Alzuru: Transición en Venezuela: dos propuestas
Dinámica de negociación y apertura controlada
Desde el 3 de enero habría un pacto entre el gobierno de Estados Unidos y actores del régimen venezolano (acordado o forzado), especialmente el PSUV, FANB y Delcy Rodríguez con condiciones definidas por la administración estadounidense, como sugieren decisiones políticas, económicas e institucionales concurrentes.
Ambas partes valoran la política: Estados Unidos la considera exitosa y replicable, mientras el gobierno venezolano la interpreta como una reconfiguración económica y social sin ceder de inmediato el control político. Aunque inicialmente percibida como liberalización, ha generado desconcierto por la persistencia de prácticas autoritarias —designaciones cuestionadas, amnistía selectiva y procesos judiciales activos—, lo que revela una apertura controlada más que una transformación institucional.
Desfase entre representación y poder real
En lo institucional, se repiten patrones que debilitan la autonomía de los poderes públicos: la designación del Fiscal General evidencia que decisiones del Ejecutivo son luego legitimadas por la Asamblea, que formaliza lo ya decidido. De ello se concluye que los actores parlamentarios no oficialistas enfrentan fuertes límites estructurales para transformar instituciones, sin traducir su representación en capacidad efectiva de incidencia. En lo económico-institucional ocurre algo similar con la autonomía del Banco Central y la Contraloría. Surge así la cuestión de cómo reinstitucionalizar el CNE y el TSJ, sin alterar la correlación de fuerzas ni los incentivos de quienes los controlan.
Escenarios para la transición: estrategia, reestructurar el Estado
Frente a este escenario, pueden identificarse al menos dos propuestas tácticas.
La primera se infiere de la práctica política: llamados a elecciones, reorganización partidaria y movilizaciones, más que de un programa formal. En esa línea está la coalición liderada por María Corina Machado.
Este enfoque se fundamenta en tres premisas:
- El artículo 233 de la Constitución sobre la falta absoluta del Presidente y una interpretación ad hoc del TSJ.
- La experiencia del 28 de julio de 2024, donde se obtuvo una victoria amplia y se evidenció fraude en condiciones más adversas.
- La existencia de un garante externo —Estados Unidos— que reduce la probabilidad de desconocimiento de resultados.
Desde esta perspectiva, la transición institucional sería posterior a la toma del poder, sin negociación previa con el régimen. Se trataría de una estrategia de ruptura, donde la legitimidad electoral permitiría reconfigurar al Estado.
Esta propuesta maximiza beneficios de corto plazo para sus promotores y Estados Unidos, al garantizar el proceso electoral y el reconocimiento de resultados, al excluir al régimen de la transición y del diseño del nuevo orden institucional. El régimen asume todos los costos políticos del cambio, sin beneficios.
Sin embargo, la principal debilidad de la propuesta no radica en el acceso al poder, sino en su sostenibilidad en el tiempo, en tanto no aborda de manera previa el problema del control efectivo de las instituciones ni la gestión de los actores con capacidad de bloqueo de la gobernabilidad.
Precedente histórico y problema de viabilidad reformista
La experiencia venezolana ofrece un antecedente. A inicios de los años ochenta se diagnosticaron problemas estructurales del Estado que debilitaban la democracia del Pacto de Punto Fijo. En 1984 se creó la Comisión para la Reforma del Estado (Copre), con participación de intelectuales, el espectro completo de los partidos políticos, gremios e instituciones de la sociedad civil y algunas propuestas llegaron al Congreso. Existía un amplio consenso político y social, construido durante años, sobre la necesidad de reformas.
Tanto Carlos Andrés Pérez como Eduardo Fernández, los candidatos, estaban comprometidos con la implementación de esas reformas. En esas elecciones, entre ambos representaban 93,3% del electorado: 52,91% Carlos Andrés Pérez y 40,4% Eduardo Fernández.
Poder, reformas y límites del consenso político
CAP conformó uno de los equipos ministeriales más sólidos que tuvo el país, especialmente en el ámbito económico. Para implementar las reformas políticas, ascendió a la Copre como ministerio de Estado, a cargo del destacado académico Carlos Blanco, actual asesor de María Corina Machado.
Sin embargo, la crisis económica heredada generó problemas sociales (Caracazo). El gobierno impulsó su plan sin una negociación política efectiva. Hubo dos golpes de Estado y el presidente mantuvo su táctica al considerar el Gran Viraje como el camino correcto para su objetivo, confiando en su legitimidad de origen y popularidad.
Los costos fueron elevados: Carlos Andrés Pérez los asumió hasta su encarcelamiento, mientras el país sufrió un debilitamiento institucional que derivó en el régimen actual. Eduardo Fernández, fiel al programa y al Pacto de Punto Fijo, apoyó al gobierno, afectando su trayectoria política. Esto evidencia que, incluso con alto consenso, la falta de negociación efectiva compromete reformas y estabilidad.
Estructura de poder y límites de la transición actual
La situación actual de Venezuela es considerablemente más compleja. No existe un acuerdo programático amplio sobre la transformación del Estado.
En el ámbito económico existen problemas con implicaciones políticas y militares. Cabe preguntarse quién tiene la fuerza para desmantelar la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), la Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Agrofanb), la Empresa Militar de Transporte (Emiltra), el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) y el canal Televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Tvfanb), entre otras.
Se trata de un problema sustancial, pues las Fuerzas Armadas detentan el monopolio de la violencia, un límite estructural para cualquier transición y principal factor de veto sobre la reconfiguración del poder. Además, existe un empresariado, nuevo y antiguo, beneficiado por el régimen en alianza con la élite empresarial-militar: regularlo no es solo normativo, sino de fuerza política y capacidad de imponer nuevas reglas de juego.
Segunda táctica y reconfiguración del poder
Hay una segunda propuesta impulsada por el Movimiento por Venezuela, cuya vocería la ha tenido Andrés Caleca y Simón Calzadilla. Amparada en el artículo 333 de la Constitución que reza:
“Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
Proponen la incorporación de la Plataforma Unitaria, partidos que respaldaron a Enrique Márquez e instituciones y gremios de la sociedad civil —eventualmente coordinados por Vente Venezuela— al pacto entre el régimen venezolano y Estados Unidos, para abrir una reinstitucionalización mediante el nombramiento de autoridades del CNE, TSJ, Contraloría, Pdvsa y Banco Central. Se plantea además desmilitarizar el Estado, reimpulsar la economía con nuevas reglas y fijar cronogramas electorales (Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías y presidenciales).
Este planteamiento es beneficioso para Estados Unidos, al favorecer la reinstitucionalización y condiciones para elecciones competitivas sin ocupación militar. Para el régimen implica costos significativos al debilitar sus redes de poder, aunque le abre beneficios al participar en la definición de políticas en un nuevo marco de acuerdos. Para Vente Venezuela supone ventajas en gobernabilidad en una eventual administración de María Corina Machado, pero introduce un costo personal inédito en el corto plazo: negociar directamente con el régimen, con riesgos para la cohesión interna de Vente Venezuela y su popularidad.
El debate público
Este es el punto de agenda: cómo viabilizar el ejercicio y la sostenibilidad del poder en un contexto donde los equilibrios reales no se alteran solo con un resultado electoral. Si surge una tercera propuesta, debe incorporarse al debate. Se trata de una deliberación de ideas, despersonalizada y rigurosa, orientada al futuro de las próximas generaciones y al reencuentro de las familias venezolanas separadas por el exilio.
