José Ignacio Moreno León: Mensaje a la mesa de negociación; Venezuela vale más que su petróleo

JOSÉ IGNACIO MORENO LEÓN

La Mesa de Negociación está iniciando una segunda ronda de actividades en un ambiente de grandes expectativas. Para disipar las dudas y reservas que se tienen sobre su operatividad, más allá de los acuerdos coyunturales que puedan alcanzarse, en esta nueva etapa, la Mesa debería asumir una responsabilidad histórica: sentar las bases para la reconstrucción institucional de Venezuela y hacer posible el retorno a una democracia genuina, estable y sostenible para asegurar un desarrollo inmune frente a las amenazas del rentismo petrolero y del clientelismo político.

La agenda no puede reducirse a la administración de la crisis ni, mucho menos, quedar subordinada exclusivamente a los intereses petroleros. Venezuela enfrenta un desafío mucho mayor: reconstruir un Estado de derecho, recuperar la confianza ciudadana y crear las condiciones para que los venezolanos, sin tutelajes externos,  vuelvan a ser protagonistas de su propio destino.

La prioridad es reconstruir las instituciones: Entre los asuntos fundamentales de esta nueva etapa debe estar la reforma del Poder Judicial y la designación de magistrados independientes para un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Sin una justicia autónoma e imparcial, cualquier proceso de transición estará condenado a la fragilidad.

Igualmente indispensable es la construcción de un nuevo sistema electoral confiable, acompañado de la designación de un Consejo Nacional Electoral verdaderamente independiente. Ese sistema debe garantizar elecciones libres, transparentes y competitivas, incorporando la votación con papeletas, como se realizan en la mayoría de las democracias, y mecanismos modernos de votación que excluyan el uso de las máquinas por la mala experiencia que se ha tenido con las mismas. Igualmente debe facilitarse la votación electrónica para asegurar el ejercicio del derecho al voto de los millones de venezolanos que se encuentran en el exterior. El país necesita, además, un cronograma electoral claro. No como una concesión de quienes ejercen el poder, sino como una obligación institucional frente a una sociedad que reclama con urgencia recuperar su derecho a elegir.

A ello debe agregarse el restablecimiento pleno de las libertades públicas y políticas, la devolución de las tarjetas electorales a las organizaciones políticas que legítimamente las representan, el levantamiento de las inhabilitaciones políticas y el restablecimiento de la libertad de expresión para ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones políticas, así como el desmantelamiento de los órganos represivos del Estado. Y existe una exigencia que no puede seguir siendo postergada: la libertad plena de todos los presos políticos y la restitución de sus derechos y bienes injustamente confiscados, así como la eliminación de las restricciones que todavía pesan sobre ciudadanos excarcelados.

Una negociación centrada en el genuino interés nacional: Es evidente que esta segunda etapa de la negociación se desarrolla en un contexto nacional e internacional particularmente complejo, marcado, entre otros factores, por las controversias en torno al convenio  petrolero promovido por la administración del presidente Donald Trump y por el Secretario  de Estado Marco Rubio. Expertos nacionales e internacionales denuncian la poca trasparencia y las violaciones legales implícitas en ese acuerdo por lo que acusan la falta de  apego a los principios jurídicos, económicos y éticos que deben regir en un acuerdo estratégico para la nación porque compromete  más del 20% de nuestras reservas de hidrocarburos. Y señalan la importancia geopolítica de un acuerdo petrolero a largo plazo con los Estados Unidos, pero fundamentado en condiciones jurídicas y empresariales que aseguren la participación de las más importantes trasnacionales del petrolero que sólo invertirán en nuestro país a largo plazo si se garantizan las condiciones referidas.

Pero conviene recordar algo esencial: Venezuela vale mucho más que su petróleo. Esta afirmación, asociada al pensamiento de María Corina Machado, contiene una verdad que debería orientar toda la transición. El petróleo puede generar ingresos; no puede, por sí solo, construir una democracia, garantizar la libertad ni producir instituciones eficientes. El principal recurso estratégico de Venezuela es el potencial de su gente. Son los venezolanos preparados, emprendedores, profesionales, trabajadores, investigadores, estudiantes y ciudadanos comprometidos con el bien común quienes pueden reconstruir el país. El petróleo debe estar al servicio de esa sociedad y no la sociedad al servicio del petróleo.

De la transición política a la nueva democracia: Por ello, la Mesa de Negociación debería mirar más allá de la simple restauración del orden institucional anterior. Venezuela necesita algo más ambicioso: una nueva democracia. No se trata solamente de regresar al sistema político que existió antes de la tragedia institucional de las últimas décadas. Se trata de construir una democracia de ciudadanos, sustentada en instituciones independientes, participación social, transparencia, rendición de cuentas, ética pública y una cultura de respeto a la ley. La reinstitucionalización del país debe ser, por tanto, el objetivo central.

El futuro gobierno tendrá que enfrentar una crisis que no comenzó con el actual colapso político y económico. El agotamiento del modelo rentista petrolero, el excesivo estatismo, la fragilidad de las instituciones, la pérdida de confianza en la política y el deterioro de los valores ciudadanos crearon condiciones que facilitaron la corrupción y la progresiva destrucción de la institucionalidad. La corrupción no es solamente un problema administrativo. Es un cáncer que termina destruyendo la confianza en las instituciones y debilitando la capacidad de una sociedad para actuar colectivamente. Y desgraciadamente en el más recientes índice de percepción de la corrupción (IPC 2025) de Transparencia Internacional Venezuela se ubica entre los países más corruptos del mundo, superado solo por Sudán del Sur y Somalia.

