El país que deambula

Toda nación cuyo edificio asoma bien construido ofrece dos planos. La cercanía y la perspectiva. La inmediatez y el futuro. La necesidad de atender la coyuntura. También la conveniencia de marcar un trazo en el horizonte. La ingeniería, en ese sentido, no parece haber ofrecido su mejor versión a la Argentina. Aquí siempre prevalece lo urgente. El esfuerzo enfocado a sofocar el fuego. Sin regalarse, por lo menos desde mediados del siglo pasado, un tiempo para algún quehacer esperanzador.

Alberto Fernández ha puesto en marcha los motores de una frenética actividad exterior. Cuyo objetivo medular apunta a la renegociación de la deuda. Estuvo la semana pasada en Israel. Le espera el papa Francisco en el Vaticano. Además, visitas a Francia, España e Italia. Se trata de una agenda que, bien observada, guarda pocos puntos de contacto con la herencia que Cristina Fernández le dejó a Mauricio Macri. En ese momento Buenos Aires integraba un eje imaginario sólo junto a Caracas, La Habana y Teherán. Israel no existía en el radar por esos motivos y otros más infaustos: la voladura de la AMIA con 85 muertos, la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, la tragedia del fiscal Alberto Nisman.

De allí, que dos detalles no hayan pasado inadvertidos. Desde el cristinismo espolearon el rumor de que la vicepresidenta jugó un papel determinante para convencer a Alberto sobre la utilidad de la excursión a Jerusalén. El Presidente estuvo siempre seguro de lo que hacía. Lo planificó con el canciller Felipe Solá. Aquel propósito cristinista exhibió un segundo acto. La ex presidenta se hizo filmar en el Instituto Patria firmando el libro que la posesionó como titular del Poder Ejecutivo hasta ayer. Un gesto sin antecedentes en 32 años de democracia. Una sobreactuación. ¿Un desafío?

Alberto debe encarar la renegociación de la deuda para saber cómo continuar. Por ahora ha sabido construir una ficción que la sociedad recibe con alivio. Ancló el tipo de dólar, trabó la puerta giratoria –su metáfora preferida– que no permite salir ni entrar divisas. Congeló todo. Se trata de la exhibición de una ineludible precariedad.

El Presidente no desea meter a la Argentina en su quinto default (o séptimo, según sea el rigor con que se analice la historia económica) aunque tal deseo se opaque con la tensión que Axel Kicillof desparrama en Buenos Aires por US$ 250 millones que busca renegociar. El Gobierno asoma en un punto de partida en el cual estuvieron otros antecesores. Sólo durante este siglo figuran los casos del 2001 y del 2014. Hubo una parte de la deuda de la gran crisis que no se pagó por años. En 2014 Cristina realizó dos canjes pero nunca acordó con los fondos buitres que tenían títulos en default desde el 2001. Con ellos armó una formidable campaña política. El país normalizó la situación del 100% de su deuda recién en 2016, con el gobierno de Macri. El mismo que a partir del 2017 generó el enorme endeudamiento actual.

Ese cuadro describe una triste realidad. El mal abordaje del frente externo impidió a la Argentina pensar en un salto de calidad. En algún cambio estratégico. Con seguridad, la ocasión más auspiciosa estuvo en manos de Néstor Kirchner. Por la ayuda del contexto internacional y la fabulosa capitalización del Estado a través del precio de los commodities. Las desmedidas ambiciones político-personales y su fallecimiento repentino terminaron echando todo por la borda.

Quizás el apremio por circunstancias similares esté induciendo al Gobierno a cometer errores inquietantes. A no poder divisar el bosque detrás de un árbol que lo tapa casi todo. Un ejemplo es lo que sucede con la política energética y, en especial, con Vaca Muerta. Aquí no podrían rastrearse rivalidades políticas. La exploración del yacimiento no convencional de hidrocarburos arrancó con Cristina. Con aquel controvertido acuerdo que YPF rubricó con la estadounidense Chevrón. Macri multiplicó los esfuerzos. Incluso logró una histórica coincidencia con los gremios del sector sobre convenios laborales. Que facilitaron inversiones. Hace días el Presidente, en declaraciones periodísticas, sostuvo que aquella formación hidrocarburífera está “sobreestimada”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas​, debió relativizar los dichos. Aunque no logró disipar el estupor de los inversores. El Gobierno decidió apurar, entonces, la redacción de la Ley de Vaca Muerta que enviaría al Congreso en las sesiones de febrero. Pero ni las provincias involucradas ni las empresas interesadas conocen hasta ahora de qué se trata.

Guillermo Nielsen, el titular de YPF, está mientras tanto obligado a realizar malabares. Sobrelleva el congelamiento tarifario y de los combustibles que derivará en menor producción de petróleo y gas. Comparte el poder de una empresa parcelada con La Cámpora y el massismo. Debe eludir a la Secretaría de Energía, convertida en campo de batalla por miserias políticas.

