Armando Durán / Laberintos: Triple fracaso en Santo Domingo

   Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Tanto tensó el régimen chavista la cuerda de sus intransigencias más inauditas, lo querían absolutamente todo a cambio de nada, que este miércoles los representantes de la oposición más dialogante no tuvieron más remedio que levantarse de la mesa de diálogo y dejar de jugar. Era la señal que aguardaba el Consejo Nacional Electoral para ponerle fecha a la anticipada elección presidencial, el próximo e inadmisible 22 de abril. Era, en gran medida, el escenario previsto por Nicolás Maduro, quien días antes del desenlace fatal de las conversaciones en la capital dominicana había ordenado que el CNE le informara a Primero Justicia, principal partido de la alianza opositora, que no podría presentar candidato para esta consulta electoral por no haber cumplido un ilegal procedimiento electoral-administrativo. Tras estos dos exabruptos del régimen, la pregunta que se hicieron los venezolanos era elemental. A pesar de todo, ¿participaría la oposición en esta suerte de convalidación de la dictadura en las urnas de otra trucada elección presidencial? En todo caso, Maduro lo advirtió. La elección sería ese día, con candidato opositor o sin él.

   El viernes, en artículo publicado en el diario El Nacional bajo el título de “Votar o no votar”, Héctor Faúndez Lesama, prestigioso profesor de Derecho Internacional Público y especialista en materia de derechos humanos, sostiene la falsedad de ese dilema, pues lo cierto es que la cuestión venezolana “no es votar o no votar. De lo que se trata es de no caer en la trampa de unas elecciones convocadas en medio de un clima de terror, con centenares de presos políticos, con partidos políticos ilegalizados, con arrestos arbitrarios practicados en la oscuridad de la noche, con ejecuciones sumarias de opositores capturados y rendidos, y con el chantaje político ejercido en contra de un pueblo que tiene hambre.”

   Para Julio Borges, principal dirigente de Primero Justicia que a pesar de haber terminado su período como presidente de la Asamblea Nacional sigue actuando como jefe de la oposición, el razonamiento de Faúndez, que comparten desde los obispos venezolanos hasta la comunidad internacional democrática, escandalizada por la magnitud de la crisis y de la violación sistemática de los derechos ciudadanos, carece de sentido. Por esa razón, hace pocos días, al conocerse la ilegalización de su partido, ya lo había advertido. Ni siquiera esa arbitrariedad antidemocrática tenía por qué ser vinculante para la oposición a la hora de decidir si participaba o no en la elección presidencial, cuya fecha, en aquel momento, para ellos todavía estaba sujeta a discusión en las negociaciones de Santo Domingo. Formalizada ahora lo que no era un secreto para nadie excepto para los dirigentes de la MUD, Borges ha vuelto a declarar sobre la situación: la interrupción del “diálogo” en Santo Domingo y el anuncio de que la elección presidencial será el próximo 22 de abril, creaba dos escenarios. “El primero es que los partidos se cierren completamente y la sociedad venezolana diga que no va a ir a unas elecciones si no hay garantía. El segundo, que la sociedad inscriba a una persona que considere ser el representante de todos en una especie de lucha antisistema y que denuncie todas las irregularidades del proceso.” Añadió Borges a esta incoherencia, que también hay una tercera opción, pero que no conviene mencionarla por ahora.

   Por su parte, este mismo viernes, en editorial titulado “Oxigenar al régimen”, el diario español El País destaca la conducta culpable del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su papel de falso mediador y señala, de la manera más rotunda, que “el régimen chavista se ha negado a ofrecer garantías esenciales para celebrar con transparencia democrática las próximas elecciones presidenciales.”

   Lo cierto es que ante el rechazo universal a la celebración de esta elección presidencial en las condiciones que impone a la fuerza el régimen chavista, nadie en su sano juicio se explica qué se oculta tras los despropósitos y las insensateces de la menguante alianza opositora. En todo caso, la interrupción indefinida del diálogo entre representantes del régimen chavista y el sector más dialogante de la oposición, el clima político y existencial que describe Faúndez en su artículo, la posición adoptada por los obispos venezolanos, la Unión Europea y los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y del llamado Grupo de Lima, constituyen un fundamento más que sólido para que los partidos de la oposición venezolana construyan una hoja de ruta creíble que les permita liberarse de sus obsesiones electoralistas y construir una hoja de ruta realista para hacer efectiva su oferta electoral de diciembre 2015 y julio 16 de 2017. Es decir, para cambiar de presidente, gobierno y régimen en el menor plazo posible. Ese es el verdadero desafío que la realidad política le presenta a los venezolanos y a la comunidad internacional, y de ninguna manera puede nadie seguir interpretando ese problema como un problema electoral, porque no lo es, y porque tampoco se resuelve participando en elecciones que nada tienen que ver con las más elementales condiciones de imparcialidad y transparencia que deben regular el desarrollo de todo evento electoral en democracia. De ahí precisamente que en el comunicado de hace pocos días, la Conferencia Episcopal Venezolana, al rechazar el falso diálogo que tenía lugar en la capital dominicana y la elección presidencial por venir, también calificara la conducta de la oposición venezolana de “deficiente e incoherente.”

   En el terreno de los hechos concretos, esta contradicción entre estos supuestos dirigentes de la oposición, la prensa independiente y la comunidad internacional de carácter democrática, genera en los millones de ciudadanos que se sienten acorralados por los efectos devastadores de una crisis que ya se ha hecho crisis humanitaria, para Venezuela pero también para los países vecinos, obligados a recibir a los miles de venezolanos desesperados que huyen de su país, una agobiante sensación de incertidumbre y confusión, punto que contribuye poderosamente a fortalecer el proyecto continuista del régimen. Pocos venezolanos esperaban que del “diálogo” de Santo Domingo surgiera una solución pacífica y electoral de la muy compleja crisis venezolana, pero de todos modos era una ilusión que ayudaba a combatir la depresión colectiva del país, que ahora, al llegar en las últimas horas a su desaparición definitiva, hace aún más evidente el fracaso de Santo Domingo, triple fracaso en realidad: el de unos mediadores que no mediaron, el del régimen por aspirar a que la oposición firmara una rendición incondicional sin recibir nada a cambio y de esta oposición, resuelta desde las elecciones regionales de 2006 a cederlo casi todo con tal de poder participar en las urnas de cualquier elección que se convocara, aunque solo fuera para alzarse con algunos espacios burocráticos de origen electoral, por pocos y ordinarios que fueran. Ahora, despojados de esas migajas, han tenido que levantarse de la mesa en contra de su voluntad y ponerse a buscar otros derroteros dentro del marco de esa “convivencia y paz” impuestas por el régimen. A partir de este triple fracaso, comienza para los supuestos dirigentes de la oposición, una nueva etapa de incongruencias y para los ciudadanos el angosto camino de las acciones más extremas.

   Esta es la trágica naturaleza de una realidad política, económica y humanitaria desde todo punto de vista insostenible, para el régimen y para los partidos de la MUD, que de ningún modo puede superarse deshojando otra margarita, como dicen que están haciendo. Un triple fracaso en Santo Domingo que, como quiera que se mire y analice, hunde a los ciudadanos en la peor de las consternaciones. Con la única expectativa de que, como solía decirse hace años en Cuba, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo.