365 días de hambre en la frontera cerrada por la pandemia covid-19

Cada año, Semana Santa se celebra en fechas distintas. Puede ser en marzo, puede ser en abril, puede ser, como este año, en ambos meses. Y sin distinción de los días, el hormiguero que era Peñas Blancas, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, se alborotaba.

Cientos de turistas costarricenses y extranjeros decidían cruzar a Nicaragua para sumergirse en las aguas de San Juan del Sur, a un paso de la frontera. Miles de nicas y ticos, en uno u otro territorio, para quienes estos días libres significaban reencontrarse al otro lado con su gente, su familia, sus amigos. Todos apiñados en filas interminables a la espera de sellos de viaje.

El hormiguero lo completaban quienes permanecían ahí todo el tiempo: rosquilleras nicas decididas a convencer a cada viajero de comprarles mínimo una bolsita, cambiadores o cambistas con sus rollos de dólares, córdobas y colones listos para hacer matemática mental y darle a los turistas la moneda para su travesía. Carretoneros, transportistas, vendedoras de chucherías, comedores, pulperías…

Semana Santa era uno de los más dulces y grandes confites para el hormiguero llamado Peñas Blancas y, de paso, para la economía de sus municipios cercanos: La Cruz, del lado costarricense; y Cárdenas y San Juan del Sur en Nicaragua.

A ese hormiguero lo pisó una pandemia. A todo el mundo. A ambos países, a cada lado de la frontera.

Costa Rica, que tomó medidas drásticas para hacerle frente a la crisis sanitaria, poco a poco ha flexibilizado sus restricciones para vivir una nueva normalidad, incluida la apertura total, desde cualquier país, de sus fronteras aéreas y marítimas.

Nicaragua, aunque no cerró la frontera, estableció como requisito para quienes ingresan al país la prueba negativa del coronavirus, incluso para sus ciudadanos. Las imposiciones de ambos países movieron la frontera a unos cuantos kilómetros de Peñas Blancas: ahí, nicas y ticos cruzan de manera irregular, y burlan las reglas de los gobiernos.

Pero este hormiguero, el de Peñas Blancas, sigue tan azotado y desértico como el día uno. Costa Rica no ha abierto las fronteras terrestres para quienes no son residentes o nacionales. Las fronteras siguen cerradas y su gente, a ambos lados, ya suma más de 365 días con hambre.

La Voz de Guanacaste, Interferencia de Radios UCR y Confidencial de Nicaragua nos unimos en este reportaje binacional para entender cómo la decisión del Gobierno de Costa Rica de postergar una y otra vez el cierre de la fronteras terrestres y el estricto requisito de Nicaragua impactan la economía de quienes subsistían de Peñas Blancas.

El hambre no entiende de razones

Pedro Antonio Vargas no puede parar de decir que desde el inicio de la pandemia él, su hermano y sus dos hijos están “sobreviviendo”.

Comen frijoles, le “arriman” un guineo, un quesito. Recogen los pocos huevos que a veces ponen las gallinas que tienen. Y con eso “engañan a los güilas (niños)”, dice su hermano José Jesús Romero.

Ellos dos, nicaragüenses con residencia en Costa Rica, trabajan desde hace 35 años como carretoneros. Así le conocen a quienes cargan maletas de los viajeros en una u otra dirección, o que llevan las mercancías de los camiones a los almacenes fiscales.

Si desde antes de la pandemia sus ingresos diarios eran entre 4000 y 10 000 colones (entre seis y 16 dólares) —en un día de suerte— ahora el bolsillo se encuentra prácticamente vacío. “A veces no tengo ni mil colones”, dice Pedro.

Si fuera solo por su alimentación, dice que no habría tanto problema: ya se acostumbró a andar con la panza hambrienta. Pero sus hijos, sus muchachos como les dice él, son su mayor preocupación.

“Van a la escuela [el colegio] y a veces en la mañana se van sin desayunar. Me acuesto y me duele la cabeza pensando… Me puede dar un derrame”, cuenta angustiado.

