Contra la sociedad civil, otra vez
Cada cierto tiempo resucita en el país y en la Asamblea Nacional, la electa en 2020, algún proyecto de ley o intentona para limitar la cooperación internacional a las organizaciones no gubernamentales venezolanas que se dedican a la actividad de defensa de derechos políticos, derechos humanos, asistencia humanitaria, etc. El año pasado, resucitaron el llamado Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que había sido enterrado hacía un año en alguna gaveta del Palacio Federal y que desapareció nuevamente en poco tiempo.
En esa oportunidad, además de los intentos de criminalización de la actividad de las organizaciones no gubernamentales, la Asamblea Nacional electa en 2020 (AN2020), con el proyecto de ley mencionado, pretendía regular las actividades −y sobre todo el financiamiento internacional− de las ONG; el proyecto tuvo una sola discusión en la Asamblea, se paralizó su aprobación y fue enterrado no se sabe dónde, durante más de un año. Ahora, nuevamente el régimen viene por sus fueros con otro proyecto, al parecer distinto a aquel. Esas arremetidas son periódicas y continuas y al igual que los anteriores, del actual proyecto de ley, no es de esperar ninguna buena intención o la solución de algún problema.
Sociedad civil y TSJ
La “intención del legislador” en la Constitución Bolivariana en cuanto al papel que le atribuye a la sociedad civil, se ha ido “desfigurando”, al irse confiscando o menoscabando sus funciones con varias sentencias del TSJ, dictadas por la Sala Constitucional. En dichas sentencias se busca restringir la participación ciudadana y hasta quitarle el carácter de sociedad civil, establecidos en el artículo 70 de la Constitución y preparar el terreno para que, eventualmente, a futuro −como podría ocurrir de aprobarse este nuevo proyecto de ley− prácticamente ninguna organización pueda considerarse como parte de la sociedad civil u obtener financiamiento interno o externo.
Hasta el momento las sentencias del TSJ, en realidad, no restringen, ni prohíben la posibilidad de actuar o de constituir ONG o que la sociedad civil se organice u obtenga financiamiento interno o externo. Pero sí limitan las posibilidades de actuar en el contexto de la Constitución Bolivariana; lo que no es poca cosa, pues eso abre la puerta para declararlas ilegales en cualquier momento y así impedir, entre otras cosas, que puedan actuar en alguno de los comités o actividades señaladas en la Constitución en los que se necesite para ello la calificación de organización de la sociedad civil. Es decir, como se señala más arriba, se trata de la confiscación legal o el menoscabo de un derecho por una interpretación del TSJ, pero no se trata, de señalar que su actividad sea ilegal, ni su organización, ni su financiamiento. Las organizaciones de la sociedad civil y quienes las apoyan podrían seguir en su empeño y luchas por los derechos humanos y continuar contando con el apoyo financiero para ellas. Por lo menos, por ahora.
“Nueva” ley
Pero la arremetida actual, de concretarse la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, que fue presentada el martes 24 de enero en la Asamblea Nacional 2020, iría mucho más allá de las arremetidas del TSJ y las anteriores de la AN contra la sociedad civil. En anteriores oportunidades la AN limitó algunas actividades y participación a la sociedad civil; por ejemplo, en el Comité de Postulaciones para designar el CNE, favoreciendo una mayor participación de los partidos políticos. Y aunque lo anterior iba contra sentencias dictadas por el propio TSJ −como la del 21 de noviembre de 2000− que señala que las organizaciones y partidos políticos “… no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por la Constitución y las leyes…”, se limitaba a ese comité de postulaciones, no arremetía contra las funciones, objetivos y recursos financieros de las ONG.
Los intentos en 2021 y 2022
La tentativa actual va mucho más lejos, pues pretende corregir, mediante una ley, el intento del gobierno electo en el año 2018, con dos providencias administrativas, en marzo y mayo de 2021. Se recordará que en esa oportunidad la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con base en la Ley Orgánica que lo crea −sin ninguna justificación legal− crearon un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT), por el cual se pretendió, el establecimiento de ese registro, en el que debían figurar, entre otros, los objetivos, actividades, aliados, directivos y personal de las mismas.
Desde luego, en esa oportunidad la reacción de las organizaciones no gubernamentales afectadas fue contundente, denunciaron la ilegalidad de la providencia ante organismos internacionales, la opinión pública nacional, el propio gobierno y el TSJ; se declararon en rebeldía frente a esta disposición y manifestaron que no procederían a hacer el mencionado registro que, hasta la fecha, no ha podido establecerse y el Gobierno no ha hecho intentos por forzar su aplicación. Lo anterior no quiere decir que el gobierno se cruzó de brazos, pues bien sabemos de los intentos de criminalización de la actividad de las organizaciones no gubernamentales.
Tras esos intentos de criminalización, la Asamblea Nacional 2020, comenzó a discutir un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para regular las actividades −y sobre todo el financiamiento internacional− de las ONG; el proyecto tuvo una sola discusión en la Asamblea Nacional y se paralizó su aprobación desde hace más de un año. Resurge ahora como una “nueva” ley, que llamaremos de Fiscalización.
Lo importante, por los hechos descritos, del TSJ, el gobierno y la Asamblea Nacional 2020, es que la amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil sigue pendiente y −como ya hemos visto− tal parece que ahora se activa de nuevo, al aparecer esta Ley de Fiscalización, que fue presentada el pasado martes 24 de enero en la Asamblea y que pretende regular los recursos y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales.
El intento de 2023
Con respecto a esta nueva intentona, esperamos de las más de 500 organizaciones de la sociedad civil, que frente a la anterior emitieron y circularon un documento denominado: “Organizaciones de la sociedad civil rechazan proyecto de ley antisolidaridad que cierra la cooperación internacional.”, en el cual analizaron a fondo dicha ley y los prejuicios que podía ocasionar, vuelvan a emprender iniciativas similares y alerten nuevamente al país y a la comunidad internacional, acerca de los peligros que encierra este nuevo amago contra las libertades públicas, los derechos humanos y los continuos intentos del régimen venezolano de hostigar, controlar los recursos y criminalizar la actividad de las ONG, defensoras de los derechos humanos y asistencia humanitaria.
El actual ambiente de protesta en el país, protagonizado por organizaciones de maestros, profesores y trabajadores públicos y la recién finalizada visita al país de Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son una buena ocasión para denunciar este nuevo intento contra los derechos civiles, políticos y humanos en Venezuela.
Conclusión
No sabemos si se trata de uno de esos intentos de intimidación, un nuevo “trapo rojo” para distraer la atención de cualquier de los múltiples y graves problemas del país, sospechamos que sí; pero, debemos estar atentos, sin bajar la guardia, para que no se cumpla la famosa fábula de “El pastorcito mentiroso y el lobo”, que de tanto gritar y bromear: “Ahí viene el lobo, ya viene el lobo, el lobo, el lobo…”, cuando llegó de verdad nadie salió a defenderlo.
P.S.
Quienes quieran revisar las funciones que la Constitución le atribuye a la sociedad civil y cómo se han disminuido, confiscado o menoscabado en las sentencias del TSJ, invito a verlo en el siguiente vinculo: La Sociedad Civil Resiste en https://bit.ly/3mWlhuM)