España: Los escenarios de la amnistía

-No hay duda, la situación política española es diabólica y el futuro incierto. Todo va a depender de las decisiones que se tomen en la próxima primavera.
-Quienes han puesto en marcha la Amnistía, tendrán que pensarse muy bien hasta donde están dispuestos a llegar y medir mejor las eventuales consecuencias.
-Estamos ante un golpe blando, a través del fraude a la Constitución española.

Escenario Número 1:

La ley transita exitosamente su curso en el poder Legislativo y es presentada al Rey para su sanción. SM, en ejercicio de las funciones que le otorga la Constitución y actuando conforme a sus principios y valores, se niega a sancionarla fundado en que dicha Amnístía no tiene base constitucional y se trata de un indulto general encubierto, que está expresa y taxativamente prohibido en el artículo 62. i de la Carta Magna. En esta decisión, el Monarca contaría con el respaldo de una gran mayoría de la población española, que rechaza el ataque al principio de igualdad de los españoles ante la ley.

La Teoría de la Vinculación negativa de la administración a la legalidad, la condiciona a hacer sólo lo que le permite la ley, y obviamente, con mayor razón, proscribe actuar a favor de lo que la propia ley prohíbe.

No podemos olvidar que el Rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado español, por ordenarlo expresamente así la Constitución, lo que le recomienda abstenerse de tomar decisiones que puedan conspirar contra el principio de separación de poderes, la igualdad de los españoles ante la ley, la autonomía del Poder Judicial, y especialmente, contra la integridad del territorio español, pues es manifiesto y público, que el propósito secesionista de quienes resultan beneficiados por dicha ley, sigue en pie.

Además, es que en la preparación y redacción de esta ley han intervenido quienes se beneficiarán de ella, entre estos, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, quien ha chantajeado la llegada a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, con el otorgamiento de su apoyo de los 7 votos indispensables para su investidura, a cambio de la aprobación de dicho instrumento legal.

Si a ello se agrega que, la aprobación de la ley de Amnistía (indulto general encubierto), va unida a un beneficio presupuestario, que ronda los 15.000 millones de euros, la contraprestación económica o pago por los 7 votos recibidos, está perfectamente definido para sustentar una querella ante cualquier órgano jurisdiccional que resulte competente.

La Constitución española es muy clara al prohibir los indultos generales encubiertos, independientemente de cómo se les quiera llamar, por ello los miembros del Congreso que presentaron ante la Mesa la proposición de ley, no escaparán de las responsabilidades inherentes a tal conducta, pues es obvio que han facilitado una parte de los elementos del fraude, la contraprestación exigida por el prófugo de la justicia, con lo que todo ello implica.

Como la prohibición de dictar indultos generales la impone la Constitución al poder Legislativo, quienes hayan votado favorablemente la iniciativa en el Parlamento podrían ser considerados cómplices necesarios del fraude a la Constitución, o cuanto menos incursos en el delito de prevaricación.

Todo ello puede conducir a que los secesionistas le quiten el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez, lo que daría lugar a una moción de censura que lo pondría fuera de la Moncloa, junto a su gobierno.

El fraude continuado puesto en marcha podría dar lugar a querellas por fraude de ley contra los cabecillas de esta trama, fraude cuyo motivo entraña una máxima gravedad, porque persigue la destrucción del Estado de Derecho, el fin de la separación de poderes, la secesión del territorio español y el fin de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Escenario Número 2:

Dentro de los mismos parámetros del primer Escenario, con el Rey rechazando sancionar la ley, entre los diferentes intereses que están en juego para promover el indulto general de los golpistas del 2017, se detecta que hay implicación de terceros Estados, interesados en romper la unidad de España, su seguridad y su paz.

Esta hipótesis no debe considerarse remota, pues ya ha habido contactos de los secesionistas con actores foráneos, que en algún momento han asomado su interés en la fractura del territorio español. También debemos tener presente que en la actual composición de la alianza que gobierna España, existen factores políticos provenientes del castrocomunismo venezolano -apuesta del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero- que son manifiestamente enemigos de España, su Monarquía e institucionalidad, que han sido apoyados con ingentes cantidades de dinero y recursos, y que pretenden la balcanización de su territorio.

Si esto se llega a comprobar, el futuro de los que se han apuntado en esta aventura es bastante más delicado, pues el delito de traición a la patria se colocaría sobre sus cabezas como una Espada de Damocles. Su camino sería entonces el establecido en el artículo 102 de la Constitución, que pasa por el Tribunal Supremo, sin opción a derecho de gracia alguno, derecho que como lo reconoce dicha norma, es una prerrogativa Real.