Superar el marcado déficit de capital social: El déficit de capital social es marcado en Venezuela, y es además un problema que pocas veces ocupa el centro del debate político venezolano. El capital social está constituido por las redes de relaciones, la confianza, los valores compartidos, las normas de reciprocidad, el sentido de pertenencia y los principios éticos que permiten a una sociedad cooperar para alcanzar objetivos comunes.

Una democracia puede tener elecciones y, sin embargo, carecer de una verdadera cultura democrática. Cuando los ciudadanos desconfían unos de otros, cuando las instituciones carecen de credibilidad, cuando la política se convierte en una lucha por cuotas de poder y cuando la participación ciudadana se limita al acto electoral, la democracia termina siendo institucionalmente débil. Y ese ha sido desgraciadamente el drama venezolano de las últimas décadas.

Los estudios de organismos como Latinobarómetro y el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos han mostrado los pobres niveles de confianza interpersonal y participación cívica existentes en Venezuela. A ello se suma el dramático deterioro de la institucionalidad y los referidos elevados niveles de percepción de corrupción registrados internacionalmente. No es posible construir una democracia sólida sobre una sociedad desarticulada, desconfiada y sin mecanismos suficientes de cooperación ciudadana.

Una deuda historica con la educación cívica: Parte del problema tiene también raíces históricas. Durante las primeras décadas de la democracia venezolana se cometió el error de relegar la formación moral y cívica, mientras el debate político se concentraba crecientemente en confrontaciones ideológicas y partidistas. La democracia no se sostiene solamente con constituciones, elecciones y partidos políticos. Necesita ciudadanos capaces de comprender sus derechos y deberes, respetar las reglas de convivencia, rechazar la corrupción y participar responsablemente en los asuntos públicos. Cuando esa cultura se debilita, el espacio termina siendo ocupado por el caudillismo, el clientelismo y los operadores políticos de corto plazo, que mucho daño le han hecho al país. La recuperación democrática exige, por ello, una profunda reconstrucción cultural.

Promover un gran acuerdo nacional para reconstruir la democracia: Venezuela necesita un gran acuerdo nacional para desarrollar un Programa Nacional de Fortalecimiento del Capital Social y de los Valores Democráticos. Ese programa debería involucrar al Estado, al sector privado, las universidades, las organizaciones sociales, las comunidades y las organizaciones políticas. Su propósito tendría que ser mucho más amplio que enseñar teoría política. Debería promover la cultura democrática, reconstruir relaciones de confianza, estimular la participación ciudadana en la solución de problemas comunitarios y formar nuevos liderazgos sociales y políticos sustentados en la ética, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso con el bien común.

La experiencia de democracias consolidadas demuestra que el desarrollo sostenible no depende exclusivamente de los recursos naturales. Depende de la calidad de sus instituciones y, sobre todo, de la calidad de sus ciudadanos. Países sin petróleo como Finlandia, Suecia, Países Bajos, Suiza, Alemania y Japón ofrecen ejemplos de sociedades donde la educación cívica, la confianza social, la responsabilidad institucional y el respeto a las normas han contribuido decisivamente al exitoso desarrollo humano de esos pueblos. Venezuela también puede hacerlo. El verdadero desafío de la Mesa de Negociación tiene ante sí una oportunidad que trasciende las circunstancias políticas del momento. Puede limitarse a validar el cuestionado acuerdo petrolero, a negociar cuotas de poder y acuerdos de coyuntura. O puede contribuir a iniciar la reconstrucción de una nación. La diferencia es enorme.

Cifras históricas que enseñan más que las teorías: En la época de los años cincuenta del siglo pasado, el ingreso percapita de Venezuela era 8000 US$,  muy superior al de Japón (2000 US$) y Alemania (3.800 US$). Ahora, según cifras de 2025 del Banco  Mundial y, a pesar de que en ese período los ingresos petroleros de Venezuela superaron en más de 20 veces los invertidos en Europa con el Plan Marshall, el IPC del país ha caído a 3.495 US$, mientras que Japón tiene un IPC  10.3 veces mayor al de Venezuela con 35.951 US$ y Alemania 60.496 US$, 17.3 veces mayor al nuestro, lo que ubica a estos dos últimos países entre los cinco más desarrollados a nivel mundial.

El gran reto político, superar los errores y vicios que aún persisten: Si Venezuela quiere superar definitivamente el ciclo de autoritarismo, populismo, rentismo y corrupción que ha marcado buena parte de su historia contemporánea como rémora a su proceso de desarrollo, debe recuperar algo más profundo que sus instituciones: debe recuperar la confianza de sus ciudadanos en la democracia y en ellos mismos. Por eso, quienes participan en la Mesa —y particularmente quienes tienen la responsabilidad de la oposición democrática para impulsar  este proceso— deberían interpretar no solamente los intereses de los actores políticos, sino fundamentalmente el sentimiento de una sociedad que quiere recuperar su libertad, su autonomía, su dignidad y su futuro. La verdadera pregunta es qué país queremos construir con los recursos que todavía tenemos y, sobre todo, con los ciudadanos que tenemos. El petróleo puede financiar la reconstrucción. Pero solamente los venezolanos pueden hacerla. Y esa debería ser la convicción fundamental que oriente la nueva etapa de la Mesa de Negociación: Venezuela vale más que su petróleo.