Ser carretonero es un trabajo informal, como la mayoría de un incalculable número de personas que vivían del ajetreo del puesto fronterizo de Peñas Blancas y que, en parte, responde a las pocas opciones laborales de la zona.

Pero para cualquiera era atractivo vivir el día a día de Peñas Blancas, aun sin las garantías que ofrece el trabajo formal: durante 2019, por ejemplo, cruzaron en promedio 3327 personas cada día. Después de marzo de 2020, la cifra no llega a los 700.

Es un imán económico en pueblos empobrecidos. La Cruz, por ejemplo, el cantón de la provincia de Guanacaste más próximo a Nicaragua, basa su economía principalmente en actividades agrícolas, ganaderas y en el empleo que genera un hotel grande en la costa. En Nicaragua, Cárdenas es un pueblo pequeño que vive de la frontera, del turismo y la ganadería.

Los hermanos, Pedro y José Jesús, calculan que alrededor de 75 personas se dedicaban a su misma labor en el lado tico de la frontera. Y a ellos se suman los cambistas.

Un conocido de ellos, llamado Jesús Chaves y que se dedicaba a esa labor, dice que solo en la asociación a la que él pertenece hay 60 integrantes. Otros cuantos trabajaban sin estar asociados a ningún gremio.

Ellos también hacían negocios —intercambiaban colones, córdobas y dólares— con sus colegas nicaragüenses, que son alrededor de 73, según cálculos del presidente del sindicato Gaspar García Laviana, llamado Francisco Urbina.

Juntos, de un lado y otro de la frontera, son cientos, un dato sin registro oficial. Sin importar el número, ellos pasaron de tener lo justo para vivir cada día a tener los bolsillos vacíos, aún en las extintas temporadas altas.

“Este diciembre fue normal. Normal. Igual que Semana Santa [la de 2020]. No hubo afluencia de turistas. No bajó la gente. No bajó nadie. Nadie. Nadie”, repite José Serrano, otro cambista en Nicaragua. “Pues todo fue así, normal, como que no hubo ningún acontecimiento, como que no pasó nada”.

“Como que no pasó nada”, dice. En realidad, aunque el traspaso comercial sí está habilitado, y los carretoneros podrían cargar esas mercancías y los cambistas podrían trabajar con los pocos que transitan, en ambos lados tienen prohibida la entrada a la zona primaria, es decir, a las áreas alrededor de las oficinas migratorias.

“El marido mío me dice ‘no, no, no. No te preocupes’”, cuenta María Cristina Pérez, una rosquillera nica que antes de la pandemia vendía en Peñas Blancas. “Siempre comemos, sí. Con la fe en Dios, siempre todos comemos”.

“Cometí el error más grande de ser obediente a todas las normas que el Ministerio de Salud nos pedía ‘quédate en casa’, ‘no salgas’ y eso… ¿Por qué? —se autopregunta como queriendo devolver el tiempo con un nuevo plan para cambiar su vida y la de los tres hijos que cría— porque si yo hubiera seguido trabajando, aunque sea con los transportistas, tal vez hubiera encontrado recursos para sobrevivir y no gastar lo que tenía”.

Y a pesar de que se arrepiente, agradece que sus ahorros lo hayan ayudado por meses a no caer en el precipicio. Pero ahorrar, dice, no era la norma de sus colegas. Compañeros de nosotros me han llamado a mí y me han dicho: “¿Jesús no tenés algo ahí? No tengo nada para cocinarle a mis hijos”.

Aunque los hermanos Pedro y José Jesús sí han sentido la soga al cuello, quieren creer que el Gobierno lo hace por su bien. “La cuestión [o sea, el coronavirus] es un peligro terrible, latente. Pues yo estuve con el covid, y entonces digo yo: ‘los de Salud saben lo que hacen, las autoridades saben lo que hacen’”.

Los decretos ampliados del cierre de fronteras terrestres por parte del Gobierno de Costa Rica han sido tan reiterativos como las preguntas de la prensa a las autoridades, en búsqueda de claridad en la decisión. La tarea no ha sido fácil: las respuestas son técnicas y escuetas.

