Editorial: Un Gobierno inviable

La resistencia de Mariano Rajoy a dimitir —aún queda formalmente tiempo para que lo haga y apelamos enfáticamente a su responsabilidad para que responda en ese sentido— ha dejado al Congreso de los Diputados atrapado entre dos tiempos y requerimientos difíciles de conciliar entre sí.

Por un lado, un indiscutible imperativo ético obliga a desalojar al presidente de La Moncloa —que se despide insultando al Parlamento y a los votantes con su ausencia en la sesión vespertina y abrir un nuevo tiempo que dignifique la política y las instituciones democráticas lejos de la corrupción generalizada del PP. Por otro, si la Cámara censura con éxito al Gobierno, el tiempo de la urgencia ética deberá dar paso al tiempo normal de la política bajo otro Gobierno, que debería contar con un programa y apoyos parlamentarios que proporcionen estabilidad política y económica en un momento especialmente delicado. Desafortunadamente, no va a ser así.

Como se constató este jueves en el hemiciclo, ni el presidente del Gobierno puede continuar ni el líder de la oposición tiene la capacidad política de liderar un Ejecutivo estable y coherente. La gobernabilidad de España está a punto de pasar de las manos de un líder, Mariano Rajoy, culpable de esta crisis institucional por su incapacidad para afrontar su responsabilidad política, a otro, Pedro Sánchez, que rechaza acudir a la ciudadanía para obtener un mandato claro para seguir adelante. Con su rechazo a convocar a las urnas para solventar esta grave crisis, los líderes de los dos partidos que han gobernado la democracia muestran que no tienen confianza en sí mismos ni en sus votantes para que renueven el apoyo que en otros tiempos les dieron. El rechazo de uno a dimitir tras haber perdido la mayoría y del otro a ir a las urnas para tener una mayoría estable se convierte así en un elemento adicional de la crisis del sistema democrático en el que la política se ha instalado desde 2015. Con su proceder, tanto uno como otro pretenden evitar el castigo de sus votantes en las urnas, aunque cabe preguntarse si a la larga no lo agravarán. Esto es lo más probable.

Asistimos, en realidad, al duelo entre dos políticos sin futuro; al último impulso, quizá, de dos dirigentes de dos partidos que se agarran desesperadamente entre sí ante el viento que los arrastra. Uno y otro parecían calcular si es mejor o peor apurar unos cuantos meses en La Moncloa para pilotar así en mejores condiciones las próximas elecciones. Entendemos que, no importa cuál de los dos pilote, ambos conducen la nave hacia un destino fatal. En ningún momento en el duelo Sánchez-Rajoy parecía adivinarse la menor preocupación por los intereses ciudadanos.

Mucho nos tememos que la crisis del sistema, ya grave, se agudizará si Sánchez logra su empeño de instalarse y permanecer en el Gobierno con el magro apoyo que proporciona un núcleo estable de 84 diputados que solo de forma excepcional ha logrado sumar una mayoría absoluta para lograr su investidura. Gobernar un país que afronta retos políticos, económicos, sociales y territoriales de indudable calibre con un apoyo tan exiguo sin duda generará inestabilidad, y con ello contribuirá a deteriorar la confianza en las instituciones.

Prueba de la artificialidad e inviabilidad del Gobierno que se propone es el programa que presentó Sánchez en el Congreso, que incluye la pretensión de gobernar con los Presupuestos Generales recién aprobados por el PP, al que aspira a desalojar, y que fueron motivo de una enmienda a la totalidad de su partido por su carácter supuestamente antisocial y regresivo. O el empeño en sacar adelante una importantísima agenda legislativa en materia económica y social desde un Gobierno monocolor que, con 84 diputados, representaría el 24% de los escaños de la Cámara.

Más preocupa si cabe el deseo expresado por el candidato de “tender puentes” y “dialogar” con las fuerzas independentistas catalanas cuando se sabe que ese diálogo —como dejó muy claro Tardà y ratificó después Iglesias— solo puede versar sobre el cómo y el cuándo se celebrará una consulta sobre la independencia de Cataluña. Hay que recordar que el bloque constitucional formado por el PP, el PSOE y Ciudadanos que ha gestionado la respuesta a la crisis catalana y la aplicación del artículo 155 ha contado con 254 escaños, esto es el 72% de la Cámara. Sin embargo, con sus 84 escaños, el PSOE será minoritario en la coalición de 180 diputados con la que pretende gobernar, pues todos los partidos que le apoyan (Unidos Podemos, Bildu, ERC, PDeCAT y PNV) son partidarios, de una forma o de otra, del derecho a decidir, eufemismo de un derecho a la autodeterminación que no cabe en la Constitución. ¿Puede aspirar Sánchez a gestionar la crisis catalana siendo minoría dentro de su propia coalición parlamentaria y siendo minoría dentro del bloque constitucional? Difícilmente.

Desalojar a Rajoy, insistimos, es un imperativo. Intentar gobernar sin apoyos o, peor, con unos apoyos contraproducentes, una imprudencia. Tal y como hemos sostenido, en aras de evitar la inestabilidad y la deslegitimación del sistema democrático, apelamos a una pronta convocatoria a las urnas en fecha pactada por todos los grupos parlamentarios que quieran garantizar la estabilidad y la gobernabilidad y que piensen que la solución más eficaz y más democrática es dar la voz a los ciudadanos.