Si aceptamos que el verdadero propósito del Estado consiste en proteger a la sociedad frente a aquello que ningún individuo puede enfrentar por sí solo, entonces resulta inevitable reconocer que la crisis latinoamericana no puede explicarse únicamente mediante categorías ideológicas.
Durante décadas, la región ha dividido su debate político entre izquierda y derecha, entre estatismo y libre mercado, entre revolución y liberalismo, como si allí se encontrara la explicación definitiva de nuestros fracasos. Sin embargo, basta observar la realidad con cierta distancia para descubrir que muchos de nuestros problemas sobreviven a los cambios de gobierno.
Cambian los presidentes, cambian los partidos, cambian los discursos, pero las instituciones continúan mostrando las mismas debilidades, porque quizá la verdadera discusión nunca estuvo donde creíamos.
Mientras discutíamos quién debía ejercer el poder, muy pocos se preguntaban cómo fortalecer el Estado que debía servir a todos. Ese error explica buena parte de nuestras frustraciones.
Hoy América Latina ofrece ejemplos distintos de un mismo fenómeno.
Venezuela representa el caso extremo de un prolongado deterioro institucional que ha reducido significativamente la capacidad del Estado para responder a las necesidades más elementales de la población. Los terremotos simplemente hicieron visible una fragilidad que venía acumulándose desde hacía años.
Argentina plantea un desafío diferente. El debate no gira únicamente alrededor de la reducción del gasto público o del equilibrio fiscal. El verdadero interrogante consiste en determinar hasta dónde puede reducirse la intervención estatal sin afectar aquellas funciones que constituyen la razón misma de su existencia. Todo Estado responsable debe administrar con prudencia los recursos públicos, pero también debe garantizar que la búsqueda de eficiencia no termine debilitando la protección de quienes dependen de servicios esenciales para ejercer sus derechos.
Perú constituye otro ejemplo revelador, ha experimentado una sucesión casi permanente de presidentes, crisis parlamentarias y conflictos políticos. Sin embargo, esa inestabilidad demuestra que la mera alternancia en el poder no basta para consolidar instituciones sólidas. Cuando la política se convierte en una lucha permanente por la supervivencia de los gobiernos, la construcción del Estado queda inevitablemente relegada.
Bolivia, por su parte, evidencia cómo la polarización prolongada puede trasladarse desde el debate político hacia las propias instituciones. Cuando cada organismo público comienza a ser percibido como patrimonio de un sector y no como patrimonio de la nación, el Estado pierde progresivamente la confianza ciudadana, que constituye uno de sus principales activos.
Ecuador enfrenta otro tipo de desafío.
El avance del crimen organizado ha puesto de manifiesto que la fortaleza del Estado no depende únicamente de su tamaño, sino de su capacidad efectiva para garantizar seguridad, controlar el territorio y proteger a la población frente a amenazas que desbordan la capacidad individual de los ciudadanos.
Colombia añade ahora otro elemento a esta discusión regional. La llegada de un nuevo gobierno de marcada orientación conservadora, en un país profundamente polarizado y con instituciones sometidas a fuertes tensiones, vuelve a plantear una pregunta que va más allá de la ideología. No se trata únicamente de si el poder gira hacia la derecha o hacia la izquierda, sino de si ese giro contribuirá a fortalecer el Estado de derecho, la independencia institucional, la confianza ciudadana y la convivencia democrática.
En una sociedad atravesada por heridas históricas, conflictos no resueltos, sensibilidad religiosa, violencia política y desconfianza acumulada, cualquier liderazgo que pretenda gobernar desde la confrontación, la revancha o la descalificación del adversario corre el riesgo de debilitar todavía más las bases del Estado. Colombia recuerda, una vez más, que el problema latinoamericano no consiste solo en quién gana una elección, sino en qué ocurre con las instituciones después de ganarla.
Cada uno de estos países presenta problemas distintos. Sin embargo, todos terminan enfrentando la misma pregunta:
¿Está fortaleciendo el Estado su capacidad para proteger a la sociedad, o la está debilitando?
Esa pregunta me parece mucho más útil que intentar clasificar a cada gobierno dentro de una determinada corriente ideológica. Porque la crisis funcional del Estado no reconoce fronteras doctrinarias.
Puede aparecer bajo gobiernos que concentran excesivamente el poder político, pero también puede manifestarse cuando el Estado reduce aceleradamente capacidades esenciales sin haber construido mecanismos alternativos capaces de proteger a los sectores más vulnerables.
