Villasmil / Escombros sobre el asfalto y en las conciencias: la doble reconstrucción de Venezuela

 «Querido Rodrigo/ espero que tu familia esté bien/ aunque en momentos así, / ¿quién no es nuestra familia?».

La poeta española Isabel Bono al escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón.

El doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela en junio de 2026 dejó una dolorosa estela de destrucción material, miles de víctimas y estructuras colapsadas desde La Guaira hasta Carabobo. Sin embargo, la magnitud de la tragedia no se explica únicamente por la potencia física de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5. La devastación visible en el concreto expone una realidad subterránea mucho más profunda: el colapso institucional y ético tras casi tres décadas de un régimen dictatorial. Reconstruir a Venezuela tras este cataclismo exige un esfuerzo dual. No basta con levantar nuevos muros bajo estrictas normas antisísmicas; es indispensable refundar las bases morales, la confianza ciudadana y la transparencia de una nación cuya institucionalidad fue pulverizada mucho antes de que la tierra temblara.

La reconstrucción material es la urgencia más evidente, pero debe ejecutarse bajo una lógica radicalmente distinta a la del pasado reciente. El colapso de numerosos edificios residenciales, incluidos complejos estatales de la llamada Misión Vivienda, desnudó las consecuencias letales de la corrupción, el desvío de fondos y la absoluta falta de contraloría técnica en las últimas décadas. Levantar de nuevo el norte del país requiere el diseño de un plan nacional de infraestructura que priorice la ingeniería sismorresistente en el sistema de fallas de Boconó-Morón-El Pilar. Este esfuerzo debe incluir la restauración eficiente de servicios públicos críticos —como el agua potable y la red eléctrica— y la creación de un catastro técnico que evalúe qué zonas habitacionales son realmente seguras. La ingeniería debe subordinarse al valor de la vida humana, dejando atrás la improvisación y el uso de la obra pública como mera propaganda política y como botín de corruptos.

Sin embargo, el verdadero desafío radica en la reconstrucción moral de la sociedad. Veintisiete años de autoritarismo e hipercentralismo sistemáticos distorsionaron las dinámicas sociales, sembrando la desconfianza y normalizando la opacidad. La execrable politización y militarización de las labores de rescate y de la ayuda humanitaria observadas durante los días posteriores al sismo son el síntoma vivo de esa degradación de valores. Devolverle la dignidad al ciudadano damnificado, tratándolo como un sujeto de derechos y no como un mendigo del Estado, es el primer paso para sanar el tejido social.

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Este renacimiento ético requiere, obligatoriamente, la restauración de la verdad y la justicia. Durante años, la ausencia de rendición de cuentas permitió que se ignoraran las advertencias científicas sobre la vulnerabilidad sísmica del país. La reconstrucción moral exige que los nuevos procesos de licitación, asignación de recursos y ejecución de obras civiles se auditen de manera pública y rigurosa. La creación de veedurías ciudadanas autónomas, el libre acceso a la información y el protagonismo de las universidades y gremios de ingenieros y arquitectos locales servirán como un antídoto contra la corrupción estructural. La transparencia no es solo un trámite administrativo; es la herramienta moral para demostrarle al país que los recursos destinados a salvar vidas ya no terminarán en las arcas del peculado.

Asimismo, el proceso debe apoyarse en la solidaridad civil y el fortalecimiento de la comunidad. Los sismos demostraron que, ante la ineficiencia o el abandono estatal, los vecinos y los equipos de rescate independientes asumieron la primera línea de defensa de la vida hasta la llegada del auxilio del exterior. Esa resiliencia ciudadana colectiva constituye la reserva moral desde la cual debe edificarse la nueva Venezuela. Los planes de reconstrucción urbana deben diseñarse desde las regiones y las comunidades, escuchando las necesidades de los afectados y promoviendo la descentralización. Cuando los ciudadanos participan directamente en la recuperación de sus espacios, no solo reconstruyen sus hogares, sino que recuperan el sentido de pertenencia y corresponsabilidad democrática que el autoritarismo intentó borrar.