Escenario Número 3:

También el Rey puede decidir esperar a la respuesta del Tribunal Constitucional a los recursos de insconstitucionalidad que se presenten contra la ley de Amnistía.

Pero sabemos que Pedro Sánchez se ha encargado de cooptar los cargos de magistrados de dicho Tribunal, incluido el Presidente, al punto de que ahora mismo cuenta con una mayoría de 7 de los 11 magistrados que actualmente la componen. Ni aún incorporando al que falta para llegar a los 12 que la integran, se evitaría una decisión que bendiga constitucionalmente la Amnistía.

Ante la evidente maniobra de Sánchez, que pretende ir contra el Estado de Derecho, la Constitución y sus instituciones, podrá SM apelar a otra solución que le impone la propia Constitución española.

Siendo el derecho de gracia una prerrogativa suya actuando conforme a la ley, y que la Constitución le otorga la condición de árbitro y moderador del funcionamiento institucional del Estado español, pudiera perfecta y discrecionalmente, pedir que la sanción de dicha ley quede sometida a referéndum de todo el pueblo español, como con acierto lo ha sugerido un conocido exMagistrado del Tribunal Supremo.

La condición de árbitro de la vida política de los españoles, obliga a SM a tomar discrecionalmente decisiones que eviten el ataque contra las instituciones fundamentales del Estado, entre las que se encuentra la propia Monarquía. Pero igualmente, comporta impedir el enfrentamiento entre los Poderes Públicos, cuya intensidad, como estamos viendo, amenaza seriamente su estabilidad, pues los ataques entre unos y otros, de prolongarse, va a arrojar situaciones insuperables para la permanencia del Estado y la paz de su pueblo.

Por tal motivo, mal se le podría negar a SM, el derecho que tiene a buscar una solución democrática a un conflicto institucional, que amenaza con que el Poder Legislativo, a través de una ley anticonstitucional y gestada como consecuencia de un fraude evidente, pueda vaciar de funciones al Poder Judicial, que cumplió con su deber al perseguir, procesar y sancionar, a quienes fueron responsables del intento golpista y secesionista del 1º de octubre de 2017.

Esta potestad arbitral, está estrechamente conectada con las otras obligaciones de SM como símbolo de la unidad y permanencia del Estado español, por lo que el árbitro puede perfectamente tomar las decisiones que mejor considere convenientes.

Escenario Número 4:

El Rey omite las anteriores consideraciones, sanciona y promulga la Ley de Amnistía y los beneficiados por ella comienzan a preparar, en coordinación con el gobierno de Pedro Sánchez, el referéndum de autodeterminación, limitándolo a una consulta sólo y únicamente a los catalanes. Al mismo tiempo, como ya lo han manifestado, los independentistas vascos se ponen en marcha, aprovechando esta legislatura y el apoyo de los factores que componen la alianza de gobierno, para promover un referéndum de autodeterminación similar sobre el llamado País Vasco.

El paso siguiente lo darían los socios republicanos de Sánchez, quienes encontrando propicia la coyuntura, ponderarían el aprovechar la coyuntura para someter a la opinión del pueblo español, la posibilidad de poner fin a la Monarquía como forma de Estado, buscando paso a su anhelada III República, con Pedro Sánchez como uno de los presidenciables.

Así se pondría fin a los últimos 45 años de prosperidad en la vida de los españoles, y como ocurrió en Venezuela, se perdería todo lo que se ha avanzado en términos de desarrollo, democracia, libertad y paz. De nuevo los contingentes de españoles desterrados inundarán los países vecinos, y los de otros continentes.

Escenario Número 5:

El Rey sanciona y promulga la ley de Amnistía. Se tramitan recursos de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), por cuestiones de prejudicialidad, en tanto se espera por el pronunciamiento de la Comisión de Venecia del TJUE, sobre la consulta acerca de la Amnistía, cuyos resultados no son vinculantes.

La Unión Europea tendrá que revisar exhaustivamente el proceso por el riesgo de contagio que implica dar curso a algo que contraría los fundamentos del Tratado de la Unión, pero su respuesta llevará tiempo antes de producir resultados.

En este interim, Carles Puigdemont vuelve a España. El clima de crispación acompañará la legislatura hasta el fin, con los independentistas catalanes y vascos poniendo en marcha toda la estrategia antiespañola y antimonárquica que los inspira.

Esto es compatible con lo que hemos señalado en el escenario anterior, en cuanto al deterioro de la vida social, económica y política del pueblo español, la independencia de Cataluña y el País Vasco, y el fin de la Monarquía española.

Madrid, enero 2024

William Cárdenas Rubio
CONSULTORES CÁRDENAS