Villasmil – Fragmentación y Polarización: La democracia peruana ante una nueva encrucijada electoral

La historia reciente del Perú se puede leer como un tratado sobre la inestabilidad política crónica. En la última década, el país ha visto desfilar una sucesión de presidentes destituidos, renunciantes o encarcelados, convirtiendo la crisis institucional en una penosa normalidad. Las elecciones del domingo siete de junio se presentaban no como una tregua, sino como el capítulo más reciente y agudo de una desgarradora fragmentación. Lejos de ofrecer un horizonte de reconciliación o un proyecto de país unificado, el menú electoral encapsulaba las dos almas del drama peruano: por un lado, el peso del cuestionamiento judicial y el desgaste del establishment tradicional; por el otro, el fantasma del populismo radical y la herencia de un gobierno fallido.

En un extremo del tablero se yergue la candidatura de Keiko Fujimori. La líder de Fuerza Popular representa una paradoja viviente en la política andina: dueña de una de las maquinarias partidarias más sólidas y disciplinadas del país, cargaba al mismo tiempo con un fardo judicial y un antivoto que han sido insuperables. Sus postulaciones (esta era la cuarta; previamente lo fue en 2011, 2016 y 2021) se han producido bajo la sombra constante de graves acusaciones por lavado de activos y organización criminal, derivadas de las investigaciones sobre el financiamiento de sus campañas anteriores. Para un sector importante de la población su figura no solo evoca el recuerdo autocrático del gobierno de su padre en los años noventa, sino que simboliza la instrumentalización de las instituciones y del Congreso para la protección personal y el bloqueo político. Su presencia en la contienda aseguraba que la campaña giraría, una vez más, en torno al dilema del antifujimorismo histórico.

En la acera opuesta se encuentra la candidatura de Roberto Sánchez, cuya postulación evocó de inmediato el fantasma de la convulsa gestión de Pedro Castillo. Sánchez, quien fuera un ministro clave y un tenaz defensor del expresidente que intentó un fallido golpe de Estado en diciembre de 2022, representa la continuidad de un discurso que instrumentaliza el resentimiento social y las profundas brechas geográficas y sociales del país.

El riesgo latente en su candidatura no es solo la evidente falta de cuadros técnicos idóneos para la gestión pública —un mal que paralizó al Estado durante el gobierno anterior—, sino la persistencia de un enfoque confrontacional que debilita el principio de legalidad y la separación de poderes, ofreciendo como supuesta solución un caudillismo mesiánico que ya demostró su incapacidad para gobernar.

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Este escenario configuró una trampa perfecta para el electorado. La ciudadanía se vio abocada a elegir no el mejor programa de gobierno, sino el «mal menor» o, peor aún, por el candidato que mejor encarnara el odio hacia el rival. El voto en el Perú se ha transformado en un ejercicio eminentemente reactivo y destructivo.

Para colmo, si en 2021 fueron 18 los candidatos presidenciales, en 2026 han sido 36 las opciones que se le ofrecían a los electores. La palabra estupidez ha asumido nuevas posibilidades en el sistema político peruano.

Ello es así porque en Perú – como en Colombia, a su propio estilo – el pasado no termina de pasar, simplemente se adapta, se reacomoda, adopta rostros distintos, pero siempre está allí, recordando que no se puede salir del laberinto en que se encuentra la política.

Quienes apoyan a Fujimori lo hacen movidos por el pánico al colapso económico y al desorden institucional que asocian con la izquierda radical; quienes respaldan a Sánchez actúan impulsados por el rechazo absoluto a la impunidad de la clase política tradicional y al modelo económico imperante. Esta dinámica de polarización extrema no deja espacio para el centro político, el consenso o la moderación, los pilares de una convivencia democrática saludable.

El futuro mandatario se enfrentará a un panorama desolador. La crisis peruana no es meramente una crisis de nombres o de partidos, sino una crisis del sistema en su conjunto. En este contexto, la democracia peruana enfrenta tres retos fundamentales y urgentes para garantizar su supervivencia a mediano y largo plazo.

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El primero de estos retos es la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones. El Perú sufre de un divorcio absoluto entre la sociedad civil y sus representantes políticos. El Congreso de la República y el Poder Ejecutivo han alcanzado niveles históricos de desaprobación debido a la percepción generalizada de que la política es solo un mecanismo de enriquecimiento ilícito y blindaje mutuo. Devolver la legitimidad a estas instituciones requiere reformas políticas profundas que sancionen el transfuguismo, transparenten el financiamiento de los partidos y eleven las vallas éticas y profesionales para acceder a la función pública. Sin instituciones respetadas, cualquier gobernante carecerá de la autoridad moral necesaria para dirigir el país.

El segundo desafío crucial consiste en recuperar la gobernabilidad y el equilibrio de poderes. La figura de la «vacancia por incapacidad moral permanente» y la contraparte de la «disolución del Congreso» se han utilizado de manera sistemática como armas de destrucción masiva política. El país ha caído en un ciclo de canibalismo institucional donde el Legislativo y el Ejecutivo buscan aniquilarse mutuamente en lugar de cohabitar.

Finalmente, el reto más profundo y postergado es la articulación de una agenda de desarrollo inclusivo que cierre las brechas históricas. La macroeconomía peruana, a pesar de los embates políticos, ha mostrado una resiliencia asombrosa en las últimas décadas, pero este crecimiento no se ha traducido en servicios públicos de calidad para las mayorías, especialmente en las regiones del sur y de la sierra central. La falta de acceso a salud, educación de calidad e infraestructura básica es el combustible que alimenta el descontento social y los discursos populistas. Si la democracia formal no es capaz de resolver los problemas cotidianos y materiales de la población, el ciudadano terminará por desencantarse de ella, abriendo la puerta a salidas autoritarias de cualquier signo ideológico.

El Perú se encuentra ante el espejo de sus propios errores acumulados. El desafío para el pueblo peruano y sus líderes sobrevivientes será entender que la democracia no se agota en el acto de sufragar, sino que se construye en el respeto a las reglas de juego, en la tolerancia hacia el adversario y en la urgencia de gobernar para todos, y no solo para la facción que consiga capturar el poder.

Finalmente: en un  país donde el conteo de votos puede ser casi eterno, al momento de escribir estas líneas no hay certeza de quién será el próximo presidente. Un dato que no se puede obviar: en Perú no hay un único órgano electoral, sino tres. Ninguna sorpresa en ello, claro.