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Los cárteles colombianos matan a los que se saltan el confinamiento, según Human Rights Watch

La organización pide al Gobierno que haga más para proteger a los civiles tras registrar al menos ocho asesinatos por grupos armados

En todos los países del mundo, y Colombia no podría ser la excepción, la pandemia del Covid-19 ha dejado al descubierto, sin pudor ni respeto por vivos o muertos, lo peor de las sociedades por donde avanza.

Sí, también la solidaridad y resiliencia han florecido, pero sin duda son los vacíos en materia de salud pública, liderazgo político, responsabilidad ciudadana, de recursos de todo tipo y la manera como cada sociedad trata a sus ciudadanos y cómo éstos se relacionan, lo que ha dejado al descubierto esta pandemia. Esas otras enfermedades que tenemos como sociedades.

A pesar de ser similar, el caso colombiano tiene sus atroces particularidades, como lo denunció la organización Human Rights Watch, a través de su director José Miguel Vivanco: «En Colombia, grupos armados han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas contra el Covid-19. Las infracciones se castigan con asesinatos y ataques», y soporta su afirmación con un documento producto de entrevistas e investigaciones adelantadas en estos meses donde los colombianos han estado encerrados, pero la delincuencia no reconoce toques de queda.

Lo que afirma HRW esta semana ya en Colombia lo han dicho otras ONG similares, grupos de la sociedad civil, líderes sociales y ciudadanos de a pie que padecen todos los males juntos: hay zonas de Colombia donde a quien no mata el Covid-19 lo puede matar esa otra plaga conformada por grupos armados ilegales, señores de la muerte que ahora son dueños de la salud de las regiones donde operan y que se han tomado el control del coronavirus por mano propia, añadiendo limitaciones a una población ya restringida en sus actividades por cuenta de la pandemia.

Esta otra amenaza a la vida proviene de la guerrilla del ELN, miembros de las llamadas disidencias de las FARC y grupos paramilitares como la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que recoge a las disidencias de los paramilitares de derecha y delincuencia del narcotráfico. Todos aprovechando la cuarentena y la ausencia de autoridades para imponer otro esquema de control territorial y, ahora como si fueran autoridades sanitarias, tratan de contener también el impacto entre sus propias filas.

Jairo Libreros, analista de seguridad, así lo entiende: «Los actores armados vinculados con el crimen organizado entendieron que la ausencia del Estado en múltiples espacios territoriales es una oportunidad: allí las rentas ilícitas marcan las reglas de juego y la necesidad de controlar la expansión del Covid-19 les permitirá consolidar el control social sobre la población, contener la fuga de información para los organismos de seguridad y alistarse para la nueva normalidad cómo los amos y señores de la vida. La respuesta del Estado ante este fenómeno es mínima, por lo cual la recuperación de esos espacios en el futuro implicará un ejercicio de fuerza, en el cual los sectores vulnerables socialmente llevarán la peor parte».

Es decir, además de la crisis económica, que se calcula traerá una contracción del 7,5% este año, afectando precisamente a las comunidades y territorios más vulnerables del país, los colombianos se podrán encontrar entre más de dos fuegos cuando las fuerzas del Estado pretendan retomar el control de esos territorios, en los cuales tampoco antes del covid-19 tenían control total y de allí el significativo número de asesinatos de líderes sociales o exguerrilleros de las Farc, que como el coronavirus no da tregua.

Precisamente ayer fue publicado otro informe, por la ONG Indepaz, en el cual hacen el tremendo balance de los asesinatos en tiempos de Covid: 82 asesinatos desde el inicio del confinamiento nacional. En lo que va de 2020, han sido asesinados 166 líderes sociales o defensores de derechos humanos, y 36 exguerrilleros de las FARC, lo que suman 152 asesinatos hasta el pasado 15 de julio.

 

 

 

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