Desde hace un mes, frente a la ansiedad post plebiscito, diferentes actores de la sociedad vienen haciendo un llamado de atención a los políticos. Primero, porque después del 4 de septiembre el Gobierno –uno de los principales derrotados de la elección– era quien estaba liderando un nuevo proceso constituyente. Segundo, porque a más de un mes del plebiscito de salida, la prioridad de la mayoría de los políticos, y del propio gobierno es la fallida agenda constitucional y no la grave crisis de seguridad y económica que enfrenta el país y que sufren millones de chilenos.
Previo al reciente fin de semana largo, la ministra Camila Vallejo señaló que “se requiere despejar pronto el camino para una nueva Convención”. ¿Será realmente esto lo que requieren los chilenos? Este fin de semana, el más violento del último tiempo, una decena de personas de diferentes zonas de Chile fueron asesinadas en manos de delincuentes. De esta ola de asesinatos y delincuencia, que dejaron perplejos a todos, hubo dos casos muy duros, como el de Iquique en donde asaltan a una familia, las amarran y frente a sus ojos violan a su hija de 21 años; o el del carabinero que fue asesinado por recibir un fierrazo en la cabeza mientras hacía un control en una carrera clandestina en San Antonio.
Otros hechos que suman a esta ola de inseguridad y violencia son los que ocurren con los overoles blancos, quienes amedrentan a diario a comunidades escolares, transeúntes, y estudiantes a quienes vulneran su derecho a la educación. La situación en el INBA es cada día más crítica y el Gobierno brilla por su ausencia; vemos al ministro de Educación haciendo videos en Tik Tok con una ligereza que no es la que amerita el cargo frente a una crisis educativa y lanzan una jornada de educación no sexista, cuando lo que se requiere con urgencia es una educación sin violencia.
En el plano económico, hace una semana en Lo Hermida hubo una manifestación de vecinos preocupados por el alza de precios; la inflación aprieta cada día más sus bolsillos, enfrentándose a una situación insostenible que lleva al país a una mayor vulnerabilidad e incerteza a las familias chilenas. Además, el Banco Mundial a inicios de octubre indicó que proyecta una caída del crecimiento económico en Chile y hace un llamado al Gobierno a usar de forma eficiente los recursos, pues según sus estimaciones un 17% del gasto fiscal se pierde en programas y contratación de personas que generan ineficiencia en el gasto.
Sin duda, diferentes hechos alarman a la ciudadanía y muestran a los chilenos olvidados, adoloridos porque no se hace valer su derecho a vivir a sin miedo, que ven a una clase política que no toma acuerdos para frenar la crisis inflacionaria, que no ven como prioridad la situación de violencia educativa, alentada por grupos de adultos, grupos anarquistas y radicales.
A la ministra Camila Vallejo, al Gobierno, a la clase política que busca un acuerdo para una Convención, le queremos pedir que mejor busquen un acuerdo para combatir la delincuencia, para reactivar economía, para dar tranquilidad y certeza a las personas que sufren con su indolencia. Ocho millones de chilenos dijeron que no a la convención y un 63% de los chilenos, según la última encuesta de Black & White, cree que el Presidente no se está haciendo cargo de los principales problemas de Chile. Es necesario que, a siete meses de haber asumido, se dedique a gobernar, que el Congreso tramite los cambios constitucionales que se requieran y que volvamos a respetar las instituciones y sus funciones. El Congreso chileno tiene el poder constituyente para llevar adelante este proceso, sin convención. Hacerse cargo del momento constitucional, como algunos creen, no implica volver a repetir una fórmula que ya fracasó. Hoy la prioridad deben ser los chilenos olvidados, abandonados y afligidos por las diversas crisis que enfrenta nuestra nación.
*Macarena Bravo es cientista político y prosecretraria del Partido Republicano.