El vínculo con su titular, Sergio Enzo Lanziani, no es sencillo. Se trata de un experto en energía. No precisamente de hidrocarburos. Su fuerte son las hidroeléctricas y la nuclear. Llegó desde Misiones al Gabinete. Es parte de la compensación política que Alberto dispensó a los gobernadores para asentar su plataforma de poder interno en el Frente de Todos.

Lanziani, de cuna radical, fue en 2011 candidato a intendente de Posadas. Hizo su campaña con una bandera llamativa. La confección de un mate cocido con leche como herramienta para combatir la mala alimentación. Que podía servirse igual que un café expreso. No le fue bien. Aunque más adelante se convirtió en ministro de la provincia.

En poco más de un mes su área sufrió dos deserciones. Máximo Galli ni siquiera llegó a asumir como subsecretario. En los últimos días partió Federico Martelli. Colocado en la Jefatura de Gabinete de la Secretaría por el propio Alberto. Fue su precandidato en las primarias de Frente de Todos para la Intendencia de La Plata. Quedó detrás de Victoria Tolosa Paz – pareja de José Albistur y ahora a cargo del Consejo Federal de Políticas Sociales- y la ultra K Florencia Saintout, derrotada al final por el macrista Julio Garro. La interna dejó cicatrices reflejadas increíblemente en esta mini crisis.

Los desajustes reconocen otros campos. El Gobierno dejó sin efecto la Ley de Economía del Conocimiento. Una propuesta de futuro que tampoco reconocería rivalidad partidaria. La ley de Software, como punto de partida, fue sancionada en 2005 por el kirchnerismo. Venció el 31 de diciembre. Pero entró en vigencia la norma sancionada en mayo del 2019 por unanimidad en el Congreso. La idea consistía en promover más de 200 mil puestos de trabajo y un flujo de capital de US$ 15 mil millones. Durante el año pasado las exportaciones del sector treparon a US$ 6 mil millones. Aporte valioso para una nación que sufre la crónica sequía de dólares.

La suspensión de aquella norma sorprendió a las empresas del sector. Quizás el único encantando haya sido Juan Grabois, enfrentado desde su pensamiento demorado con los avances tecnológicos. La decisión, igual que las vacilaciones del área energética, pareció una pésima señal para los inversores. Tanto que obligó a una enmienda: Kulfas sostuvo que sólo se le harán retoques y retomará en breve la vigencia. La impresión dominante sería que tales decisiones no se llegan a calibrar bien. Se pierde la dimensión de su significado.

Estas son algunas de las cuestiones que transforman a la Argentina en un país que con constancia deambula por el mundo. Sin norte definido. Con rebotes simbólicos en áreas muy sensibles. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic parece solo dedicada a derogar los protocolos de Patricia Bullrich. Su par en Buenos Aires, Sergio Berni, salió de apuro a la escena por la tragedia del joven asesinado en Villa Gesell. Hace días propuso la legalización de las drogas para intentar terminar con el flagelo. La simple adicción al alcohol y el descontrol lo hicieron estrellar contra la realidad. Desairaron sus teorías de avanzada. Hay asuntos demasiado básicos que siguen dañando a la sociedad. Sin ninguna respuesta de los gobernantes. Los que pasaron y los que están.

Aquel paisaje estimula todas las dudas. También las que rodean la reforma judicial en ciernes. Es difícil no aceptar la necesidad de tal reforma. El dilema reside en conocer cuánto tendrá de genuina. Y cuánto para permitirle a Cristina y su familia zafar de las causas de corrupción. Existe un dato objetivo: la vice ha colocado a hombres propios en lugares estratégicos de la Justicia y los organismos del control e inteligencia. Sin pudores. El reciente: como Inspector General de Justicia (IGJ) apareció Ricardo Nissen. El apoderado de Máximo y Florencia Kirchner en la causa Hotesur. Con sospechas de lavado de dinero.

Los presos K también reclaman beneficios. Hubo respaldos para ellos de Hebe Bonafini, Oscar Parrilli, Ricardo Forster, Raúl Zaffaroni. Cristinismo puro. Ninguno de esos pronunciamientos hizo más ruido que el de Eduardo De Pedro​, el ministro del Interior. Habló de presos políticos. A contramano de lo que acostumbra a explicar el Presidente. En su último tuit mencionó expresamente el caso de Milagro Sala.

De Pedro estaría tramando un viaje a Jujuy para visitar a la ex piquetera detenida. Hace días la Justicia ratificó su condena a 13 años de prisión. Gerardo Morales, el gobernador, advierte subterráneamente que se trataría de un escándalo. Con derivaciones quizás imprevisibles. Tanta confusión no representaría una buena compañía para Alberto.