“Se realiza una revisión de tasas de infección en relación con los tamaños de población, tendencia de las tasas de infección comparada a periodos anteriores y resultados generales de las medidas de salud pública aplicadas en los países”. 

“El equipo técnico valora constantemente los requisitos que se establecieron para fronteras terrestres, tomando en cuenta los riesgos y la cantidad de costarricenses que transitan por dicha frontera”. 

Estas han sido parte de las respuestas del departamento de prensa del Ministerio de Salud a consultas previas de los medios que integramos este reportaje. Al cierre de esta publicación, Salud no brindó una entrevista con el ministro Daniel Salas. Se solicitó con el fin de entender las respuestas brindadas a la prensa y las razones sanitarias del cierre de fronteras.

La última explicación pública del ministro ocurrió el 22 de febrero de este año, en una conferencia de prensa: 

“Uno también tiene que tener la realidad de todo lo que está pasando al ingreso por tierra. No solo vienen de los países vecinos sino que vienen, incluso, de otros países en recorridos muy largos, incluso muchas veces en condiciones sanitarias muy precarias, y que también eso incrementa el riesgo de transmisión”.

Eso sí, por aire, Costa Rica permite el ingreso de visitantes de cualquier país sin necesidad de prueba de diagnóstico de covid-19 ni de cuarentena. Solo un seguro de viaje. Incluso, un nicaragüense o panameño podría ingresar a Costa Rica si puede costear el vuelo.

Rebuscársela

Muchos han dejado atrás el trabajo que por años les dio de comer. Migrar a otras fuentes de empleo, eso sí, no es fácil. Pedro y José Jesús trabajan en lo que les salga: arreglando chunches como televisores, haciendo mandados a vecinos, chapeando. Lo que sea.

“Hay veces, no puede dormir uno pensando en cosas. Qué vas a hacer mañana. Que vas a hacer esto, lo otro… Te levantás con que vas a trabajar, y no vas a trabajar”, dice Pedro, queriendo decir que no hay trabajo, que por sus edades, 68 y 57 años, menos los van a emplear. “Uno sufre por mis muchachos. Mis muchachos, cuando trabajaba, comían sus cositas, sus ‘conflequitos’”. El cereal es más que nunca un lujo.

No solo los trabajos informales se perdieron. José Chaves tiene una pulpería en Peñas Blancas, al lado nica y, por la pandemia, tuvo que despedir tres empleados. Él estima que sus ventas han bajado casi un 80%.

“Yo tenía muchos compradores del lado de Costa Rica que venían por monte a comprar muchos abarrotes, en su mayoría pollo y carne, porque los costos son menos que allá”, dice, y explica que es gente que al lado tico vende comidas a los transportistas, sobre todo.

Lo mismo ha sucedido con compañías aduaneras y empresas de viajes internacionales.

Por eso, el dueño de Transnica, Óscar Alfaro, describe el impacto en la economía de quienes vivían del cruce de viajeros como “apocalíptico”. Han suspendido contratos, recortado jornadas, disminuido salarios, despedido trabajadores. “Es muy doloroso mandar a personas para la casa sin un salario, a sabiendas de las necesidades que se tiene como seres humanos, como familias”, admite.

Antes de la pandemia trasladaban 10 000 personas en un mes, pero hoy son, si acaso, 400, según sus propias estimaciones. Por eso no les quedó otra opción más que suspender a personas como Andreína Ledezma, una tica que por 18 años vendió tiquetes de regreso a la frontera a quienes ingresaban a Costa Rica.

“Ese día, yo me recuerdo, fui a trabajar normal y llegó el jefe inmediato de nosotros y me dijo que iban a cerrar la frontera un mes, que nos fuéramos para la casa y que ellos nos estaban llamando. Y ese mes se volvió dos meses, tres meses y ahora casi un año”, cuenta.

Primero la ayudó su familia con los pagos de luz, de agua, teléfono, comida. “Gracias a Dios no pago casa, es como una ventaja”, dice.

