Carlos Granés: Opacidad y turbulencia en Venezuela
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No son solo las malas experiencias del pasado, esa docena de diálogos y mesas de negociación fallidos que solo sirvieron para que el régimen chavista ganara tiempo y se enquistara en el poder, lo que explica el escepticismo que sobrevuela la nueva ronda de negociaciones que se abre hoy entre el gobierno de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición venezolana. Si antes el problema de fondo era la mala fe del chavismo, sus nulas intenciones de democratizarse y el claro empeño en dividir y desmoralizar a la oposición, ahora lo que genera recelo es la opacidad con la que opera el nuevo árbitro en esta contienda, es decir, los Estados Unidos de Donald Trump.
El presidente no ha sabido explicar dónde están los 13.000 millones de dólares que se han extraído por la venta del petróleo venezolano, y el Financial Times, después de formularse la misma pregunta y hacer pesquisas al respecto, tampoco obtuvo respuesta. No hay un manejo transparente ni auditado que permita saber con certeza a dónde ha ido a parar esa cuantiosa suma y qué va a pasar con ella. Tampoco se sabe si Trump contempla que esos recursos regresen a Venezuela o se conviertan en una suerte de botín o pago por la extracción de Maduro y las molestias que se ha tomado administrando Venezuela. Legalmente, estos fondos pertenecen al país sudamericano y solo están siendo custodiados por Estados Unidos, pero el documento oficial que reconoce dicha propiedad también indica que esos recursos se usarán para el beneficio de ambos pueblos, el estadounidense y el venezolano. Uno puede entonces preguntarse en qué proporción. ¿Mitad y mitad? ¿Tres cuartos y un cuarto? ¿98% y un 2%? El Gobierno de Trump afirma haber enviado 3.000 millones a Venezuela, pero por ahora solo se han podido rastrear 300. ¿Dónde está el resto? El Congreso estadounidense también se pregunta lo mismo y nadie responde.
A la opacidad con las cuentas y el dinero, se suma la ambivalente relación que el gobierno estadounidense tiene con María Corina Machado, la representante más visible y legítima de la oposición venezolana. El Gobierno estadounidense dice reconocerla como la líder de la oposición, pero se empeña en ponerle difícil el ejercicio de sus funciones. No han contado con ella para la transición a la democracia y es claro que la quieren lejos de Caracas. El Gobierno yanqui ha llegado al extremo de forzar al avión que la llevaba a Curazao a devolverse en el aire y aterrizar en el área de Washington para impedir su retorno. Este trato injustificable contrasta con la zalamería que Trump le rinde a Delcy. Desde el principio fue claro que el presidente yanqui prefería gestionar los asuntos venezolanos con una cúpula corrupta, sin respaldo popular y con un historial delictivo que la hace vulnerable, antes que con una premio nobel que ha internacionalizado la causa de la democracia en Venezuela y que no tiene agendas privadas ni esqueletos en el closet que la hagan chantajeable.
Ni ella ni Edmundo González fueron tenidos en cuenta para la mesa de negociación que empieza ahora. El Gobierno estadounidense ha buscado figuras alternativas que reemplacen a Machado, y para esta ocasión encontraron a Dinorah Figuera, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, la última institución con legitimidad democrática que operó en Venezuela durante el chavismo. Su meta inicial será sentarse con Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, para constituir un Consejo Nacional Electoral fiable, no infiltrado por el chavismo, que permita proyectar unas elecciones con garantías en el futuro, y para reformar el Tribunal Supremo de Justicia y darle algo de credibilidad a un poder judicial que desde hace décadas se plegó al chavismo. El proceso será largo, todo indica, pues los intereses en juego conspiran para que las cosas sigan como están. A los gobernantes actuales les interesa que el proceso se ralentice y no llegue a ningún lado, porque la democratización supone su salida del poder y, posiblemente, la pérdida de todos los fueros y privilegios que les han permitido robar y aterrorizar a los venezolanos sin rendir cuentas durante cinco lustros. Y a Trump le viene bien la sumisión y la dependencia de Delcy, que no hará nada para impedir que se vulnere la soberanía nacional venezolana ni para evitar que los recursos de Venezuela sigan engordando cuentas ocultas, sujetas a escasa fiscalización.
Hay tantos elementos oscuros y tantos intereses mezclados en esta historia que es difícil tener fe en estas negociaciones. Pero al menos las palabras «democratización» y «elecciones» han salido de la boca de las autoridades yanquis. Era desesperante que en siete meses no se hubiera puesto sobre la mesa una agenda o una hoja de ruta que tuviera como meta hacer efectivos esos conceptos. Ahora, al menos, algo se pone en movimiento y pronto sabremos si Estados Unidos, en su calidad de observador y facilitador de los diálogos, está verdaderamente interesado en que haya una transición a la democracia y en que los venezolanos recuperen su soberanía, o si se conforma —porque es lo que en realidad quiere— con estabilizar el régimen para que siga el flujo de dólares. Machado y González estarán, desde la barrera, viendo cómo avanza el proceso. La opinión pública internacional debería acompañarlos.