Es aquí donde aparece una segunda reflexión que considero fundamental:
Con frecuencia identificamos al Estado con quienes gobiernan. Sin embargo, ambos cumplen funciones completamente diferentes: el gobierno administra el presente, el Estado protege, también, el futuro.
El gobierno puede pensar en el próximo período electoral; el Estado debe pensar en la próxima generación. El gobierno produce decisiones políticas. El Estado debe producir confianza. Es aquí donde cobra sentido la conocida frase atribuida a Winston Churchill: un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.
Esa confianza constituye probablemente el patrimonio más importante que puede poseer una nación. No se decreta, no se improvisa, no se compra, se construye lentamente mediante instituciones previsibles, profesionales, transparentes y capaces de responder cuando la sociedad las necesita.
Precisamente por ello preocupa observar que buena parte de la política latinoamericana continúa privilegiando la conquista del poder por encima de la construcción institucional.
Cada elección parece convertirse en una refundación, cada nuevo gobierno intenta comenzar desde cero, cada administración desmantela parcialmente lo realizado por la anterior. Así resulta extremadamente difícil construir políticas públicas que trasciendan los calendarios electorales.
La educación necesita décadas, la infraestructura necesita décadas, la profesionalización del servicio público necesita décadas, la justicia independiente necesita décadas, la protección civil necesita décadas. Ninguna de ellas puede construirse únicamente durante un mandato presidencial.
Quizá por eso América Latina sigue buscando soluciones rápidas para problemas que solo admiten respuestas de largo plazo. Esa tendencia también explica la permanente búsqueda de líderes providenciales.
Cada cierto tiempo aparece una figura que promete resolver en pocos años aquello que las instituciones no han logrado solucionar durante décadas. Algunos provienen de la izquierda, otros de la derecha, otros se presentan como antisistema, otros como restauradores del orden. Cambian los discursos, los símbolos y los enemigos, pero la lógica permanece sorprendentemente parecida.
La esperanza vuelve a depositarse en una persona, cuando en realidad debería depositarse en instituciones capaces de sobrevivir a cualquier persona.
Creo, sin embargo, que el verdadero desafío no consiste en determinar si un presidente se parece o no a otro. La pregunta relevante es distinta:
¿Contribuirán sus decisiones a fortalecer las instituciones o a concentrar aún más el poder?
Esa diferencia resulta esencial. Los líderes pasan. Las instituciones permanecen, o al menos deberían permanecer.
Vuelvo entonces al punto donde comenzó este escrito.
Los terremotos, miles de personas esperando ayuda, equipos internacionales llegando para colaborar, comunidades enteras organizándose para sobrevivir.
Todo ello constituye una expresión admirable de solidaridad humana, pero también representa una advertencia: las sociedades pueden sobrevivir gracias al heroísmo de sus ciudadanos, pero ninguna sociedad debería verse obligada a sustituir permanentemente al Estado mediante el heroísmo.
Solo instituciones fuertes pueden evitar que la vulnerabilidad se convierta en una condición permanente. Quizá allí se encuentre la mayor enseñanza que hoy deja Venezuela, no solo para los venezolanos, sino para toda América Latina.
La región necesita dejar de discutir obsesivamente quién debe ocupar el poder y comenzar a preguntarse qué tipo de Estado desea construir. Necesita comprender que el tamaño del Estado constituye una discusión secundaria si antes no resolvemos una pregunta mucho más importante:
¿Cumple el Estado las funciones para las cuales fue creado?
¿Porque un Estado pequeño puede ser extraordinariamente eficiente y un Estado inmenso puede resultar completamente incapaz de proteger a sus ciudadanos, o al revés?. La verdadera medida no es su tamaño, sino su capacidad: capacidad para educar, capacidad para impartir justicia, capacidad para garantizar seguridad, capacidad para responder frente a las emergencias, capacidad para generar confianza, capacidad para servir.
Cuando las instituciones dejan de cumplir su misión, quienes realmente quedan solos no son los gobernantes: son los ciudadanos.
Quizá, después de todo, el verdadero desarrollo de una nación no deba medirse únicamente por el crecimiento económico, el número de elecciones que celebra o el color político de sus gobiernos. Tal vez deba medirse por una pregunta mucho más sencilla y mucho más humana:
Cuando la vida pone a prueba a una sociedad, ¿el Estado sigue estando allí?
Porque cuando el Estado deja de estar, no comienza solamente una crisis institucional.
COMIENZA LA SOLEDAD DE LOS CIUDADANOS.