de Estado en 1981, pero se vio obligado a acudir al Fondo Monetario Internacional en 1983 y aceptar el Programa de Recuperación Económica con el que logró estabilizar las cuentas públicas bajo su régimen autoritario, y solo en 1992 —once años después— convocó elecciones que él mismo ganó, transformado en “héroe” de la recuperación. La transición existió, pero el dictador no la perdió: la administró, la cronometró, y la usó para reciclar su legitimidad y garantizar su continuidad por la vía electoral. Si esa es la referencia, lo que el plan ofrece a Venezuela no es necesariamente una salida del régimen sino un mecanismo para que el régimen sobreviva alargando los tiempos y controlando las urnas cuando sea conveniente ir a una elección. Casos como el Egipto post-2013 o la apertura cubana posterior a 2014 confirman el patrón: estabilización sin condicionalidad democrática previa tiende a producir autocracias más duraderas, no transiciones a la democracia.
Aquí radica el riesgo estratégico central que hemos venido documentando en los informes y artículos previos: la consolidación de lo que llamamos el escenario de normalización pactada sin transición democrática verificable. La fase 1 de estabilización ya está en marcha; la fase 2 de recuperación económica avanza; pero la fase 3 permanece como horizonte discursivo, sin calendario electoral, sin renovación del Consejo Nacional Electoral, sin Tribunal Supremo plural, sin libertad plena de los presos políticos, sin Registro Electoral confiable, sin observación internacional vinculante. Cada licencia, cada contrato, cada vuelo, cada barril adicional que se vende sin condiciones políticas explícitas eleva el costo de exigir esas condiciones después. Es la lógica elemental de los costos hundidos: cuanto más invierte el sector energético en el régimen, menos disponibles estarán Washington y Bruselas para arriesgar esa inversión por una elección competitiva. El secretario de Energía, Chris Wright, lo verbalizó esta semana sin ambigüedad: las elecciones libres deben darse “con una economía estabilizada” y “durante el actual gobierno de Trump”. La pregunta es cuándo, cuánto significa “estabilizada” y quién la define.
Los venezolanos lo intuyen mejor que muchos analistas. Las mismas encuestas revelan una verdad más profunda: dos tercios del país desea elecciones en los próximos seis meses, el mayor riesgo percibido es que el chavismo se mantenga en el poder, y los ciudadanos no están dispuestos a cambiar democracia por estabilidad. Es un mandato implícito: la secuencia importa, y el tiempo no es neutral.
La conclusión, entonces, no es rechazar el plan sino corregirlo. La estabilización económica es necesaria; la recuperación es deseable; pero ninguna de las dos puede preceder a las garantías democráticas sin convertirse en su sustituto. El plan de tres fases solo conduce a transición si las tres fases corren en paralelo, no en cascada: si cada licencia, cada contrato, cada concesión se ata explícitamente a hitos verificables —Registro Electoral auditable, CNE renovado, TSJ plural, libertad plena de presos políticos, calendario y observación—. Sin esa condicionalidad operativa, no estaremos transitando hacia la democracia. Estaremos pagando, con petróleo y reconocimiento, por un régimen que aprendió la lección de Ghana, pero sin elecciones por no tener el apoyo que tuvo Rawlings para medirse democráticamente.