Pero apoyarse así en su familia se volvió insostenible mientras transcurrían los días. Entonces decidió taxear de manera informal, hasta que hace menos de un mes chocó, se fracturó el tobillo, y hoy guarda reposo en la casa de su mamá.

Los impuestos que se perdieron

La frontera no solo alimentaba a las familias de quienes trabajaban allí, sino también a los presupuestos municipales de las ciudades fronterizas. Pero hoy, al igual que los bolsillos de esos hogares, esas finanzas están deprimidas.

Es mediodía y en la Municipalidad de La Cruz el ajetreo no para. En la entrada, un anfitrión indica y supervisa la aplicación del protocolo sanitario: lavarse las manos, ponerse alcohol en gel, toma de temperatura.  “Gracias por venir a hablar sobre este tema”, repite una y otra vez la vicealcaldesa Ada Luz Osegueda.

A Osegueda le tocó asumir la municipalidad junto al alcalde Luis Alonso Alán el primero de mayo de 2020. Ese día se anunció el primer caso de covid-19 en el cantón y, para entonces, la frontera ya llevaba mes y medio cerrada. “Es una frustración. Peñas Blancas es un motor económico”, explica Alán.

El alcalde calcula que solo en esa zona, en 2020 se vieron afectadas unas 300 personas que tenían empleos formales e informales.

Pero además, los viajeros deben pagar cinco dólares de impuesto de salida. La mitad de ese tributo lo recibe el gobierno local de La Cruz desde 2016 y constituye casi un tercio del presupuesto general del cantón, asegura el alcalde. También percibe otros impuestos aduanales del transporte de carga por la frontera, que sí se han mantenido, con excepción de la última semana de mayo de 2020.

Con la frontera casi desierta, la municipalidad percibió la mitad de lo que usualmente recibía. En 2019 ingresaron 1313 millones de colones (2.1 millones de dólares), en el 2020 recaudaron 653 millones de colones (poco más de un millón de dólares).

Ese dinero ha sido tan importante que ayudó a sanear la deuda y el déficit que la municipalidad tenía acumulados hasta 2015. Ahora que la recaudación de este impuesto cayó, tendrá problemas para financiar la obra pública y proyectos para la comunidad.

La historia es la misma a menos de 40 kilómetros, al otro lado de la línea imaginaria fronteriza, en Cárdenas, Nicaragua. La concejala del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) Lesbia Vílchez explica que, al entrar al país por Peñas Blancas, los extranjeros deben pagar un impuesto de un dólar que se destina a la alcaldía de ese municipio.

“Si se cobraba, por decirte, 1000 dólares diarios cuando había flujo de turistas, hoy ya no se cobran ni 200 dólares, te puedo decir que ni 100”, dice Vílchez preocupada.

No es para menos. Ese impuesto ha constituido casi la mitad de los fondos propios de la municipalidad. Con ese dinero se cubrían gastos sociales, como el mantenimiento parcial de un preescolar, una casa materna y un programa de bachillerato a distancia. El año pasado tuvieron aprietos para pagar las dietas de los concejales e incluso el salario del personal.

La municipalidad ha tenido que ingeniárselas y crear nuevos impuestos para así disminuir las pérdidas: en bienes raíces, a vendedores ambulantes, incluso empezó a cobrar un impuesto a motociclistas que trasladan a nicaragüenses que entran a su país de manera irregular por los “puntos ciegos” desde Costa Rica. Una vez en territorio nica, les ofrecen servicios de transporte, detalla Vílchez.

Con esas maniobras, para este 2021 la alcaldía proyecta un presupuesto de nueve millones de córdobas (2.5 millones de dólares).

Un reencuentro sin fecha definida

A Cristhian García le hace falta el calor de su familia. Con la pandemia y el cierre de la frontera se quedó sin verla. Está solo en Costa Rica.

El joven forma parte de las decenas de miles de nicas que llegaron a Costa Rica buscando refugio tras el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en el 2018, cuando decidió prestar asistencia médica a los heridos por la represión estatal.

No puede regresar a su país por temor a represalias por parte del Gobierno y sus fanáticos, además el proceso de solicitud de la condición de refugio no se lo permite. La única manera de reencontrarse con sus seres queridos es que ellos le visiten en Costa Rica.

