Los escuadrones de la muerte de Ortega

Un paramilitar en una camioneta registrada a nombre de la Alcaldía de Managua

“Tengan cuidado, anda una camioneta en el sector de la rotonda El Periodista”.

–“Una camioneta Hilux pasó disparando por la Iglesia Santa Marta”.

–“Ahorita un grupo de encapuchados está en la carretera hacia Viejo Santo Domingo”.

Las advertencias en las redes sociales son cada día más comunes. “Los escuadrones de la muerte”, como los llaman en los barrios y colonias de Managua, son escuadras de cinco paramilitares que se movilizan a bordo de camionetas de tina. 

Una fuente vinculada a la Policía Nacional reveló a CONFIDENCIAL que los grupos parapoliciales, cuya existencia el Gobierno sigue negando oficialmente, están conformados por trabajadores de la Alcaldía de Managua, policías vestidos de civil, expolicías, excombatientes históricos y pandilleros de los barrios de Managua y otras ciudades.

“No necesariamente anda uno de cada uno. A veces el que dirige el operativo son los policías o los viejos guerrilleros”, explicó la fuente.

A cada uno le pagan entre 300 y 500 córdobas. Si andan en motos, les dan un bono de combustible. Si solo se movilizan en la camioneta, garantizan que esta lleve el tanque lleno. Se reúnen en oficinas distritales de la Alcaldía. “A veces en las gasolineras. Siempre andan de noche y la misión es crear un ambiente de terror. Si tienen un objetivo, entonces lo secuestran y los trasladan a El Chipote para sacar información”, refirió la fuente.

Keller Steven Pérez Duarte, de 23 años, fue una de las víctimas de estos escuadrones de la muerte. Su cuerpo apareció sin vida en la Cuesta El Plomo, con señas de tortura. El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, explicó que dos estudiantes de la UNAN, reconocieron al joven y relataron que la última vez que le vieron vivo, el joven salió de ese recinto en una moto, sin casco, a comprar algo.

La CPDH también documentó el caso de un joven, que pidió el anonimato por temor, que fue secuestrado en el Barrio Hugo Chávez, cuando iba a bordo de su motocicleta. El ciudadano relató que un grupo de encapuchados que se desplazaban a bordo de una camioneta Hilux, gris, disparó a una de las llantas de su moto.

Lo atraparon, lo amenazaron con un arma y lo esposaron. Lo torturaron y perdió el conocimiento. El joven contó que lo desnudaron y lo tiraron en la Cuesta El Plomo. “Seguro creyeron que estaba muerto”, expresó.

Secuestrado por paramilitares

Andrew Úbeda Martínez salió el 24 de mayo a comprar un pastel para su mamá. Iba en compañía de Katherine López, su amiga. Caminar por las calles del barrio Américas 2, en Managua, no suponía ningún peligro. Sin embargo, las horas transcurrieron y su madre, Reyna Martínez, se preocupó tanto que empezó a llamarlo por teléfono. No contestó. Luego intentó con la jovencita, tampoco respondió. Andrew tiene más de una semana desaparecido. Él tiene 19 y su amiga 18 años.

Su madre lo buscó por “cielo, mar y tierra”. No apareció. Le dijeron que estaba en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como El Chipote. Y a pesar de que preguntó por él y le dijeron que estaba detenido en ese sitio, luego, desapareció de las listas de registro. “Él solo iba a comprarme un pastel porque ese día yo estaba de cumpleaños”, dijo la angustiada madre.

La desaparición de su hijo fue  su peor “regalo”.

Andrew fue secuestrado, dijo su tío Julio Martínez. “Los vecinos vieron pasar una camioneta Hilux, gris y varios hombres los subieron, a los dos, a la fuerza”. El muchacho había participado en dos marchas pacíficas, reclamando la salida de Daniel Ortega del poder, y justicia para las víctimas de la represión realizada por la Policía Nacional y las fuerzas paramilitares, durante estos dos meses de protesta.

