Elecciones colombianas en peligro
Foto: El Espectador
Existen claras posibilidades de que Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, se arme con la presidencia de Colombia. Verlo de otra manera equivale a cerrar los ojos sobre una realidad palmaria.
El político cuenta con un porcentaje sustantivo de apego popular, su principal benefactor, el presidente de Colombia, ha estado usando los recursos con que cuenta para inclinar la balanza a su favor y lo hace con entusiasmo y sin ambages, los dineros del Estado están siendo utilizados en la campaña electoral, los alzados en armas se han dedicado a desordenar más el país y a generar un clima de violencia y de inestabilidad dentro del cual, en las áreas geográficas que controlan, acudir a votar es un riesgo, y por último, estos y otros grupos irregulares pueden activarse para impedir el voto de quienes saben o intuyen que no les son afectos.
En este punto es necesario aclarar que no es necesario que exista afinidad ideológica absoluta entre los irregulares -guerrilleros o no- y un gobierno de izquierda. A los grupos armados les conviene un Estado débil o uno negociador. Para favorecer y garantizar su existencia necesitan baja presión militar y rechazan estrategias de seguridad agresiva. Un gobierno de derecha con política de seguridad dura, ofensiva militar, cooperación estrecha con Estados Unidos y una decidida política de recuperación territorial es una amenaza para sus intereses económicos y de control de seguridad regional. Asi es como no pueden mirar las elecciones con indiferencia.
Muchos analistas describen la situación preelectoral de los vecinos como una “balcanización criminal” del territorio colombiano. La realidad es que Colombia ya no es un territorio guerrillero continuo como llegó a ser en los años noventa, pero hay una presencia determinante en 16 de los 32 departamentos del país y en cientos de municipios. La influencia es muy incisiva en Urabá, Caribe, Bajo Cauca y Pacífico. Los organismos especializados están de acuerdo en que hay entre 15 a 20 departamentos, especialmente rurales y fronterizos, en los que el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, en los que existen los mayores niveles de control del territorio o incluso cogobierno criminal. Informes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Federación Nacional de Departamentos y medios especializados indican que estos grupos tienen presencia armada significativa en entre 25 a 30 de estas entidades territoriales.
Esta presencia armada determina una relevante influencia criminal, control de economías ilegales, y un manejo más o menos efectivo del territorio que se expresa en la imposición de normas, manejo de la movilidad de la población civil, extorsión e incluso una justicia paralela. En un contexto en el que la movilidad depende de grupos armados, las economías locales dependen de la coca, la minería ilegal o el contrabando, los alcaldes y líderes sociales viven bajo amenaza y los grupos armados regulan horarios, circulación y resolución de conflictos, el voto deja de ser un ejercicio libre.
La “influencia electoral” es un fenómeno distinto y mucho más sofisticado que el fraude, pero igualmente efectivo. Los grupos armados pueden influir sin necesidad de alterar físicamente urnas a través de la intimidación silenciosa, amenazas implícitas, control del transporte, restricciones de campaña, veto territorial a ciertos candidatos, financiamiento indirecto y captura de liderazgos comunitarios. Todo ello altera el terreno democrático y, visto desde ese punto de vista, los comicios presidenciales colombianos, previstos para dentro de pocos días, no serán elecciones libres.
En definitiva, la expansión territorial de actores armados ilegales introduce distorsiones estructurales sobre la libertad política y electoral en zonas muy amplias del país. De allí que la principal amenaza para la democracia colombiana ya no es solamente la alteración del conteo electoral- lo que además podría ocurrir-, sino la progresiva sustitución de la autoridad republicana por poderes armados regionales capaces de condicionar silenciosamente la conducta política de millones de ciudadanos.
