Purga de Xi Jinping para atajar infecciones en el partido

El 27 de enero, una fuerte lluvia había embarrado la entrada del Hospital Xinhua de Wuhan. Apenas quedaban unos minutos para la medianoche y una larga fila de personas esperaban a que algún médico les atendiera. Querían saber si habían contraído un virus que ya había dejado 2.066 infectados y 56 muertos en la ciudad.

Una de las personas de la cola, un hombre alto con una mascarilla negra de tela, estaba viendo en su móvil una entrevista en la cadena pública CCTV al alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang. El edil se había convertido en la diana de las críticas de los ciudadanos por su gestión. En las redes sociales miles de comentarios lo acusaban de haber respondido tarde a la epidemia y de haber minimizado la propagación al no informar del brote hasta el 31 de diciembre. Además, Zhou permitió el 19 de enero que se celebrara una gran cena por el Año Nuevo Lunar a la que asistieron 40.000 familias cuando ya había 62 casos oficialmente detectados. A ojos del pueblo chino, era el villano de esta historia vírica.

En aquella entrevista, el alcalde ofreció su dimisión y reconoció que el Gobierno local había tardado demasiado en revelar la información disponible sobre el brote. Aunque, según Zhou, eso se debió a que necesitaban la aprobación de instancias más altas. Pasó la pelota de culpabilidad directamente a Pekín. y ese gesto no gustó en la capital. Días después, el New York Times desveló que las autoridades locales, por una aversión política a compartir malas noticias, ocultaron la información sobre los casos reales al sistema nacional de información, manteniendo a Pekín en la oscuridad y retrasando la respuesta.

Esta semana, el doctor Zhong Nanshan, jefe del equipo de la Comisión Nacional de Salud y rostro visible de la lucha de China contra el coronavirus, ha responsabilizado directamente al consistorio de Zhou por la tardía actuación. «A las autoridades locales no les gustaba decir la verdad en ese momento», ha señalado el médico.

CENTENARES DE DESPIDOS

Desde Pekín tienen claro que el alcalde de Wuhan está sentenciado. Y a veces, en China, cuando algún líder comete un grave error de gestión, no se va precisamente al paro, sino a la cárcel. Por ahora Zhou ha desaparecido de la escena pública, pero muchos saben que pronto su nombre su nombre engrosará la lista de los purgados por el Partido Comunista. Una purga que comenzó a principios de febrero, cuando el presidente chino, Xi Jinping, ordenó empezar la limpieza de altos cargos de la provincia de Hubei como castigo por la gestión de la crisis del coronavirus.

El primero en caer fue Jiang Chaoliang, secretario general del Partido Comunista en la provincia del epicentro del coronavirus. Le sustituyó el que hasta entonces era el alcalde de Shanghái, Ying Yong. Después le tocó el turno a Ma Guoqiang, el secretario general del Partido Comunista en Wuhan. Su silla la ocupó Wang Zhonglin, un hombre de confianza del presidente Jinping, con fama de mano dura labrada durante las dos décadas que trabajó en el Ministerio de Seguridad Pública.

El propio Wang ha sido el encargado ahora de ordenar que en Wuhan se realicen las pruebas de coronavirus a los más de 11 millones de habitantes después de que se reportara un pequeño repunte de seis casos de contagio en una comunidad del distrito de Dongxihu. Wang no dudó la semana pasada en despedir al secretario del comité de trabajo del barrio, Zhang Yuxin, que era la persona encargada de velar por el control y la prevención del virus en la comunidad donde habían aparecido los nuevos infectados.

En la lista de purgados por la gestión del coronavirus también están tres altos cargos de la Comisión de Sanidad de Hubei: la directora de la Comisión, Liu Yingzi, el secretario del Partido Comunista dentro de esa institución, Zhang Jin, y el subdirector de la Cruz Roja, Zhang Qin. Estos son algunos de los nombres hechos públicos. Según han mencionado varios medios chinos, los despidos reales se cuentan por centenares.

La nueva limpieza de cargos ha empezado ahora en aquellas zonas del noreste de China donde se han reportado los últimos brotes de la Covid-19. En la provincia de Jilin, con una treintena de nuevos contagios, seis funcionarios han sido despedidos. Concretamente en la ciudad de Shulan, que ha vuelto al confinamiento, ha sido destituido el jefe del Partido Comunista, Li Pengfei.

En abril, cuando los nuevos infectados se localizaron en la ciudad de Harbin, cercana a Rusia, 18 funcionarios recibieron un demérito político. Lo que en el gigante asiático supone que, al lado de sus nombres en las listas del Partido Comunista, aparecerá una marca negra que les perseguirá de por vida. Otra decena de funcionarios directamente fueron despedidos y no podrán volver a ejercer ningún cargo público. Otros de mayor rango, como el vicealcalde de Harbin, recibieron un correctivo que no les permitirá prosperar en su carrera política.

Pekín no quiere fallos. Teme una segunda ola de coronavirus, y tener que volver a empezar de cero si hay un nuevo repunte de contagios por errores de prevención. Algo que destrozaría la narrativa de victoria que ha pregonado por el resto del mundo. Con las purgas, al hacerlas públicas, el Gobierno chino pretende que el pueblo vea que la mala gestión no queda impune y que los dirigentes sepan que si se equivocan, serán castigados. Una demostración de contundencia que empezó el presidente Xi Jinping al inicio de su mandato en 2012 con las purgas políticas por corrupción que se llevaron por delante a más de un millón de funcionarios de todos los niveles.