El viernes primero de junio la Policía Nacional emitió un comunicado alegando que “el jueves 31 de mayo, aproximadamente a las 7:00 de la noche, fueron capturados los sujetos Christian Josué Mendoza Fernández, Andrew Salvador Úbeda Martínez, y Katherine Nourian Ruiz López”. Doña Reyna rechaza la versión policial.

“En El Chipote me negaron a mi hijo. Una oficial ya me había asegurado que él estaba ahí. Algunos presos también me lo confirmaron. No sé por qué me hacen esto”, dice con voz entrecortada.

Según el comunicado oficial la Policía realizará “las investigaciones por los delitos de crimen organizado, asesinato, robo de vehículo y otros delitos… una vez concluidas las investigaciones, remitirá el informe policial al Ministerio Público para que acuse en la vía penal correspondiente”.

“Ahora dicen que me lo están acusando de varios delitos. Mi hijo no es ningún delincuente. Él solo salió a comprarme un pastel. No ha robado, ni él ni su amiga”, manifestó.

La versión policial tiene muchos vacíos. Andrew desapareció el 24 de mayo, pero el informe oficial dice que fue capturado hasta el 1 de junio. Sin embargo, testimonios de otros detenidos en El Chipote, y la confirmación de una oficial de ese recinto, que había hablado con Reyna anteriormente, contradicen “el montaje” que quieren hacer en este caso.

Andrew fue secuestrado por un “escuadrón de la muerte”. Y ahora es vinculado por delitos que su madre asegura no cometió. Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, expresó que la Policía Nacional trata de limpiarse las manos diciendo que la captura fue reciente, cuando las pruebas y testimonios, desmienten tal versión.

El descontrol de los escuadrones

Sergio López, conductor de un taxi, relató que la noche del miércoles, fue perseguido por una camioneta Hilux de color blanco, y al menos ocho motorizados por el sector de Jardines de Veracruz. “Iban dispuestos a robarme”, declaró.

El taxista iba con cuatro personas a bordo de su vehículo cuando observó que la camioneta y los motorizados iban tras él. “Uno me alcanzó y quiso dispararme, pero la pistola se le trabó. Yo aproveché para huir, y me metí en el barrio Rubenia”, afirmó.

El jueves 31 de mayo varios ciudadanos denunciaron un ataque de paramilitares  en los establecimientos comerciales ubicados en la Plaza Familiar, en carretera a Masaya

“Estaba en un restaurante y pasó una camioneta Hilux disparando. Los clientes del restaurante corrimos a meternos a los baños y el personal a la cocina, mientras los disparos continuaban”, escribió Yasser Morazán en su cuenta de Facebook.

La fuente policial que habló a CONFIDENCIAL aseguró que esta no será la última acción de intimidación que realizarán los paramilitares. “Mientras tengan como mantenerlos (el Gobierno) van a seguir en las calles”, afirmó.

Reveló que tienen “armas que han sido ocupadas en operativos contra grupos delincuenciales comunes”. También tubos y artefactos para dar choques eléctricos. “Para esto también los entrenan”, aseguró.

El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, insistió en que estas bandas han existido desde hace varios años. En 2013 atacaron el campamento de los jóvenes y ancianos de OcupaInss, en un operativo en que participaron trabajadores de la Alcaldía, miembros de la juventud sandinista, y oficiales de la Policía encubiertos. 

La idea de que las fuerzas parapoliciales parezcan estar integradas por civiles tiene el propósito de desligar a la Policía Nacional de estos actos de violencia en los que están involucrados elementos de la institución.

“Es para decir que no son agentes del Estado. Un pleito entre particulares. Es parte de la política de terror del Gobierno”, afirma Carrión.

El abogado ironizó sobre los recursos económicos que despliegan para desplazarse en camionetas doble cabina, “armados hasta los dientes”, y secuestrando jóvenes en los barrios de Managua.

“Dicen que son gente organizada con maras que está matando a la gente. No tiene lógica eso que dice la Policía”, expresó Carrión.