El 13 de abril se cumplieron ciento sesenta y dos años de la promulgación en Coro por Juan Crisóstomo Falcón de la constitución de 1864, sancionada en Caracas en marzo. Esa carta marcó el regreso de Venezuela al federalismo original de 1811, abandonado en las de inspiración bolivariana de Angostura en 1819 y de la Gran Colombia dada en la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821 y discutido sin decisión en los debates posteriores a 1830.
Sabidas son las críticas acervas que el modelo federal hizo el Libertador y también que el país, empezando por quienes lo lideraban en aquellas décadas turbulentas, no había metabolizado la idea federalista y por eso habría en la práctica múltiples versiones, casi tantas como caudillos. La verdad es que la “federación” como se decía popularmente, tuvo más de reivindicación social que de proyecto de Estado y acaso ese dato nos ayude a comprender la causalidad de aquella guerra larga y cruel, probablemente innecesaria.
Venezuela ha sido casi siempre federal en las constituciones, pero casi nunca lo ha sido en la práctica. También es cierto que alguna razón profunda debe haber para que en más de siglo y medio nadie se haya atrevido a borrar la forma federal de Estado y mire que hemos tenido gente ocurrente en el poder. Esta de 1999, me parece que es la más federal que hemos tenido, al menos desde la de 1874, una de las dos guzmancistas sin embargo, en la vida real está demostrado que el comportamiento de los poderes públicos es mucho más centralista que bajo la de 1961. Habrá quien piense que la raíz bolivariana se engulló la zamorana, pero creo que lo que ha privado es una constante, clarísima vocación de concentrar poder alimentada por una enorme desconfianza hacia toda manifestación viviente ajena a su control.
Pero ahí está la experiencia de nuestra historia que algo ha de enseñarnos, sobre todo acerca de los riesgos de ignorar, eludir o adulterar las normas, empezando por las constitucionales. Y ahí está la Constitución, ratificada por el pueblo cuando con más votos que los que la aprobaron, la defendió del proyecto de reforma de 2007.
Y es que la Constitución, si la cumplimos, puede servirnos de marco adecuado para resolver los acertijos de este “nuevo momento político” que se nos ha dicho que vivimos. Hay quienes centran su atención en la cuestión de la ausencia presidencial y no es que les falte razón. Ahora ¿es ese el único factor a ponderar? Personalmente opino que, con las vivencias nacionales, para que una nueva elección sea útil por creíble, tenemos que abordar con paso más decidido algunas cuestiones previas de cambios en lo institucional, progresos en lo político y libertades en la vida social. Solo así evitaremos otro aborto.
La vigencia actual del modelo federal tiene que ver con la necesidad de descentralización del poder en un país complejo y plural. Eso conviene a la buena gobernanza y a una política que no es monocolor, salvo por imposición artificial hoy ni lo será mañana, cuando cambien las cosas.
El 136 constitucional pauta un poder público distribuido en municipal, estadal y nacional, así que en cada ámbito debe ejercerse según sus competencias. Y de un poder público dividido según sus funciones y a cada rama y a cada órgano le toca actuar con autonomía y colaborar en la realización de los fines del Estado, que no son los que dice el gobernante de turno sino el artículo 3 de la misma Constitución a la que tenemos que volver. Es evidente que nos ha salido caro apartarnos de ella.
Si cada municipio y cada estado se ocupa con eficiencia de lo que les incumbe, sin “protectores”, interferencias ni discriminaciones presupuestarias, los ciudadanos de cada uno podrán decidir libre y soberanamente quién ha de gobernarlos y representarlos. Unas veces ganarán unos y otras otros, y el mapa será multicolor, como es natural.