Sánchez contra las instituciones

Sánchez abandona la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (EFE)

Pedro Sánchez llegó a la Presidencia en 2023 gracias, entre otros, a los votos de Junts, obtenidos tras aceptar una amnistía que hasta entonces él mismo había considerado incompatible con la Constitución. Tres años después, la legislatura termina con otra operación de dudosa pulcritud: volver a aprobar los dos decretos sobre vivienda rechazados por el Congreso para someterlos, una vez disueltas las Cortes, a una Diputación Permanente cuya aritmética es más favorable al Gobierno. El comienzo y el final de esta etapa política comparten un mismo patrón: forzar las instituciones cuando se interponen en el camino de la voluntad presidencial.

La amnistía entra ahora en una de sus fases más controvertidas. El Tribunal Constitucional ha estimado el amparo de Dolors Bassa y ha corregido la interpretación del Tribunal Supremo sobre la malversación, abriendo el camino para que la medida beneficie también a Carles Puigdemont. Los cinco magistrados discrepantes acusan a la mayoría de «suplantar» al Supremo en la interpretación de la legalidad ordinaria y censuran que se le ordene dictar con carácter urgente una nueva resolución que aplique la amnistía. El juez Pablo Llarena ya ha dejado sin efecto las órdenes nacionales de detención de Puigdemont, Comín y Puig ante las consecuencias previsibles de la resolución constitucional. La controversia va mucho más allá del caso concreto. Resulta perturbador para la seguridad jurídica que la constitucionalidad de una ley pueda hacerse descansar de manera determinante en la finalidad política proclamada por el legislador en su exposición de motivos y no en lo que dispone su articulado. Y más aún que la previsibilidad de una norma termine vinculada a lo que sus destinatarios pudieran comprender de ella. Ese razonamiento corre el riesgo de construir una suerte de derecho paralelo, condicionado por apreciaciones subjetivas, cuando la seguridad jurídica exige precisamente normas generales, ciertas y objetivamente interpretables.

Tampoco se trata de negar al Constitucional su condición de intérprete supremo de la Constitución. El problema surge cuando esa potestad invade la función que corresponde al Supremo como máximo intérprete de la legalidad ordinaria. Si el TC deja de controlar la conformidad constitucional de una interpretación judicial para determinar directamente cómo debe interpretarse y aplicarse la ley, la frontera entre ambas jurisdicciones se desdibuja. Que cinco magistrados hayan denunciado precisamente esa «suplantación» demuestra la profundidad del conflicto institucional.

La segunda escena afecta al Poder Legislativo. El Congreso rechazó los decretos de vivienda y esa derrota precipitó la convocatoria electoral. Sin embargo, el Gobierno los ha vuelto a aprobar para llevarlos a la Diputación Permanente. Puede discutirse la constitucionalidad formal de la operación, porque el artículo 78 de la Constitución atribuye estas funciones a la Diputación Permanente. Pero reproducir sustancialmente unas normas recién rechazadas para aprovechar una representación reducida que altera la mayoría supone, como mínimo, defraudar el sentido democrático de aquella votación.

Más inquietante aún es el lenguaje presidencial. «Este Congreso no nos vale», se afirmó en el núcleo de Sánchez al decidir el adelanto electoral. Y el presidente acusa ahora a la mayoría parlamentaria de «dar la espalda a la ciudadanía» por rechazar sus decretos. Son expresiones impropias de una democracia. El Congreso no representa menos a los ciudadanos cuando contradice al Gobierno. Sostener lo contrario expresa una concepción caudillista del poder: identificar al gobernante con el pueblo y convertir cualquier contrapoder en un obstáculo ilegítimo. Sánchez pretende ahora hacer de la vivienda el eje de su campaña después de años de una política incapaz de generar la oferta asequible que España necesita. No puede compensar ese fracaso mediante intervencionismo de urgencia y mucho menos desautorizando al Parlamento. Entre una amnistía concebida para conseguir una investidura y unos decretos rescatados después de perder una votación se dibuja una misma concepción del poder. Las instituciones no están para servir al presidente. Están, precisamente, para limitarlo.