La quimera del rescate de la Unión Europea

Mientras seguimos con las discusiones sobre las fases de la ‘desescalada’, observando las idas y venidas de las comunidades autónomas y del Gobierno central para desentrañar los misterios de sus planes que como denominador común tienen el de sembrar la confusión entre los españoles, poco se dice sobre el agujero que se va creando en la economía nacional y nada se sabe de las hipótesis o planes para enfrentarlo, salvo los tópicos al uso sobre la solidaridad de la Unión Europea salpimentados con las noticias vagas sobre las reuniones de sus responsables que, a mi juicio, son indicativas de que las instituciones comunitarias se encuentran atenazadas por la disparidad de intereses y opiniones de sus socios y por la envergadura económica y financiera de los daños de la epidemia en el territorio de la UE. Y es esto último lo que nos lleva a afirmar que la reedición de los rescates al estilo de los de la década pasada es una quimera si nos fijamos en la experiencia y volúmenes de aquellos en comparación con lo que hoy sería necesario. Probablemente tengamos que conformarnos con el oxígeno del BCE, rezando, los que tengan fe, para que Alemania y sus socios no limiten en demasía las compras de deuda soberana.

La crisis financiera de 2007/2008 se transformó rápidamente en una doble crisis de deuda soberana y de la economía real, que amenazó la estabilidad de la unión monetaria y al propio euro a los pocos años de haber nacido. Tras muchas dudas, mientras las amenazas crecían de volumen, la Unión Europea junto, con el FMI, puso en marcha las políticas de rescate en el año 2010 que afectaron a tres pequeñas economías: Grecia, Irlanda y Portugal. También España fue objeto de rescate en el verano de 2012, en gran parte debido a los famosos decretos Guindos, de infausta memoria, que pusieron en jaque a nuestro sistema crediticio; pero, en conjunto, las cuantías comprometidas en aquellos rescates, alrededor de 390.000 millones de euros, podrían considerarse asumibles por los socios de la UE, algunos de los cuales, singularmente Alemania y Francia, eran acreedores significados de los países afectados y, como es lógico, querían cobrar sus deudas.

Los rescates griegos terminaron en 2018, dejando al país en la ruina más absoluta con una deuda equivalente a más del doble de su PIB

De entre esos rescates el más emblemático fue el de Grecia, cuya economía representaba sólo un 2% del total de la UE. Sin embargo, la instrumentación del rescate provocó convulsiones políticas y sociales agudas en el país, que se trasladaron a las propias instituciones comunitarias hasta el punto de que la credibilidad del euro se vio seriamente amenazada en los mercados financieros que observaban el desbarajuste y el encarecimiento progresivo de dicha operación. Las crónicas de todo ello son abundantes y sus consecuencias de inestabilidad y desafección en términos políticos se han extendido por toda la Unión, cuyas instituciones viven desde entonces lastradas por una experiencia desdichada que, me imagino, ni quieren ni pueden repetir. Solo decir para corroborar lo anterior que los rescates griegos terminaron en 2018, dejando al país en la ruina más absoluta con un volumen de deuda equivalente a más del doble de su PIB.

Lo de ahora es de otra naturaleza, y en eso el Gobierno español lleva razón: la pandemia está pasando por toda Europa como un huracán enormemente destructivo, causando gran mortandad y devastación económica. Pero no todos los países lo están sufriendo en el mismo grado, sobre todo en sus economías. Aquellos en los que el turismo y los servicios representan elevados porcentajes de su PIB, casos de España e Italia, están entre los principales damnificados y con mayores necesidades de auxilio. Si la UE fuera una federación de estados, el asunto se trataría en el seno de la federación como ocurre en los Estados Unidos de América y toda la potencia del poder federal se pondría al servicio de los damnificados.

Federalizar la deuda

Pero la Unión Europea ni es una federación de estados ni lo va a ser, y a los hechos me remito. Por tanto, las apelaciones, por muy bienintencionadas que sean, al esfuerzo común y a mutualizar las deudas van cayendo en saco roto. Están fuera de la realidad política comunitaria y no vale extenderse en controversias estériles entre países ricos y pobres. Lo único que se consigue con eso es dar tres cuartos al pregonero sobre las debilidades del proyecto común o lo que queda de él sin beneficio para nadie, mejor dicho, con beneficio para quienes desean apuntillarlo sin más.

Si nos centramos en el terreno económico y financiero el asunto adquiere un cariz inquietante, ya que el volumen de necesidades sólo para dos países, España e Italia, que representan cerca del 22% del PIB de la UE, se aproximaría inicialmente a los 400.000 millones de euros, dando por buena la estimación de caída de un 10% de los PIB de ambos estados. Hagan la cuenta de lo que sumarían las demandas del resto de socios, entre ellos la propia Francia, y se comprenderá que, salvo préstamos puntuales como los acordados por los ministros del Eurogrupo para los gastos sanitarios de cada país, poco más se puede esperar y que será cada Estado el que tendrá que decidir cómo administra sus necesidades para restaurar el tejido productivo una vez pasada la pandemia.

Por ello, resulta urgente hacer el inventario de daños con el fin de planear la adaptación de nuestra quebrantada economía al nuevo escenario mundial en el que desconocemos cual será el papel de la Unión Europea. Pero sea el que sea, sí parece cierto que los estados nacionales verán incrementado su protagonismo como referencia última de sus ciudadanos; la crisis de la pandemia nos lo ha demostrado una vez más. Y, constatada esa realidad, España, sin perjuicio de mantener el anclaje en la UE conociendo las limitaciones de la misma, probablemente se verá obligada a ampliar sus horizontes para buscar acuerdos económicos y alianzas políticas, haciendo valer su posición estratégica y su capacidad económica, en beneficio de nuestros intereses nacionales. Entretanto, sólo cabe confiar en que el BCE mantenga sus políticas de adquisición de activos para inyectar liquidez y controlar los precios de la deuda soberana, que no es poco.