El Consejo Superior de la Democracia Cristiana respalda el Acuerdo de Salvación Nacional

Ante el Acuerdo por la Salvación Nacional propuesto por el Presidente encargado Juan Guaidó, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana expresa las siguientes consideraciones.

Respaldamos la idea de promover ante el mundo ese gran pacto nacional que detenga el trágico rumbo por el que transita Venezuela y nos permita iniciar el camino hacia la plena recuperación de la libertad y la democracia.

Consideramos que en los planteamientos formulados al país y a la comunidad internacional por el mandatario interino, están contenidas las mismas tres exigencias de la consulta popular efectuada en diciembre del pasado año, las cuales fueron: el repudio a la Asamblea Nacional oficialista, las elecciones parlamentarias y presidenciales libres, y la solicitud de la necesaria solidaridad y  acompañamiento internacional.

A nuestro juicio esas mismas exigencias son ahora ratificadas y profundizadas por Guaidó debido al agravamiento de la  crisis que sufre nuestra patria.

En función de esos propósitos también creemos oportuno el llamado que, en su comunicado del pasado día 4, hace la Plataforma Unitaria Venezolana planteando un “Acuerdo Político Social y Humanitario, producto de una negociación integral con facilitación y mediación internacional”. Y de nuestra parte nos pronunciamos por el fortalecimiento de los mecanismos concertados a nivel nacional e internacional, que contribuyan al logro de esos objetivos y que seguramente serán explorados con firmeza por la dirigencia democrática.

Estas posiciones asumidas, tanto por el Presidente como por la Plataforma Unitaria, le salen al paso al intento  de convertir la próxima farsa electoral en ilusas oportunidades de poder para la oposición al régimen, en gobernaciones y municipios. Todos sabemos que ese proceso está arreglado por la cúpula oficialista, por quienes secuestraron a los partidos, y por minoritarios sectores del mundo político y empresarial recientemente adscrito al elenco colaboracionista.

Recordamos que las votaciones efectuadas en esta nefasta etapa de nuestra historia han estado marcadas por la arbitrariedad y por el más descarado ventajismo, y recordamos igualmente que en las escasas oportunidades, cuando la oposición  logró alguna victoria, la dictadura la dejó sin efecto utilizando los mecanismos de sus torcidas instituciones.

Así ocurrió en las elecciones presidenciales de abril de 2013, al denunciar el comando de la MUD 3,500 graves irregularidades detectadas por sus testigos, y solicitar las auditorías de todas las cajas, actas de escrutinio y cuadernos de votación.

El escaso margen de 1,49 por ciento con el que se  anunciaba la victoria de Maduro, y el gigantesco cúmulo de denuncias que demostraba las trampas del gobierno y de la propia autoridad electoral justificaban plenamente  los reclamos.

Sin embargo, tanto el CNE como el Tribunal Supremo de Justicia negaron las impugnaciones presentadas, y así  se proclamó la victoria del PSUV en medio de una protesta reprimida ferozmente, con personas asesinadas y con numerosos detenidos que fueron torturados y sometidos a tratos vejatorios.

Haciendo gala de la misma calculada vileza el gobierno madurista procedió frente al referéndum revocatorio constitucional que se intentó promover en 2016. Esta iniciativa movilizó a miles de ciudadanos que luchaban por salvar los numerosos escollos que el gobierno colocó para obstaculizar su realización.

Pero todo finalizó en una nueva frustración cuando el 20 de octubre de ese año el Consejo Nacional Electoral orquestó con los tribunales de Aragua, Carabobo, Monagas, Apure y Bolívar una mafiosa e inconstitucional maniobra que suspendió la recolección del uno por ciento de firmas correspondientes a la etapa de promoción del referéndum.

Posteriormente, con el desmontaje progresivo de la primera gran victoria democrática en las elecciones parlamentarias de 2015 se radicalizó la represión, y a partir de entonces el país quedó en manos del militarismo castrista y supeditado a las arbitrarias  decisiones de la ilegitima Asamblea  Constituyente impuesta a partir del año 2017.

En las elecciones regionales efectuadas ese mismo año se sometió  a tres de los cuatro gobernadores de la oposición a una humillante juramentación ante la ilegítima Asamblea Constituyente.

El candidato Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, al negarse a incurrir en semejante claudicación fue despojado de la amplia victoria que le había otorgado el pueblo zuliano, mientras que a Andrés Velásquez fraudulentas irregularidades impidieron su elección en el Estado Bolívar.

Y durante sus años de gestión regional los mandatarios contrarios al régimen han sido impedidos en el desarrollo de sus competencias, gracias a las estructuras paralelas de poder montadas por la dictadura.

Estos y muchos otros hechos demostrativos del innato espíritu totalitario presente en la tiranía que nos oprime, deben ser recordados una vez más, ante el mundo y ante la conciencia de nuestros compatriotas.

De esa manera quedará sentada la posición de un país que rechazará cualquier elección efectuada sin las condiciones establecidas en la Constitución y leyes de la República, que desconocerá igualmente los procesos convocados por autoridades electorales ilegítimas, y se abstendrá de participar en ellas mientras exista el presidio político, el exilio, la censura y la represión, y cuando esas votaciones ocurran sin un pulcro registro electoral y sin el acompañamiento internacional capaz de avalar la legitimidad de esos procesos.

Por esas razones consideramos que la convocatoria de Juan Guaidó debe contar con la unidad del país por encima de cálculos personales, partidistas o de grupos, para de esa manera permitir a nuestros negociadores defender con eficiencia nuestro irrenunciable derecho a reconquistar la democracia.

Estimamos igualmente que la presencia en el país de potencias totalitarias extra-continentales, y de grupos narco-subversivos que controlan militar y políticamente los pueblos fronterizos, además de constituir graves factores de perturbación de nuestra vida interna, son peligrosos componentes que amenazan la paz y la estabilidad del hemisferio.

Por ello frente a la violencia desatada en Colombia y ante las amenazas de actos similares en el resto del continente debemos enfatizar ante las democracias que nos acompañan, que su defensa de Venezuela además de un acto de solidaridad que reconocemos,  es la defensa de sus propios valores e intereses, también amenazados por el totalitarismo que pretende imponer al mundo su proyecto hegemónico.

Y finalmente pedimos a nuestros amigos de la comunidad democrática internacional el ejercicio de presiones efectivas que obliguen a la dictadura a ingresar las vacunas necesarias para una masiva campaña contra el COVID -19, con la participación de los organismos nacionales e internacionales competentes y al margen de motivaciones políticas.