Villasmil: La pregunta de Madison
Puestos a buscar razones y sinrazones que caracterizaron el año que acaba de concluir, y con la mira puesta en este año 2024 todavía en pañales, creo necesario comenzar con una gran falla de las democracias en el mundo, singularmente en América Latina: el debilitamiento continuo del Estado de derecho. De acuerdo con el Índice Global de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project (WJP), más de 6.000 millones de personas viven en países donde el Estado de derecho se debilitó entre 2022 y 2023.
Según un trabajo publicado el pasado diciembre en Diálogo Político por Ana María Montoya y Natalia Rodríguez, la situación del Estado de derecho puede medirse en relación con ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, un gobierno abierto, el respeto de los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En conjunto, estos factores contribuyen a un sistema efectivo de Estado de derecho que va más allá del sistema judicial.
A los defensores del “bukelismo” habría que señalarles que es obvio que un solo factor -orden y seguridad- no puede ser más importante que los otros siete señalados a la hora de medir el bienestar del Estado de derecho.
Sigamos con las analistas: “Este año, el Estado de derecho se debilitó en 59% de los países incluidos en el índice. El continuo deterioro del Estado de derecho en 2023 se debe principalmente a dos razones. Por un lado, a la continuación de las tendencias autoritarias en la mayoría de los países. Por otro, a la incapacidad de los sistemas de justicia para cumplir con las necesidades de las personas”.
¿Cuál es el país que ocupa el último lugar en América Latina en el llamado “Índice del Estado de derecho”? Lo adivinó, amigo lector: Venezuela.
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En la región fueron evaluados 32 países (no incluye a Cuba ya que el castrismo impide que se realicen encuestas en esa nación).
Los tres mejores resultados son los de Uruguay, Costa Rica y Chile; y si seguimos husmeando vemos, por ejemplo, que los puestos 4 al 12 son ocupados por naciones del Caribe -Barbados, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Grenada, Bahamas, Dominica y Jamaica.
Argentina sigue en el 13, Trinidad y Tobago 14 y Panamá 15. Nuestra vecina Guyana está en el 16. Mencionemos finalmente a Brasil en el 19, Perú en el 21, Colombia en el 22, El Salvador en el 25 (¡Ay, Bukele!), Guatemala en el 26, México en el 27, Nicaragua en el 30 y Haití en el 31.
Como decíamos arriba, Venezuela ocupa el puesto último, el 32.
Estos datos nos obligan a preguntarnos qué hacer con la presencia creciente del crimen organizado, el aumento del autoritarismo, el derrumbe de la justicia, las restricciones crecientes a los derechos más fundamentales, los roles de los poderes legislativo y judicial -crecientemente bajo ataque de los reyezuelos y caudillos que los asfixian desde el poder ejecutivo- y entender de una buena vez que sin pesos y contrapesos al ejecutivo la protección de los derechos humanos y la igualdad ante la ley son letra muerta.
Sin contrapesos y equilibrios no hay manera de que las prioridades ciudadanas sean evaluadas y tomadas en cuenta de forma sistemática. El pan y circo se convierten en solo circo. Y tal circo viene promovido desde la izquierda wokista y la derecha populista y conspiranoica, cada una buscando destruir la democracia.
La democracia está siendo frecuentemente traicionada por aquellos que debieran defenderla.
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«La democracia conlleva un debate interminable sobre la democracia misma. Cuando la ciudadanía libre debate, la discusión a menudo no versa sobre qué políticas o partidos deberíamos apoyar, sino sobre el significado mismo de la democracia».
Destaca Roberto Ogg Fábrega, también en la revista Diálogo Político, que “con estas líneas introductorias, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), presentó la actualización de su informe «El estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023».
En el caso del continente americano, dicho informe establece que la región ha sufrido un continuo declive de los principios democráticos. Se registran más países con un bajo desempeño en todas las categorías a diferencia de hace cinco años. Según el informe, esta situación pudiera ser producto del aumento de la militarización y los estados de excepción como forma de abordar la violencia, y la represión de la prensa, la libertad de expresión y de la libertad de asociación.
Pero hay una pequeña luz positiva dentro de todo: si bien las democracias lucen incapaces de ejercer los debidos contrapesos, están surgiendo nuevos actores y mecanismos dispuestos a la labor, como las organizaciones de derechos humanos, la prensa crítica o la protesta popular.
Todos ellos combaten un mal esencial que se esconde detrás de las nuevas formas de caudillismo autoritario que han aparecido, y que es la exclusión ciudadana.
Es obvio que los gobiernos de La Habana, Caracas y Managua son los primeros en excluir, en perseguir y violar derechos, pero desafortunadamente no son los únicos.
En democracia -bien lo recuerda Daniel Innerarity– “el poder es un lugar de tránsito, que se ejerce, pero no se detenta, y que debe realizarse de manera acertada, limitada y compartida”.
Cuando los Padres Fundadores de los EEUU discutían la futura constitución, James Madison formuló una preocupación que es eternamente válida: “Un problema general es que cualquier gobernante que tenga por sí solo el poder suficiente para imponer reglas necesarias para el bien común, ¿no será asimismo lo suficientemente poderoso para servir fundamentalmente a su propio beneficio y, en ese caso, por qué no haría esto último?’
Las lamentables respuestas históricas venezolanas -y latinoamericanas- a esta pregunta muestran que no haber asumido la preocupación de Madison ha estado en el meollo del fracaso de nuestra institucionalidad política y social.
Mientras, tras dos siglos de subdesarrollo y sin aparente luz al final del túnel, seguimos buscando el nuevo caudillo que prometerá salvarnos.