“Mis planes eran traer en Semana Santa del año pasado a mi familia, pero la pandemia y el cierre de frontera me lo impidió. Pensé que para estas fechas las cosas mejorarían y podría traerlos de visita, pero el tiempo avanza y la frontera sigue cerrada”, cuenta afligido.

“Difícilmente uno puede costear el viaje en avión de una persona, es carísimo, a pesar de que estamos a un salto de Nicaragua”. Un boleto redondo entre Nicaragua y Costa Rica ronda los 500 dólares.

La frontera que “se movió” 

Lo saben del lado de Nicaragua y también del lado de Costa Rica. La frontera cerrada no interrumpió el flujo de personas entre un país y otro, solamente provocó que el paso se trasladara de Peñas Blancas hacia los “puntos ciegos”, es decir, promovió el cruce ilegal. Lo dicen sus pobladores y autoridades locales.

“Ahora usted ve que la frontera ya no es Peñas Blancas, son otros lugares. La gente sigue entrando, sigue saliendo, igual que siempre. Ahorita que viene Semana Santa, es mentira que los van a parar aquí. ¡Jamás!”, comenta Andreína, la joven vendedora de boletos de viaje de La Cruz.

“Para diciembre prácticamente la frontera se trasladó a Cárdenas, porque se están viniendo por Los Ángeles, por Colón, aquí por detrás del muro…”, coincide la concejala de Cárdenas.

“Una decisión como el cierre de fronteras por tanto tiempo ha provocado que tengamos puntos de constante paso incontrolables en Conventillos, en los alrededores de Peñas Blancas, en La Libertad, en Santa Elena, en Santa Cecilia, en la parte marítima. Lo que se ha promovido es la migración irregular en un cantón que tiene casi 70 kilómetros de frontera terrestre”, explica el alcalde de La Cruz.

Para Alán, el operativo Fronteras Seguras no dio el resultado esperado. Desde el 19 de marzo de 2020, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica realizó el despliegue de todos los cuerpos policiales del país —una integración catalogada como histórica por las autoridades— para vigilar las fronteras terrestres del país. “¡Por aquí no pasa nadie!”, afirmó la vicepresidenta Epsy Campbell, en ese momento, refiriéndose a la frontera con Nicaragua.

La percepción del alcalde es que la crisis económica provocada por la pandemia obligó a los nicaragüenses, que vivían en Costa Rica y que habían perdido sus empleos, a regresar a su país, donde la vida es más barata y, donde incluso sin empleo, se las ingenian con sus familias para comer cada día.

“El operativo fue pensando en que, por el tema sanitario, por lo que iba a ocurrir en el país hermano de Nicaragua, íbamos a tener una migración fortísima de personas que querían buscar sistemas de salud para tratarse y huir de la pandemia”.

Lo dice porque en Nicaragua no se declaró estado de emergencia, no hubo cierre de fronteras ni restricciones. El Gobierno, más bien, promovió aglomeraciones y la normalización de las actividades sociales, por lo que la cantidad de contagios por coronavirus fueron mayores que en Costa Rica, aunque en Nicaragua las cifras oficiales insisten en ocultar el verdadero impacto de la pandemia.

Para él, la falla del operativo ocurrió cuando los nicas que salieron inicialmente hacia su país, regresaron a Costa Rica por puntos ciegos en los meses en que ya la presencia policial había disminuido, principalmente en diciembre.

Y eso calza con lo que explica Johanna Rodríguez, gestora policial regional de Migración y Extranjería de Costa Rica: en noviembre, al abrirse los aeropuertos, el recurso policial ubicado en las fronteras terrestres tuvo que regresar a sus funciones. Agrega que el operativo Fronteras Seguras continúa ejecutándose y se reforzará del 25 de marzo al 11 de abril, por la Semana Santa.