Si Venezuela se limita a reemplazar el cemento caído sin transformar el modelo ético y el régimen político que permitieron su vulnerabilidad, la nación se mantendrá suspendida sobre cimientos de barro. La reconstrucción material proporciona el techo y el sustento físico indispensables para la supervivencia; la reconstrucción moral aporta los valores, la justicia y la dignidad que transforman esos edificios en una verdadera república. Solo fusionando ambas tareas podrá el país levantarse de sus escombros físicos y espirituales, transformando el dolor de esta catástrofe en el pilar fundacional de un nuevo y renacido país.

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Para que el proceso de reconstrucción material y moral de Venezuela sea viable y sostenible tras el desastre sísmico es indispensable abordar la raíz de la extrema vulnerabilidad actual del país. Esto implica profundizar en dos premisas fundamentales: la ilegitimidad de los responsables del colapso para liderar la recuperación y el rol que debe asumir la comunidad internacional en la transición democrática.

1. La inhabilitación ética de los causantes del colapso

La reconstrucción de una nación, tanto en su infraestructura física como en su tejido ético, no puede ser conducida por los mismos actores que provocaron su ruina. Durante casi tres décadas, la gestión que debilitó las instituciones venezolanas operó bajo lógicas de opacidad, desvío de fondos y desprecio por los estándares técnicos mínimos. El colapso de edificaciones durante el terremoto no fue un hecho fortuito; fue la consecuencia material de la corrupción y la falta de mantenimiento sistemático.

Entregar la dirección, los recursos y la planificación de la reconstrucción a quienes institucionalizaron estas prácticas anularía cualquier posibilidad de cambio. Moralmente, un liderazgo que ha instrumentalizado la necesidad pública y la ayuda humanitaria con fines de control político carece de la credibilidad para convocar la unidad nacional o para garantizar que los necesarios fondos internacionales se manejen con transparencia. La renovación material del país exige, como requisito previo, una renovación de liderazgos fundamentada en la capacidad técnica, la honestidad y el respeto al Estado de derecho.

2.El rol protagónico de la verdad: Bien lo señala Karina Sainz Borgo: «Saber lo que ocurrió y está ocurriendo en Venezuela no resucitará a los muertos, pero evitará la claudicación moral».

La mentira, su prima carnal la corrupción, y el olvido han hecho demasiado daño en la historia patria. Un ejemplo: El edificio Petunia, que se derrumbó por el terremoto del 24J, ya había sufrido daños en el terremoto del 67. Al parecer se en ese momento se recomendó su demolición. No se hizo, se negoció (¿Quién, con quiénes en el poder municipal de entonces?) su supuesta «renovación». Las siniestras y desgraciadas consecuencias hoy están a la vista de todos.

3.El rol de la comunidad internacional y la urgencia de la transición

El apoyo de los actores externos no debe limitarse al envío de asistencia humanitaria, carpas o insumos médicos. Si bien la ayuda material es urgente para atender la contingencia inmediata, la cooperación internacional debe asimismo enfocarse en resolver la crisis política de fondo que agrava los efectos de cualquier desastre natural.

Bajo el liderazgo de la comunidad internacional, con los Estados Unidos a la cabeza junto a los aliados democráticos de la región y de Europa, el compromiso exterior debe canalizarse de manera decidida hacia el impulso de una inaplazable transición política real. Los esfuerzos diplomáticos y de presión deben orientarse a destrabar el estancamiento institucional para dar paso a un cronograma electoral definitivo.

Esta verdadera transición, no estructurada sobre ambiciones económicas foráneas, sino centrada en basamentos políticos, jurídicos y éticos, y sobre claras bases solidarias, debe establecer como prioridades innegociables:

La realización de elecciones libres, transparentes y auditables: Con observación internacional calificada y un árbitro electoral independiente que garantice que el voto ciudadano sea respetado.

La liberación plena de todos los presos políticos: Como paso indispensable para sanar el debate público y restaurar las garantías civiles básicas.

El fin de las inhabilitaciones y exclusiones: Asegurando que todos los sectores y liderazgos legítimos de la sociedad puedan participar en igualdad de condiciones, sin persecución ni ventajismo estatal.

Solo un gobierno con legitimidad democrática e institucional estará en condiciones de coordinar con éxito la millonaria inversión internacional que requerirá levantar las zonas destruidas y, al mismo tiempo, restablecer la confianza, la justicia y la dignidad que el país necesita para su reconstrucción moral.