A más vigilancia, más rechazos

Según datos de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, de 19 de marzo del 2020 al 10 de marzo de 2021, las fuerzas policiales rechazaron el ingreso de 26 319 personas entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua, la gran mayoría de nacionalidad nicaragüense. El dato toma en cuenta a quienes intentaron ingresar de manera irregular y quienes no cumplieron los requisitos migratorios.

Los rechazos se duplicaron entre 2019 y 2020, pero también hubo un crecimiento del 70% entre 2018 y 2019, antes de la pandemia.

Para la gestora policial Rodríguez, el aumento de rechazos no implica un mayor flujo migratorio. “Como la frontera está cerrada, tenemos un poquito más de recurso para poder vigilar todas esas partes (puntos ciegos) y se ha captado un poco más (de migrantes)… pero es un comportamiento que no es producto del año pasado ni de este año, sino que es de bastantes años”.

“Nuestras fronteras son sumamente porosas y no tenemos para tener la cantidad de oficiales que tal vez las personas quisieran. No es algo muy factible por la cantidad de recursos, por la logística, por el cansancio, el gasto económico”, agrega Rodríguez.

Solicitamos información al Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica sobre los resultados del operativo Fronteras Seguras, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta.

El alcalde Alán además alerta que el cierre de la frontera fortalece a las bandas que se dedican a actividades ilícitas, como el cobro por cruzar a los migrantes por puntos ciegos.

“Ahorita todo el resultado de lo que se está haciendo es negativo, o la mayor parte. El Gobierno tiene que escuchar más a las autoridades locales, a los vecinos del cantón”, considera Alán.

Existe otro “aliciente” para la migración irregular, además de la frontera cerrada, añade el funcionario, y es el requisito de entrada que pide Nicaragua a extranjeros y nacionales: el resultado negativo de una prueba de covid-19, cuyo costo ronda los cien dólares.

Es un precio impagable para muchos migrantes, como los 500 nicaragüenses que se quedaron varados durante casi dos semanas en Peñas Blancas en julio del año pasado.

También sucede en el sentido contrario, de nicaragüenses que pasan de Nicaragua hacia Costa Rica. “Les preguntamos por qué (cruzan de forma irregular), si tienen la facilidad de poder ingresar como residentes al país, y muchas veces indican que es porque por ahí es mejor o les sale más barato”, afirma la gestora policial regional de Migración costarricense.

La incertidumbre sobre el país vecino

En Costa Rica los casos positivos de coronavirus han bajado considerablemente. De llegar a registrar más de mil casos diarios, ha pasado a reportar unos 400.

De Nicaragua no se conoce el estado de la pandemia, pero el Comité Científico Multidisciplinario señala que hay un aumento de casos de COVID-19 desde inicios de 2021, aunque no es un brote como el del año pasado, cuando los hospitales del país se saturaron y los servicios funerarios se triplicaron.

Para el epidemiólogo costarricense Juan José Romero, la decisión de cerrar fronteras terrestres en 2020 fue necesaria por la incertidumbre de lo que ocurría en Nicaragua y la situación pandémica en Panamá.

Romero considera que mantenerlas cerradas podría deberse a las nuevas cepas del virus, que son más contagiosas y letales.

“De Nicaragua sabemos muy poco de sus protocolos, de su tasa de contagio… ni siquiera sabemos cómo anda el número de fallecidos. Lo que se observa no es muy confiable. Y ante la incertidumbre, hay que poner las condiciones del menor riesgo posible. Creo que es ahí donde está apuntando el Gobierno de Costa Rica”, amplía.

Y esas razones las entienden quienes viven de la frontera. Pero entenderlo no es suficiente para sobrevivir.

“Si no te mata el covid, te mata el hambre”, teme Pedro, ansioso por regresar a Peñas Blancas a trabajar. El clamor es unánime y la esperanza la misma: que pronto abran la frontera, aunque Peñas Blancas no vuelva a tener el mismo ajetreo diario que lo convertía en un hormiguero.

Después de la pandemia, mucho ha cambiado, excepto que quienes tienen menos son siempre los más afectados. Y ellos lo saben.

*Con reportería de Hulda Miranda, Katherine Estrada, David Chavarría y Deylin Gutiérrez.